Se confirma la masacre de Rafah: Israel rechaza la orden de la CIJ de detener el genocidio

El mortífero ataque aéreo israelí del 26 de mayo contra palestinos que vivían en tiendas de campaña en Rafah causó la muerte de casi 50 personas, muchas de las cuales fueron quemadas vivas o decapitadas. Esta masacre subraya el desafío del régimen israelí a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 24 de mayo por la que Israel debe suspender su campaña militar en Rafah, en el sur de Gaza.  

A pesar de la lluvia torrencial, miles de personas protestan contra la masacre israelí de palestinos desplazados en el campo de Rafah. Manhattan en Nueva York, 27 de mayo de 2024. MO Foto: Brenda Ryan

La masacre de Rafah muestra que los belicistas de Israel también desobedecen los cargos que la Corte Penal Internacional (CPI) presentó anteriormente contra el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Galant, por el genocidio que han ordenado contra el pueblo de Gaza.

Un ataque aéreo contra una población civil que vive en tiendas de campaña es un crimen atroz más en la actual guerra genocida de Israel contra los palestinos de Gaza.

El Estado paria israelí ha optado por mostrar de nuevo su arrogancia y desprecio por las instituciones internacionales. Sin embargo, la novedad desde el pasado mes de octubre es que estas instituciones de las Naciones Unidas han acusado finalmente a funcionarios israelíes y al propio Estado israelí de graves crímenes de guerra.

No se hagan ilusiones respecto a estos tribunales. Ni la CIJ ni la CPI pueden por sí solas detener el genocidio ni arrestar a los dirigentes israelíes. No tienen ningún aparato para hacer cumplir sus decisiones. Sin embargo, que los tribunales hayan dictado estas sentencias indica un cambio en la actitud del mundo hacia Israel.

La CIJ, también llamada Corte Mundial, se creó en 1945 cuando se estaba creando la ONU y Estados Unidos dominaba económica y militarmente el mundo; la CIJ dirime disputas generales entre naciones, que todos los miembros de la ONU reconocen.

En 2001, el Estatuto de Roma, ratificado por 124 países, pero no por Estados Unidos, Israel, India, China o Rusia, estableció la CPI. La CPI puede investigar y acusar a individuos de crímenes como genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresión, como los cargos presentados contra Netanyahu y Galant. Hasta la fecha, casi todos los casos de este tipo se han presentado contra dirigentes políticos de África o de otros Estados menos poderosos o ricos.

La CPI también acusó a tres dirigentes de Hamás de crímenes de guerra en relación con los sucesos del 7 de octubre. Esta acusación carece de fundamento, ya que el levantamiento del 7 de octubre fue la respuesta legítima de una población colonial a 76 años de opresión, lo que constituye un derecho en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Las acusaciones son, por tanto, una farsa, ya que Hamás, junto con otras fuerzas de resistencia, tenía derecho a levantarse en armas contra la ocupación.

A pesar de estos cargos espurios contra dirigentes de Hamás, que funcionarios del gobierno israelí puedan enfrentarse a arrestos en las capitales del mundo es una derrota inesperada, no sólo para los intereses imperialistas israelíes, sino también para los estadounidenses.

Que estos casos se decidieran en los dos tribunales internacionales es importante no porque resuelvan la agresión israelí -ni castiguen al imperialismo estadounidense por respaldar y armar esta agresión- sino como síntoma de que la ira de las masas mundiales contra el régimen israelí ha alcanzado nuevos niveles. La ira popular contra Israel es tan fuerte y generalizada que ha empujado a los gobiernos a reaccionar.

Recordemos que el verano pasado Israel estuvo a punto de normalizar sus relaciones con Arabia Saudí. Ahora, masas de personas salen a la calle y ocupan universidades en solidaridad con Palestina. En lugar de reconocer a Israel y normalizar las relaciones, las naciones han interrumpido sus relaciones con Israel para protestar por el genocidio en Gaza. Jordania, Bahréin, Turquía, Colombia, Honduras, Chile, Belice, Sudáfrica y Chad han retirado a sus embajadores en Israel o han roto totalmente sus relaciones.

El 27 de mayo, las fuerzas de ocupación israelíes mataron a dos soldados egipcios en la frontera de Rafah, otro crimen que podría desencadenar una reacción masiva entre las decenas de millones de egipcios que se solidarizan con Palestina.  

Los regímenes imperialistas, a menudo aliados a largo plazo de Israel, incluso los que siguen armando a Israel como el de Francia, han criticado la política israelí de atacar Rafah. España, Noruega e Irlanda han reconocido el Estado palestino.

A pesar de sus deficiencias, las declaraciones de los tribunales son síntomas de la creciente solidaridad mundial con la lucha palestina. Señalan una apertura para que los antiimperialistas ayuden a construir un movimiento aún más masivo por la liberación de Palestina.

Los tribunales no resolverán la lucha de liberación palestina, pero el movimiento puede utilizar cualquier verdad que aporten al mundo para movilizarse por la libertad de Palestina y desacreditar al criminal Estado israelí y a sus patrocinadores imperialistas estadounidenses.

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