Enfrentamiento en Oregón y el papel del Estado

Derechistas fuertemente armados han ocupado el Refugio Nacional Malheur de Vida Silvestre en las afueras de Burns-Oregón desde el 2 de enero, declarando que están dispuestos a “matar o morir”. Ammon Bundy y sus hermanos, líderes de la toma, están exigiendo al gobierno federal que entregue millones de acres de propiedad pública administrada por el gobierno federal a industrias ganaderas, madereras y mineras.

La respuesta a esta toma expone crudamente el papel del Estado capitalista como aparato represivo y como árbitro de los derechos de propiedad privada en la sociedad de clases.

Históricamente, el Estado funciona de forma contradictoria hacia las personas de diferentes clases y nacionalidades. La respuesta nunca se basa en la igualdad de derechos, justicia equitativa o igualdad de propiedad. Este doble rasero debe exponerse y ser desafiado.

Cliven Bundy e hijos son conocidos racistas y propietarios ricos de un rancho en Nevada y defensores armados de los derechos de los estados. Lideraron un enfrentamiento en 2014 contra la Oficina de Administración de Tierras, rehusando pagar más de $1 millón por pastorear su ganado en tierras públicas. Han pedido a sus partidarios armarse y unirse a la ocupación.

Algunos medios de comunicación corporativos han descrito a estos extremistas racistas como “milicia patriótica”, “luchadores de libertad”, “líderes de un ‘levantamiento populista'” e incluso como “manifestantes pacíficos”. Fox News, CNN y algunos programas radiales muestran simpatía hacia estas fuerzas y defienden su demanda por el control irrestricto de tierras públicas.

Hasta ahora, las autoridades locales y federales han tenido una política no intervencionista y no han impuesto ley marcial o llamado a la Guardia Nacional para poner fin a la ocupación armada.

La inacción en aplicar la ley en Oregón contrasta marcadamente con la masiva respuesta policial y la cobertura hostil de los medios corporativos del Movimiento Las Vidas Negras Importan (BLM por las siglas en inglés). Después del asesinato policial de Michael Brown, el joven afroamericano de 18 años el 9 de agosto del 2014 en Ferguson-Misuri, las protestas de las/os residentes afroamericanos de la ciudad, las/os miembros de BLM y sus aliadas/os exigieron ¡”Justicia para Mike Brown”!

¿Cómo respondió el Estado? Se declaró ley marcial y se llamó a la Guardia Nacional. Equipo militar y vehículos blindados se posicionaron frente a desarmadas/os manifestantes pacíficos; rifles de alta tecnología les apuntaban.

En Baltimore, Chicago y otras ciudades, el valiente movimiento BLM ha enfrentado represión policial que amenazaba a las/os manifestantes con tanques, helicópteros, drones y otras armas, y agresivamente arrestaban. Esto es en respuesta a demandas básicas de justicia y fin de asesinatos policiales.

Días después de que la policía fue exonerada por haber matado al niño negro Tamir Rice, de 12 años, quien jugaba con una pistola de juguete en Cleveland, milicias blancas armadas apuntaban con sus armas reales a funcionarios federales en Oregón. La policía mata rutinariamente a jóvenes negros con celulares en las manos, armas de juguete o con nada en absoluto.

El Estado capitalista no reconoce el derecho de los pueblos oprimidos a defenderse, incluso en sus propios hogares. Cuando la familia MOVE, partidarios de John África, trató de hacerlo en Filadelfia en 1985, la policía bombardeó su casa y 65 más en su comunidad; 11 personas murieron, incluyendo cinco niños. Basado en otro ataque policial, nueve miembros de MOVE cumplen penas de prisión de 100 años solo por hacer valer su derecho a la legítima autodefensa.

Cuando la Nación Lakota Oglala y el Movimiento Indio Americano realizaron un campamento de 71 días en Wounded Knee-Dakota del Sur, en la Reserva de Pine Ridge en 1973, enfrentaron un brutal asedio policial y de agencias federales, enfrentando incluso asesinatos. La población indígena protestaba por el maltrato del gobierno,  exigiéndole que acatara las obligaciones del tratado. Los medios noticieros hostiles hablaron de una nueva “Guerra India”.

