Un estudio del Departamento de Justicia finalizado a principios de este año y presentado a la prensa se acaba de publicar en formato de libro de bolsillo. Bajo el título de “Informe de Ferguson”, este estudio de 173 páginas muestra claramente la negación sistemática de los derechos civiles fundamentales a las/os afroamericanos en el condado de St. Louis-Missouri.
La rebelión de masas y las manifestaciones de Ferguson colocaron la constante opresión nacional del pueblo afroamericano en su debido lugar: la cuestión principal que expone las contradicciones dentro del sistema capitalista de EUA en el siglo 21.
Utilizando las comunicaciones internas entre la policía y los tribunales, el estudio da unas razones de peso haciendo a las autoridades penalmente responsables por sus planes premeditados para explotar y controlar socialmente a las/os afroamericanos a través de detenciones injustificadas, multas y penas de cárcel excesivas.
En la introducción del informe, Theodore M. Shaw, Distinguido Profesor de Derecho y Director del Centro para los Derechos Civiles de la Universidad de Carolina del Norte – infirió que el Departamento de Justicia realizó el estudio para desentrañar el contexto político y económico de la evolución de las secuelas después del asesinato del joven de 18 años de edad, Michael Brown. A pesar de que el oficial de policía blanco Darren Wilson, quien mató a Brown, no fue acusado penalmente, dado el contexto general, el municipio de la ciudad de Ferguson es culpable por sus políticas ilegales de opresión nacional y racialmente discriminatorias realizadas a través de las interacciones diarias con sus residentes afroamericanas/os.
En relación a los derechos manifiestos que la Cuarta Enmienda da a las/os afroamericanos, de protegerlos de registros e incautaciones ilegales, el Informe Ferguson dice: “Al revisar los registros del Departamento de Policía de Ferguson, encontramos numerosos incidentes en los que – basados en la propia descripción del oficial operante – un oficial detuvo a un individuo sin una sospecha razonable de actividad delictiva o arrestó a una persona sin causa probable.
“En ninguno de estos casos el oficial explicó o justificó su conducta. Muchas de las detenciones ilegales que encontramos parecen haber sido impulsadas en parte por el deseo de un oficial para comprobar si el sujeto tenía pendiente una orden municipal de detención. Varios incidentes sugieren que los agentes están más preocupados por la emisión de citaciones y la generación de cargos que con atender las necesidades de la comunidad”.
En parte, las operaciones policiales agresivas contra afroamericanas/os en Ferguson y el condado de St. Louis surgen del deseo de cosechar beneficios económicos a través de multas excesivas que se refuerzan a menudo por un sistema judicial ya sesgado. A pesar de estas observaciones del Departamento de Justicia, no se presentaron cargos penales por violaciones de los derechos civiles. Por lo tanto, la situación seguirá siendo igual hasta que se desarrolle un movimiento revolucionario de masas que pueda desafiar efectivamente al sistema institucionalizado de racismo y opresión nacional.
¿Qué ha cambiado en el último año?
Este informe fue publicado en la víspera del primer aniversario del brutal asesinato de Michael Brown el 9 de agosto de 2014, que desencadenó manifestaciones masivas y rebeliones en Ferguson y revivió la lucha contra el racismo en EUA. Un pequeño suburbio de poco más de 20.000 personas, principalmente afroamericanas, Ferguson se convirtió en el centro de la lucha para dar reconocimiento al valor y la santidad de la vida del pueblo negro en EUA.
La Casa Blanca se vio obligada – de la boca para afuera – a mencionar los problemas de brutalidad policial y asesinatos arbitrarios a la luz de las protestas que involucraron a millones en todo el país y el mundo.
Editoriales de periódicos, incluso en países aliados de EUA, cuestionaron el compromiso de la clase gobernante estadounidense a decenas de millones de personas que se consideraban “ciudadanos”, pero que fueron tratadas como prisioneros de guerra a través de paradas arbitrarias, palizas, detenciones, lesiones y homicidios. Sin embargo, a pesar de esta presión política internacional, junto a la creciente inconformidad interna, no ha habido prácticamente ningún cambio en el sistema de represión y explotación.
Durante los primeros siete meses de 2015, se ha documentado que más de 500 personas han sido asesinadas por la policía. Muchas más han sido golpeadas, torturadas, arrojadas a cárceles y encarriladas a largas condenas de prisión a través de los tribunales.
El movimiento Vidas Negras Importan que surgió en 2013 y se amplió después de que Michael Brown fuera asesinado, es actualmente la expresión más dinámica de la lucha de Liberación Negra en la forma de la lucha contra la violencia policial y otras formas de terror racista.
