Prisionero de Pennsylvania combate prisiones tóxicas

Este es el texto ligeramente editado de un discurso pronunciado para la Conferencia Nacional de Convergencia 2017 por la Lucha contra las Prisiones Tóxicas, celebrada el 3 de junio en Denton/Ft. Worth, Texas. Los comentarios de Arroyo fueron grabados para la ocasión por Prison Radio.

Hola ecologistas, bioneros, protectores de los bosques tropicales, opositores de OGM, innovadores de Green Tech, líderes indígenas y activistas de justicia social y ambiental reunidas/os hoy aquí. Quiero agradecerles su magnánima invitación a unirse a todos los “reguladores ambientales” en esta conferencia sin precedentes.

El medio ambiente incluye todo lo que rodea a un individuo: el aire que uno respira, el agua que bebemos y el lugar en el que vivimos. Como tal, el medio ambiente sirve como un factor de protección y promueve el bienestar general físico, mental y espiritual. …

Es por eso que estamos aquí para luchar deliberadamente contra prisiones tóxicas en apoyo de quienes están dentro de la Nación de Prisioneros. Creo que es importante que se oigan las voces de todas/os los que son directa o indirectamente afectados por la construcción de este proyecto masivo de $444 millones, el plan propuesto por la Oficina Federal de Prisiones (OFP) para construir su instalación sobre una mina de carbón tóxico en el condado de Letcher, Kentucky.

Me gustaría comenzar citando las palabras de Margaret Mead: “Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, es lo único que alguna vez lo ha hecho”.

Muchos estados ya han aprendido una lección dolorosa en su trato con proyectos como el propuesto por la OFP. Y esto se debe a que en cada uno de esos casos, las consecuencias trágicas de permitir que proyectos similares funcionaran en esas comunidades no se hubieran podido apreciar plenamente hasta que fue demasiado tarde para detener la devastación tanto a vidas humanas como al medio ambiente.

De hecho, con demasiada frecuencia, el problema es que las personas en esas comunidades no están conscientes de que las compañías tienen un conjunto específico de criterios para dirigirse a su próxima comunidad de víctimas, es decir, comunidades con altas tasas de desempleo donde la gente tiene problemas financieros. Y una vez que estos factores están en juego, obtuvieron lo que necesitaban para poner su pie en la puerta.

Lamentablemente, incluso cuando algunos puedan sentirse temerosos de las potenciales malas consecuencias de tener estos proyectos en sus comunidades, esas preocupaciones reales compiten con el temor de un futuro financiero incierto para ellas/os y sus familias. Es aquí cuando comienza la danza de seducción por parte de estas corporaciones gigantes y la OFP.

Primero, vienen a la comunidad a ofrecer un futuro brillante para aquellos que apoyan los planes de la OFP prometiendo trabajos bien pagados. Después, para acabar con las preocupaciones reales sobre la salud personal y el daño ambiental del sitio tóxico, traen a sus presuntos expertos en sus costosos trajes con un aire de respetabilidad, pretendiendo ser pilares de la sociedad, cuando no son más que entes contratados que entran en una comunidad confiada hablando la última jerga científica que suena impresionante. Con la habilidad de un diestro mago, completan el engaño iniciado por los ejecutivos de la compañía.

El trágico éxito de este engaño se refleja en la disposición con que los ciudadanos que pagan impuestos reciben voluntariamente a estos terroristas ambientales corporativos en sus comunidades, sólo para arrepentirse más tarde cuando la vida de sus ciudadanos que pagan impuestos es devastada por un ambiente inhabitable y sus cuerpos quedan plagados de enfermedades terminales.

Uno de los ejemplos más contundentes que tenemos de que este proyecto se está proponiendo sin tener en cuenta las consecuencias para la justicia ambiental, la calidad del agua, los derechos de los reclusos, las especies en peligro de extinción y la falta de evaluación de alternativas al encarcelamiento, pueden encontrarse en la declaración sobre el impacto ambiental [sitio Letcher]. Ahí es donde la OFP dice que han “determinado que no hay nueva información relevante a las preocupaciones ambientales y cambios apreciables a un impacto potencial como resultado de las modificaciones al sitio de Roxana”. (Tinyurl.com/ycpp774f)

Está muy claro en esa parte de la declaración, que la OFP no tiene la menor idea de qué impacto perjudicial tendría en la vida humana y el medio ambiente la construcción de esta instalación federal encima de un sitio minero tóxico que cuesta a los contribuyentes $444 millones del presupuesto federal.

En luz de esta revelación, tenemos que preguntar, ¿puede alguien ver la locura en esto? De hecho, a la OFP no le importa hacer experimentos para recolectar datos en los que cerca de varios miles de presos federales, oficiales de correcciones federales, personal civil y el resto de la población de la comunidad del sitio de Roxana se reducirían al estado de conejillos de indias. De hecho – ratas de laboratorio.

En conclusión, hay dos razones para hacer algo: una buena razón, [y] también la razón real. ¿Hay alguna viabilidad económica para desperdiciar los $444 millones de los contribuyentes en una prisión federal que eventualmente promoverá la enfermedad y el cáncer, causando enfermedades tanto a los prisioneros federales como a los funcionarios civiles?

Combata la OFP y evite que construyan en un sitio de minas tóxicas en Roxana. La lealtad mutua es nuestro sistema de apoyo. Ese es nuestro contrato. ¡Protestar! ¡Luchar, luchar, luchar!

Bryant Arroyo © 2017

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Bryant Arroyo
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