Acercándose a las aspiraciones de paz del pueblo colombiano

El pasado miércoles 6 de noviembre se publicó la declaración conjunta del gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC-EP respecto al acuerdo al que llegaron sobre el segundo punto de la agenda de las Negociaciones de Paz que se han estado llevando a cabo en La Habana, Cuba. El punto en cuestión es la “Participación política”.

La declaración comienza enumerando los tres temas centrales del consenso: “1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación. 2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas”. Y por último “3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad”. (pazfarc-ep.org, comunicado-conjunto 27, el 6 de noviembre)

Este acuerdo no solo es crucial para Colombia, sino para toda la región, pues sentaría las bases para una democracia participativa que impulsaría el liderazgo de las masas más oprimidas y excluidas de Colombia. Y podría cambiar el país de ser una amenaza (el Israel latinoamericano) regional, a un país verdaderamente soberano y democrático que se integre a los pueblos progresistas. No es como muchas personas piensan, un mero paso a la participación electoral de la insurgencia y posiciones en el Congreso del país.

Así lo explica el comandante Iván Márquez, vocero de las FARC, al leer la declaración de esta organización sobre el acuerdo tomado. “Que se abran las puertas de la verdadera democracia” es el título. Destaca el motor innegable del proceso de las negociaciones: la gran movilización popular de los últimos meses. “Todas las iniciativas presentadas por las FARC en la mesa de conversaciones de La Habana, que hemos denominado 100 propuestas mínimas para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, han sido inspiradas en las reivindicaciones y propuestas de las organizaciones sociales y políticas del país, surgidas de los respectivos foros temáticos, y la fuerza de nuestra palabra ha estado en la valerosa movilización de un pueblo, que sin temerle a la represión y a la criminalización, ha levantado sus banderas para exigir los cambios estructurales que se requieren para la fundamentación de la paz”.

¿Cómo se podría lograr esto? Márquez continúa leyendo: “uno de los más importantes logros [es] el compromiso de convocar sin más demoras a los partidos y voceros de las organizaciones sociales a que elaboren los lineamientos para que por fin tengamos un estatuto para la oposición política, y por otro lado, establezcan en eventos democráticos de orden nacional, los fundamentos para que surja una normatización que dé verdadero reconocimiento, con garantías, a la existencia y a los derechos del movimiento social”.

A la vez que insiste en el papel esencial del pueblo: “No obstante falta mucho por andar, y es solamente con los pies y la determinación de la gente en las calles, del soberano proponiendo y decidiendo, que será posible la expansión de la democracia como presupuesto de reconciliación, y que lo que hasta ahora son solamente anhelos y compromisos se conviertan en realidad”.

Pero por otro lado, Márquez enfatiza la necesidad de esclarecer y exponer los orígenes del conflicto armado y el papel del Estado. Recuerda y advierte la terrible y cruel experiencia de la Unión Patriótica comenzando en los años 80 cuando luego de las conversaciones de paz de la insurgencia con el gobierno del presidente Belisario Betancur, se estableció un partido con fines electorales y sus miembros, (más de 4,000 muertes hasta la fecha) fueron sistemáticamente asesinados/as por paramilitares y las fuerzas de represión del Estado.

Así el vocero de la insurgencia recalca que “La conquista de la paz depende mucho de estos planteamientos; pero, al lado del avance de las conversaciones, hay otros asuntos sin la solución de los cuales, se hace lenta la marcha: El éxito de la paz depende de la terminación de la corrupción, de ponerle punto final a la interferencia de las mafias que de una u otra forma han capturado al Estado, en todos los órganos: ejecutivo, legislativo y judicial”.

Y lo hace responsable: “Dentro de las responsabilidades del Estado está la de haber dejado podrir la justicia, pues la corrupción generalizada que nació hace años en el ejecutivo (contratos y comisiones en todas las esferas), contagió la justicia por aquello de la puerta giratoria, (donde salen los mismos por la misma puerta, y entran los mismos para hacer lo mismo), igual que en el Congreso. Los congresistas investigados y en la cárcel siempre representaron a los partidos y al régimen”.

Perspectivas diferentes

Si bien el gobierno y las FARC han firmado un acuerdo al cual han llegado por consenso, sus perspectivas son muy diferentes. La insurgencia aboga porque sea el pueblo quien opine y dirija, sobre todo quienes más han sufrido y a quienes les ha sido negado la participación política en las cuestiones que más les impacta; pero el gobierno piensa de otro modo.

