A pesar de que su responsabilidad en la introducción y propagación del cólera en Haití ha sido establecida de manera irrefutable, la Organización de Naciones Unidas se ha negado a asumir su responsabilidad por las 8.300 muertes y los 650.000 casos de cólera en Haití desde 2010.
En mayo de 2012, hasta el enviado especial de la ONU para Haití, Bill Clinton, admitió que un soldado nepalés de la ONU había traído el cólera a Haití, al depositar “su flujo de residuos en las aguas de Haití y así en los cuerpos de los/as haitianos/as”. (usatoday30.com, 7 de marzo, 2012)
Los abogados del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití y la Oficina Internacional de Abogados en Port-au-Prince presentaron la demanda el 9 de octubre por 5.000 víctimas del cólera en Haití y sus familias. Ellos quieren que la demanda tenga el estado legal colectivo, lo cual permitiría a cualquier víctima de las acciones de la ONU unirse a la demanda.
La ONU dice que no tiene que responder a demandas como ésta porque tiene inmunidad soberana. Pero los abogados de IJDH y la OIA señalan que la demanda que interpusieron internamente con la ONU en 2011, fue ignorada por la ONU hasta que fue rechazada en febrero de 2013. La ONU rechazó las acusaciones como “improcedentes” porque el considerarlas “requeriría una revisión de cuestiones políticas o de la política”.
Uno de los abogados, Ira Kurzban, dijo “Ellos podrán tener inmunidad, pero no tienen impunidad.” (haiti-liberte.com, 15 de octubre)
Como cuestión de justicia, la ONU no debe salir libre de responsabilidad por el daño, el sufrimiento y la muerte de cientos de miles de haitianos/as — condiciones que causó — porque no quiere revisar su política.
Las fuerzas de la ONU en Haití nunca han actuado como “fuerzas de paz” interpuestas entre dos partes en conflicto. Han sido esencialmente una fuerza policial para mantener el gobierno haitiano respaldado por Estados Unidos y Francia en el poder. Su presencia en Haití es para reforzar a la policía local que podría no ser totalmente fiable. Su presencia permite que Estados Unidos mantenga su ocupación de Haití — que comenzó en 2004 — sin que sus tropas estén presentes físicamente.
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