Fiscales locales y grandes jurados en general se han negado a presentar cargos contra la policía que mata a las/os afroamericanos. Una excepción se produjo en Baltimore con respecto a la muerte de Freddie Grey el 19 de abril, donde se produjo una rebelión que tomó a los intereses económicos y sus políticos gobernantes por sorpresa. Seis policías de Baltimore fueron acusados con una variedad de cargos, incluyendo homicidio involuntario.
La muerte a tiros de Sam Dubose a manos de la policía de la Universidad de Cincinnati el 19 de julio dio lugar a una acusación de un policía. No había razón alguna para que Dubose fuera detenido. Esta parada llevó a su encuentro mortal con un policía blanco.
Sin embargo, la mayoría de los asesinatos de afroamericanos, latinos, indígenas, pobres y discapacitados a menudo quedan impunes. Estos actos flagrantes de terror se justifican por la criminalización de las víctimas a través de los grandes medios de comunicación y voceros policiales.
Juzgando por su limitada reacción, la administración del presidente Barack Obama, junto al Caucus Negro del Congreso, no consideran esta crisis como un asunto central. Los candidatos demócratas y republicanos a la carrera presidencial 2016 no han dado ningún indicio de que hay iniciativas políticas en sus planes para frenar, enjuiciar y encarcelar a la policía y los racistas por los múltiples asesinatos de afroamericanas/os y otras personas.
Al mismo tiempo, EUA mantiene la población carcelaria más alta per cápita en el mundo, donde las personas oprimidas y pobres constituyen casi todas/os las/os reclusos. Además, los presos políticos como Mumia Abu-Jamal, Sundiata Acoli, Leonard Peltier, Oscar López Rivera, las/os 9 de MOVE y muchas/os más todavía languidecen en mazmorras estadounidenses. A la luchadora por la libertad Assata Shakur, se le sigue negando amnistía y depende del asilo político otorgado por el gobierno revolucionario de Cuba.
En el estado de Michigan, el Rev. Edward Pinkney fue condenado a 30-120 meses de prisión en diciembre por falsos cargos relacionados con una exitosa campaña para la destitución del alcalde de Benton Harbor. El alcalde se percibe como un agente de la Whirlpool Corp., con sede en la región suroeste del estado. Pinkney está apelando su caso con el apoyo de miles a lo largo de Michigan y alrededor de EUA.
Necesario movimiento nacional para luchar contra racismo y capitalismo
Ferguson, Baltimore, Charleston, Carolina del Sur, y otras ciudades tipifican la difícil situación de las/os afroamericanos en la sociedad capitalista estadounidense del siglo 21. La reciente muerte de Sandra Bland, Kindra Chapman, Ralkina Jones y otras/os que han muerto mientras estaban detenidas/os, ponen al descubierto la hipocresía de la llamada “agenda de derechos humanos” de la administración Obama y los regímenes anteriores de EUA.
Sin embargo, hasta que no haya una organización revolucionaria de masas que pueda ayudar firmemente la lucha contra el racismo y la opresión de clase en su raíz, no puede haber una esperanza real para las masas afroamericanas y otras comunidades de color en EUA. La violencia contra las/os oprimidos se lleva a cabo en una miríada de formas, incluyendo la privación económica y la destrucción de la educación pública en ciudades y suburbios.
Un movimiento de masas encabezado por fuerzas organizadas y conscientes entre las/os trabajadores y oprimidas/os es el elemento que falta en el resurgimiento actual de la lucha popular. Esa organización podría luchar en el frente nacional e internacional.
La masacre de nueve afroamericanas/os en la Iglesia AME en Charleston-Carolina del Sur el 17 de junio, debe ser contestada con manifestaciones masivas y con consecuencias económicas para la clase capitalista. Tampoco las grandes tasas de desempleo y de pobreza que prevalecen entre las/os jóvenes oprimidos podrían escapar a la atención de los políticos y los intereses de la clase dominante que proporcionan la dirección de sus acciones, si hubiera cientos de miles de jóvenes y trabajadoras/es organizados preparados para enfrentar el sistema. Y tendrían que hacerlo de una manera que no se defina por los límites de los dos principales partidos políticos capitalistas.
El carácter represivo y explotador de EUA y el capitalismo mundial en su fase actual es un reflejo de su debilidad. El sistema está en declive, y un movimiento y una organización revolucionaria bien organizada podrían, con tácticas y estrategias adecuadas, severamente debilitar y derrocar a la clase dominante. Eso establecería las bases para la reconstrucción de EUA y el mundo para satisfacer las necesidades apremiantes de la gente.
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