Por otra parte, los musulmanes, ya sea en EUA, Europa o en cualquier lugar, que llevan cualquier tipo de arma, son etiquetados de “terroristas”. Incluso el uso de una pistola de pintura en un juego se trata – como en el caso de los Cinco del Fuerte Dix – como prueba de actividad criminal.

Tierras robadas a pueblos originarios y negros

Después de la Guerra Civil, las tierras de hacendados blancos que habían declarado guerra al gobierno federal para mantener la esclavitud, se suponía que fueran expropiadas para proporcionar reparaciones a quienes fueron esclavizadas/os. Eso no sucedió. La promesa de dirigentes sindicales de dar 40 acres y una mula a cada persona negra que fue esclavizada no se materializó. Al contrario, las tropas federales fueron retiradas del sur y enviadas a expropiar y exterminar a la población indígena en el oeste, dejando a pueblos anteriormente esclavizados indefensos ante los antiguos propietarios de las plantaciones y la Confederación.

Desde 1865, las agencias gubernamentales han expropiado el 95 por ciento de la tierra de los agricultores negros.

Las/os indígenas fueron conducidos a tierras áridas después de incautar sus tierras. Incluso después de firmar tratados, sus tierras fueron expropiadas nuevamente si se encontraban recursos en ella, como el oro en Black Hills o petróleo en Oklahoma.

Históricamente, las milicias blancas han jugado un papel reaccionario cuando tomaban tierras de los pueblos nativos y utilizaban al Ku Klux Klan para aterrorizar a ex esclavos con el fin de expropiar su mano de obra, su tierra y sus pequeños comercios.

Nación Paiute: ¡La tierra es nuestra!

La Nación Paiute vivió en la región del Refugio Malheur por 10.000 años. En 1872, la Reservación Malheur fue creada en una fracción de los 1.5 millones de acres de tierras prometidas por el gobierno federal. Los ganaderos se opusieron a esto, queriendo la tierra para su ganado.

En 1878, la Reservación Malheur se disolvió y cientos de Paiutes fueron encadenados y trasladadas/os por la fuerza, al final del invierno, a la Reservación Yakima en el estado de Washington. Algunas/os Paiutes se escondieron o regresaron a sus hogares. Se les dio 10 acres del vertedero de la ciudad Burns. A sus hijos les impidieron asistir a las escuelas locales.

Trabajosamente en los próximos 100 años, los Paiutes compraron 760 acres de sus tierras tribales y restablecieron la Reservación Paiute Burns. En 1972, los Paiutes Burns fueron finalmente reconocidos como una tribu indígena independiente. Actualmente se han asegurado más de 11.000 acres de tierras de adjudicación, alquiladas por ganaderos locales para el pastoreo de ganado. Esta tierra tribal se considera federal; está libre de impuestos, pero existe bajo la jurisdicción del condado.

En esta era de privatización, no es extraño que haya demandas para apoderarse de tierras públicas y privatizarlas. La pandilla Bundy está exigiendo esta tierra – de forma gratuita y con acceso ilimitado. Pero la Nación Paiute dice que la tierra es de ellos. Dicen que si hubieran ocupado el refugio Malheur, su reservación original, el gobierno les habría tratado muy diferente a los Bundy.

Charlotte Rodrique, presidenta del Consejo Tribal Paiute de Burns, dijo a la Radio Pública Nacional el 10 de enero, “Si yo, como persona nativa, persona de color, fuera allí e hiciera lo mismo, me golpearían en la frente con un garrote” y arrastrarían fuera.

E miembro del Consejo Tribal Jarvis Kennedy recordó el despojo violento de su pueblo en una conferencia de prensa el 6 de enero, destacando que “No nos retiraron; nos mataron”. Exigió que los ocupantes “se largaran” del Refugio Malheur. (KGW.com, 6 de enero)

Alto privatización de tierras públicas

El papel del estado capitalista en disputas por la tierra debe ser examinado para refutar las indignantes demandas de los ganaderos por el libre acceso a tierras públicas. El gobierno federal posee más de la mitad de la tierra en el oeste, incluyendo el 80 por ciento de Nevada y la mitad de Oregón. La Oficina de Administración de Tierras maneja 245 millones de acres de tierras públicas. El Estado capitalista pretende destinar, principalmente para beneficio privado y algún uso público, las vastas tierras occidentales expropiadas a los pueblos indígenas.

