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COLOMBIA

Huelga de trabajadores del carbón enfrenta escuadrones de la muerte

Por Berta Joubert-Ceci

Cuando [email protected] [email protected] en Colombia se lanzan a la huelga en ese país, el más peligroso del mundo para líderes sindicales, lo hacen con gran riesgo para sus vidas. Sindicatos desafiantes, en particular aquellos que representan a [email protected] [email protected] que laboran en corporaciones transnacionales, son el blanco de los paramilitares, escuadrones de muerte—gángsteres muchas veces empleados por las mismas compañías como un arma en contra de los desafíos de [email protected] [email protected] [email protected]

Con más frecuencia se ha reportado que los paramilitares tienen lazos con el gobierno y el ejército colombiano. Esto hace que el asesinato de sindicalistas sea algo nacional y hasta internacional. Los lazos entre el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno colombiano, las corporaciones estadounidenses y los paramilitares en esas circunstancias, quedan claramente expuestos.

El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, invitó al presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez a Wash ington el 14 de junio para discutir lo que un parte de prensa describió como, “una variedad de asuntos incluyendo el compromiso mutuo para el avance de oportunidades, seguridad, y el respeto a los derechos humanos en Colombia; la importancia del libre comercio para el sostenimiento del crecimiento económico; y la continua cooperación en áreas de interés mutuo.”

Mientras tanto, una intensa trama sobre los derechos humanos y laborales se ha venido desarrollando en Colombia. Unos 3.500 trabajadores representados por el sindicato SINTRAMIENERGETICA dejaron sus puestos después de que la estadounidense Drummond Coal Co. se rehusara a negociar con buena fe las demandas del sindicato.

Las demandas más cruciales por parte del sindicato están relacionadas a los derechos laborales, a la seguridad en el trabajo y a la inversión social en la comunidad. Esta última incluye la mejora de la educación, la salud, las viviendas y de otras necesidades básicas para los trabajadores y sus familias.

El sindicato también pide un incremento en los fondos de pensión y compensación por la ardua labor que dura un promedio de 12 a 18 horas diarias. Raúl Sosa y Estivenson Ávila, voceros de los trabajadores dicen: “Nosotros no pedimos aumentos desmedidos en nuestros salarios sino que queremos tener estabilidad laboral en la empresa, no queremos millones queremos soluciones integras”.

(www.drummondwatch.org)

Una demanda económica importante es el cambio de la fecha del incremento anual. Los trabajadores quieren que la compañía cambie la fecha para que el aumento comience en enero en vez de abril como se hace ahora, para que las familias puedan ajustarse mejor al aumento en el costo de vida que normalmente comienza en enero. Como muestra de la intransigencia de Drummond hasta en tan minúsculo punto, según el mismo artículo, “La compañía ha reiterado su total desacuerdo y solo ha comunicado a los negociadores de los trabajadores que este punto no será negociado ni ahora ni en 20 años.”

¿Qué es la Drummond Coal Co.?

Está basada en Birmingham de Alabama en los Estados Unidos, siendo su propietario Garry Neil Drimmond. Según su página web “Drummond Co., Inc. trabaja principalmente en el negocio de las minas, comprando, procesando y vendiendo carbón y sus derivados. ...Drum mond controla reservas en un total de 2 mil millones de toneladas y envió más de 28 millones de toneladas en el año 2004. ...las operaciones mineras internacionales están localizadas en Colombia, sirviendo a clientes tanto en los Estados Unidos como en Europa.”

Drummond se trasladó a Colombia en 1994, después de cerrar la mayoría de sus minas en Alabama. Allá financió ferrocarriles y la infraestructura necesaria para extraer el carbón de la Mina Pribbenow, una mina de explotación a cielo abierto en La Loma, región del Cesar al noreste del país, y llevarlo al Puerto Drummond en la costa caribeña. Allí el carbón se carga en barcos gigantescos, llegando en forma de ganancias a los bolsillos estadounidenses de Drummond.

Reuters reportó el 24 de mayo, tercer día de la huelga, que: “La mina, que produjo 22 millones de toneladas de carbón el año pasado, es la fuente más grande de la producción colombiana de carbón que llega a 55 millones de toneladas anuales. La venta del carbón representa el segundo ingreso más grande de Colombia por exportaciones que alcanzó la cifra de $2,6 mil millones en 2005. El estado recibe ingreso por la exploración, pero no por las ganancias de las minas puesto que pertenecen a operadores extranjeros”.

Al criminalmente ignorar las demandas de los trabajadores, la gerencia ha mantenido altas las ganancias durante todos estos años. Muchos trabajadores han muerto. Otros han sido lesionados gravemente por equipos dañados o por condiciones de trabajo peligrosas.

Se requiere a los trabajadores que trabajen en turnos de por lo menos 12 horas diarias durante dos semanas completas alternando turnos de día y de noche. La compañía aumentó la carga de 22 a 32 toneladas, en los vehículos Caterpillar de carga frontal ocasionando una vibración extrema durante la operación de la máquina que resulta en lesiones severas de la médula espinal en los trabajadores. Algunos trabajadores quedaron lesionados permanentemente.

Drummond Watch, un portal del Internet que monitorea las acciones de la empresa reportó, “La compañía ha despedido a varios trabajadores con lesiones en la médula espinal, e intenta evadir la responsabilidad diciendo que estas lesiones no están relacionadas al trabajo”.