Humberto de la Calle, el principal representante del gobierno en las negociaciones, en un artículo que escribió para el periódico El Tiempo el 9 de noviembre, titulado “Gobierno explica el acuerdo sobre participación política de las Farc”, se refirió al pueblo no como soberano, sino como un ente al que hay que “reconocer y regular el papel de estos movimientos, su interlocución con los gobernantes y la instauración de mecanismos que atiendan en forma oportuna las manifestaciones del derecho a la protesta pacífica. A los movimientos que logren una determinada envergadura y que deseen ingresar a la política se les tendería un puente para facilitar ese tránsito. De igual modo, se establecen mecanismos para la discusión democrática con esos movimientos una vez firmado el Acuerdo Final”.

Y sobre la guerrilla, insiste en “Una condición esencial para la puesta en marcha de estas iniciativas es la desmovilización de la guerrilla”.

Sin embargo, De la Calle admitió que “Se reconoce la irrupción de los movimientos sociales. Es un fenómeno mundial inédito hasta hace poco”.

Peligros que se ciernen

Si bien es un acuerdo histórico y extre­mada­mente positivo, hay varios peligros nacionales e internacionales que se ciernen sobre el pueblo colombiano en busca de paz y justicia social. Aparte de la falta de acceso a los medios, la solución de lo cual está incluido en el acuerdo, está el hecho de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Hace ya un año que empezaron las conversaciones, y no se sabe cuándo terminarán. Mientras tanto, sigue la represión contra el pueblo y la impunidad para las fuerzas represoras del gobierno.

Los movimientos sociales y sindicales, que no tienen nada que ver con la insurgencia armada, siguen siendo amenazados y asesinados por paramilitares o fuerzas armadas del gobierno en beneficio de corporaciones transnacionales. El 2 de noviembre fue asesinado César García, un líder en Tolima de la resistencia contra la explotación aurífera por la transnacional Anglo Gold Ashanti. Y el 9 de noviembre, Oscar López Triviño, trabajador de Nestlé, fue acribillado a balazos en Bugalagrande luego de que horas antes su sindicato recibiera una amenaza de paramilitares para que no organizaran en contra de Nestlé. El sindicato había comenzado una huelga de hambre días atrás porque Nestlé rehúsa dialogar con los trabajadores.

Aparte de las presiones a nivel nacional de la ultraderecha representada por el ex presidente Álvaro Uribe, están las transnacionales que siguen siendo las beneficiarias del gobierno mientras le roban los territorios al pueblo, el hecho de la colaboración militar de Colombia con la OTAN e Israel, las bases militares de los EE.UU. y sobre todo, las órdenes de éste último al gobierno colombiano.

Próxima etapa, crucial el papel de EE.UU.

El próximo punto a discutirse en las negociaciones, será el de “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Este tema por necesidad va a incluir más explícitamente a los EE.UU. Como resume Alfredo Molano, reportero de El Espectador, “tendrá activa participación el gobierno de Estados Unidos. A partir de ahora su apoyo al proceso de paz es decisivo”. Mencionando el problema de narcotráfico, los procesos de extradición a ese país y a Simón Trinidad, preso en EE.UU. y requerido por las FARC como parte de los negociadores en La Habana.

Es interesante que el próximo 3 de diciembre esté pautada una reunión entre Santos y Barack Obama.

Es ahora cuando se requerirá más participación activa de los movimientos de solidaridad en EE.UU. Como dijo en una entrevista el comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista –”Nosotros defendemos la tesis de que hoy es imposible la lucha en solitario de un solo pueblo y una sola sociedad porque sus enemigos están dentro y fuera de las fronteras. Asimismo los amigos y compañeros de lucha de los pueblos y las sociedades están dentro y fuera de las fronteras, y con ellos hay que contar en el desarrollo de la lucha”. (justiciaypazcolombia.com, 9 de noviembre)

Mientras tanto, los/as colombianos/as en el exilio siguen con detalle y esperanza el proceso. Imelda Daza, desde Suecia, le escribió a la autora de este artículo: “Los colombianos en el exilio seguimos esperanzados el desarrollo de las negociaciones en La Habana. El fin del conflicto y las reformas que posteriormente se acometan deberán garantizar la convivencia, la tolerancia y la posibilidad de participar en política sin temor a más genocidios. El silencio de los fusiles no es suficiente. La paz es ante todo justicia social”.