Cómo fracasó una acusación falsificada del gobierno
Por Dianne Mathiowetz Atlanta
Un mes antes de que los
EEUU librara su guerra contra Irak, el entonces Fiscal General John Ashcroft
anunció personalmente el 20 de febrero del 2003 que el gobierno
había sometido una acusación contra el Dr. Sami Al-Arian,
declarando que él era “el líder en Norteamérica del
Jihad Islámico Palestino (PIJ)”.
Ashcroft dijo que la
detención de Al-Arian fue “crucial en la guerra contra el
terrorismo” y dio crédito a la Ley Patrió tica por haber
facilitado el caso contra el profesor de la Florida. Sus declaraciones fueron
emitidas en vivo por la cadena CNN como noticia del momento.
Él
insinuó que el público estaría más seguro con
Al-Arian tras las rejas, asociándolo demagógicamente con Osama bin
Laden y Saddam Hussein. La administración de Bush esperaba poder
encarcelar bajo acusación falsa a este personaje solidario con el pueblo
palestino. Ese plan fue echado por tierra el 6 de diciembre, cuando un jurado de
Tampa, Florida absolvió a Al-Arian y sus coacusados de la mayoría
de las acusaciones en su contra.
Al-Arian fue absuelto en 8 de las 17
acusaciones, incluso la de conspiración para mutilar y asesinar, y la de
proporcionar apoyo material para la Jihad Islámica. Dos de los
coacusados, Ghassan Ballut y Sameeh Hammoudeh, fueron absueltos de todas las
acusaciones, y el empresario de Chicago Hatem Fariz fue exonerado de 25 de las
33 acusaciones. El jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre las demás
acusaciones, pero la mayoría del jurado favorecía la
exoneración.
En los EEUU y alrededor del mundo, reportes
periodísticos comentaron sobre la derrota que el veredicto representaba
para el gobierno de los EEUU en sus intentos por silenciar la disensión
en este país.
Fueron las reglas laxas de la Ley Patriótica
las que permitieron a los investigadores presentar información secreta
captada por la vigilancia en el exterior en un proceso criminal
doméstico.
La persecución y vigilancia gubernamen tal de
Sami Al-Arian comenzó hace 10 años.
Nacido de padres
palestinos en Kuwait, Al-Arian emigró a los EEUU siendo estudiante en
1975. Como profesor respetado de ingeniería informática en la
Universidad del Sur de la Florida (USF por las siglas en inglés) en Tampa
desde 1986, Al-Arian era un líder reconocido de la comunidad musulmana.
Había fundado una mezquita, desarrollado una escuela e iniciado un centro
de investigación. Era muy conocido por su apoyo al pueblo palestino y su
lucha para acabar con la ocupación israelí, hablando en reuniones
y conferencias a través del país.
Irónicamente,
durante la dura competencia de las elecciones presidenciales en la Florida en el
2000, el académico fue buscado por la campaña de Bush para
influenciar a los votantes árabes y musulmanes en apoyo a los candidatos
Republicanos.
El FBI interceptó su teléfono por más
de nueve años, y dos veces hizo redadas en su casa y en sus oficinas,
incautando docenas de cajas llenas de objetos personales.
En 1996, la
entonces presidenta de la USF, Betty Castor, puso a Al-Arian en licencia
personal luego de conocer que él estaba bajo investigación por el
Depar tamento de Justicia.
Organizaciones académicas vinieron en su
defensa. Dos años después, cuando el FBI admitió que no
tenía bases para acusarle, Al-Arian fue restaurado a su posición
como profesor con permanencia.
Casi de inmediato, el gobierno detuvo a su
cuñado Mazen Al-Najar, quien también trabajaba en la universidad,
y sin acusaciones le encarcelaron basado en “evidencia secreta” por
tres años.
Al-Arian trabajó apasionadamente para lograr la
libertad de Al-Najar. Estaba a punto de lograr que el Congreso pasara legis
lación prohibiendo la “evidencia secreta” cuando los ataques
del 9/11 ocurrieron.
Después de que las cortes decidieron que se
tenía que liberar a Al-Najaf, éste fue deportado en agosto del
2002.
Elementos derechistas y a favor de Israel, incluyendo a periodistas
locales del Tampa Tribune y a Bill O’Reilly del noti ciero Fox, a pesar de
la falta de evidencia, públicamente intentaron asociar a Al-Arian con
actos terroristas - no sólo en el Medio Oriente, sino también en
la explosión en la Ciudad de Oklahoma - en una campaña implacable
para difamarlo.
Por ejemplo, el Tampa Tribune ha publicado más de
700 artículos sobre Al-Arian y su perspectiva a favor de Palestina a un
promedio de un artículo cada cinco días durante 10 años.