En el año 2000, el colapso de una pared en una excavación enterró vivos a tres trabajadores. Ellos habían advertido del corte inseguro en la pared, pero los patronos ignoraron sus quejas y les mandaron a seguir trabajando en esas condiciones inseguras. Después del accidente, a pesar de que la compañía quería que los demás trabajadores sigan laborando, los trabajadores suspendieron sus labores por el resto del día para honrar a sus compañeros muertos.

El 12 de marzo de 2001, mientras estaban en negociaciones para buscar justicia por las muertes y mejorar las condiciones en la mina, Valmore Lacarno Rodríguez y Victor Hugo Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente del sindicato respectivamente, fueron asesinados. Quince hombres, algunos en uniformes militares, habían parado el autobús de la compañía en el cual estaban viajando los trabaja dores, que iban rumbo a Valledupar, alre dedor de 30 millas de la mina, donde reside la mayoría de los trabajadores y sus familias. Los uniformados sacaron a Lacarno y Orcasita a la fuerza, bofeteando y disparando a Locarno en la cara frente a sus horrorizados compañeros. Orcasita fue forzado a ir al bosque donde después fue encontrado muerto, con las uñas de las manos arrancadas.

Augusto Jiménez, el presidente de Drummond LTD en Colombia, había amenazado a ambos hombres anteriormente, diciendo, “El pez muere por su propia boca”.

Aunque Drummond hace disponible vivienda y transporte seguros para los ciudadanos estadounidenses que trabajan para la compañía, había rehusado los pedidos urgentes de Locarno y Orcasita quienes pedían permiso para quedarse en la mina después de haber recibido amenazas de los paramilitares. Los dos activistas sindicales incluso habían enviado un pedido por fax directamente a Gary Drummond antes de ser asesinados.

Gustavo Soler, otro trabajador que asumió el peligroso liderazgo del sindicato, también fue asesinado después de recibir amenazas de los paramilitares. Él también había pedido refugio en la mina después del trabajo y nuevamente la compañía rehusó.

El gobierno colombiano provee todas las medidas de protección para la compañía mientras deja a los trabajadores a que se defiendan por ellos mismos contra los paramilitares criminales.

El 6 de octubre, 2003, un artículo en el Wall Street Journal reportó que “La compañía, una de los más grandes inversionistas extranjeros en Colombia, ha construido cuarteles para el ejército colombiano en La Loma y cerca del puerto. Más de 300 tropas del ejército colombiano están estacionadas en La Loma, donde Drummond les provee alimentos y petróleo subvencionados. Las tropas protegen las pro piedades de la compañía y seleccionan a los trabajadores”, dice Drummond.

El caso legal que menciona el artículo es la demanda radicada en la Corte Distrital Estadounidense del Distrito del Norte de Alabama el 14 de marzo del 2002, por el Fondo Internacional de Derechos Labor ales y el sindicato Trabajadores Unidos del Acero (USW) contra la compañía Drum mond por parte de los parientes de Lacarno, Orcasita y Soler. La demanda acusa a la compañía de emplear a paramilitares armados para torturar, secuestrar y asesinar a líderes del sindicato.

Dan Kovalik, el abogado para el sindicato, recientemente visitó a Rafael García, el ex jefe del Departamento Admini strativo de Seguridad (DAS), el departamento colombiano de inteligencia de la administración de Presidente Uribe. García está ahora en la prisión La Picota en Bogotá, acusado de borrar la historia criminal de traficantes de drogas en los archivos del DAS.

García atestiguó bajo juramento para el juicio entablado en Alabama, que él fue testigo presencial de una reunión en la que Augusto Jiménez dio dinero a representantes de las Autodefensas Unidas de Colombia—AUC, los paramilitares— para asesinar a Lacarno y Orcasita. Dijo también que él no ha testificado para el Sistema de Justicia Colombiano ya que ellos se han negado a garantizar su protección si él ofrece testimonio. Él ha acusado al ex director del DAS, Jorge Noguera de tener lazos con las AUC para el desarrollo de algunos proyectos, entre ellos “el asesinato de líderes sindicales, un plan para desestabilizar al gobierno venezolano, fraude electoral a favor del Presidente Álvaro Uribe en las elecciones del 2002”. (El Nuevo Herald, 1 de junio)

Actualmente los paramilitares están nueva mente amenazando a los huelguistas. No hay garantía de que la compañía o el gobierno provean la seguridad que ellos necesitan. La “Seguridad Democrática” de Uribe solo ha probado ser una inseguridad terrorista para [email protected] [email protected] y para el movimiento que se opone a su política neoliberal.

El 9 de junio Leo W. Gerard, Presidente Internacional de la USW, envió una carta al Presidente Uribe, con copias a la Secreta ria de Estado Condoleezza Rice y al em baja dor estadounidense en Colom bia William Wood, en la que expresaba su preocupa ción sobre la petición de Drum mond al gobierno colombiano de que “se declare que la huelga de estos trabajadores sea ilegal, haciéndola entonces un crimen que lleva el castigo de encarcelamiento para los trabajadores que continúen con esta huelga”.

Añadió Gerard, “Y nosotros reiteramos nuestro llamado al gobierno colombiano para que tome todas las medidas necesarias para proteger las vidas y el bienestar de estos trabajadores mientras continúen con sus actividades de huelga”.


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