La política de tierras federales en el oeste implica equilibrar los intereses de las industrias agropecuarias, madereras, mineras, ferroviarias, comerciales y otros. Los costos son exorbitantes para la construcción de carreteras, puentes, represas y aguas, pero gratis para las empresas.

Vastas extensiones de bosques nacionales son plantaciones madereras públicas para contratistas privados. La Ley de Minería Hard Rock 1872 aún permite a las empresas mineras tomar anualmente mil millones de dólares en minerales de tierras públicas sin tener que pagar regalías o derechos, y evitan responsabilidades por daños ambientales, dice Pew Trusts. (tinyurl.com/zxt7nwo)

Sistemas federales de riego cultivan tierra árida a precios altamente subsidiados para beneficio de la agroindustria.  Las cuotas por pastoreo que algunos ganaderos rehúsan  pagar tienen subsidio del 93 por ciento sobre las cuotas del mercado.

En los años 1800, se libraban guerras entre los ganaderos de vacuno y los de ovejas sobre las tierras de pastoreo, y luego se enfrentaban contra los colonos y los pequeños agricultores. Cada grupo económico que luchaba por la tierra y los recursos de pastoreo tenía su propia milicia.

La industria ferroviaria y los grandes bancos tenían más en juego en estos conflictos.  El gobierno federal mediaba entre los poderosos intereses económicos.  Sin embargo, ni el gobierno ni los bancos ayudaban a los pequeños agricultores; millones perdieron sus tierras en ejecuciones hipotecarias. Los subsidios crecieron para la producción a gran escala de la agroindustria corporativa.

Hoy en día los pequeños ganaderos no pueden competir con las operaciones granjeras corporativas como las propiedades de los multimillonarios hermanos Koch y de Ted Turner, el segundo mayor propietario de tierras en EUA.  Ellos y otros mega-ganaderos tienen arrendamientos subvencionados de cientos de miles de acres de tierras federales, otro regalo del gobierno para multimillonarios.

Muchos mega propietarios de ranchos ven al movimiento reaccionario de Bundy como un conveniente artilugio para poder obtener un mayor control de tierras públicas.  La influencia política de los grandes inversionistas puede explicar la cobertura favorable de la milicia de Bundy en los medios.  Saben que estas fuerzas no desafiarán su riqueza. Los Bundys y su calaña están tratando de construir sus propias fortunas a través del robo de tierra, racismo y violencia.

Debe señalarse que el estado de Oregón fue fundado sobre una base racista en 1859.  Se prohibía que las/os negros vivieran, trabajaran o tuvieran propiedades allí.  En 1922, el Ku Klux Klan tenía 14.000 miembros en el estado, incluyendo a altos funcionarios.  Aún Portland, ahora una ciudad “progresista”, mantenía instalaciones segregadas.  

El estado capitalista arbitra entre intereses comerciales en competencia en un sistema basado en el robo del trabajo, tierra y recursos.  Así que la política de las tierras federales que los ganaderos denuncian es totalmente corrupta y basada en el soborno y el saqueo.

La lucha sobre los derechos de agua, especialmente durante esta larga sequía, el impacto de la industria de fracking, y el colapso de los precios de las materias primas, están aumentando la competencia entre los dueños de propiedades corporativas a un punto febril.

El poder y la influencia de la mayoría de los pequeños negocios y ganaderos palidecen ante la abrumadora influencia económica y poder de las corporaciones, los bancos, los fondos de cobertura, los fabricantes de armas y las petroleras.  La Agencia de Administración de Tierras y agencias estatales tratan de comprar a los ganaderos y comerciantes pequeños. Ya no tienen grandes ganancias, así que éstas no están garantizadas ni sus subsidios. Esto los lleva a la desesperación.

El carácter reaccionario de la toma de los Bundy debe ser expuesto y se deben oponer las demandas de los ganaderos ricos al acceso ilimitado a la tierra y los recursos. Pero un asedio violento por esta agrupación no es la respuesta.  Solo fortalecería el poder del estado capitalista y su uso de represión — y eso no ayudaría a los pueblos oprimidos, la clase trabajadora y otras fuerzas progresistas.

En lugar de permitir que las mismas personas o empresas que han devastado la tierra obtengan más terrenos, estas tierras deben ser puestas bajo la tutela de las naciones originarias. Eso sería un paso hacia la justicia y la reparación.