Después de su detención en febrero del 2003, Al-Arian y su
coacusado Mammoudeh, fueron encarcelados en la sección de seguridad
máxima de la prisión federal en Coleman, Florida. Él fue
encarcelado incomunicado en una pequeña celda solitaria con luz encendida
constantemente, le fue negado el contacto regular con su familia, le
restringieron la práctica de su religión, y le ponían
grilletes en las manos y en los pies las veces que le permitían reunirse
de forma limitada con sus abogados defensores. Hasta tuvo que demandar a los
oficiales federales en las cortes para poder recibir lápiz y papel para
ayudar en su defensa legal.
10 años de
vigilancia
Aunque el gobierno había estado vigilando y
observando sus actividades por casi 10 años, el Departamento de Justicia
le dijo al juez dirigente del proceso, el Juez de Distrito James Moody, que
necesitaba por lo menos dos años más para preparar su
caso.
El muy publicado proceso comenzó el 6 de junio del 2005, casi
dos años y medio después de la detención de Al-Arian en las
tempranas horas de la mañana en su casa en la Florida.
Durante seis
meses los fiscales del Departamento de Justicia presentaron unos 80 testigos e
introdujeron 400 piezas de evidencia, casi todas eran transcripciones editadas
de más de las 20,000 horas de conversaciones telefónicas grabadas.
Muchas de las cintas habían sido grabadas antes del 1995, cuando el Jihad
Islámico Palestino fuera incluido por vez primera en la lista de
“terroristas” mantenida por el gobierno.
Testigos
israelíes de los bombardeos atribuidos al PIJ fueron traídos a
Tampa para atestiguar. Videos de estallidos en autobuses fueron mostrados al
jurado, a pesar de que la fiscalía estaba de acuerdo en que los acusados
no tenían nada que ver ni con la planificación ni la
ejecución de estos ataques.
Bajo contra interrogatorio, la defensa
expuso la falta de evidencia que conectara a los cuatro hombres con alguna
actividad terrorista.
El 27 de octubre los abogados de Al-Arian
sorprendieron al tribunal. William Moffit le dijo al jurado que la defensa
terminaría el caso sin llamar a ningún testigo ni presentar
ninguna evidencia.
“Porque hay un documento llamado la
Constitución de los Estados Unidos . . . que protege el derecho de hablar
del Dr. Al-Arian y el gobierno no ha probado que el Dr. Al-Arian ha hecho otra
cosa más que hablar. . . El hecho de que el Dr. Al-Arian sea palestino no
le quita sus derechos civiles.”
Trece días después, la
decisión del jurado le causó gran perturbación a la
administración de Bush. Mientras los cuatro acusados estaban de pie en la
sala del tribunal llena de miembros de familia y amistades que les apoyaban,
oyeron el “no culpable” una y otra vez mientras se leían las
acusaciones.
Todos los jurados que fueron entrevistados por Meg Laughlin,
periodista del St. Petersburg Times, mencionaron que no encontraron evidencia de
crimen en el voluminoso informe presentado por el gobierno. La abogada fiscal
Cherie Krigsman había exhortado al jurado a “confiar en
ellos” aduciendo que existía evidencia que mostraba que los
acusados pertenecían a una célula “terrorista” que
operaba dentro de los Estados Unidos.
Un jurado dijo “Estuvimos a
punto de exonerar a Al-Arian de cuatro acusaciones más cuando el juez nos
paró.” El juez Moody dijo que una miembra del jurado le
había mandado una nota diciéndole que se sentía
“coercida” por los demás en el panel.
“Eso nos
sorprendió,” dijo otra miembra vietnamita-americana.
Todd, un
camionero de 40 años, agregó, “Si nos hubiéramos
quedado y trabajado . . . los hubiéramos exonerado de todo menos de la
acusación de fraude inmigratorio.”
Los fiscales federales
ahora están considerando un nuevo juicio de Al-Arian y Fariz por las
acusaciones estancadas. La condena por una acusación de
conspiración de fraude organizado conlleva una sentencia posible de 20
años de prisión. Dicen que no hay un límite de tiempo para
anunciar su decisión.
La Agencia de Ejecución de Inmi
gración y Aduana (ICE) ha dicho que va a proceder con audiencias de depor
tación si Al-Arian fuera liberado de la cárcel bajo fianza o si el
Departamento de Justicia se niega a revisar el caso.
El abogado de defensa
Moffit declaró que cualquier esfuerzo para deportar a su cliente
sería “totalmente vengativo”, ya que no ha sido condenado por
ningún crimen.
Sin embargo, en estos casos muy publicados de
“terrorismo”, luego de la detención de miles de hombres
árabes y musulmanes desde el 9/11, la inmensa mayoría de los
acusados no han sido encontrados culpables de ningún crimen y sin embargo
fueron deportados a base de tecnicismos de inmigración.
Como
Al-Arian, ellos sufrieron meses e incluso años de encarcelamiento, difa
mación pública, separación de sus familias, pérdida
de sus casas y trabajo, negación de sus derechos civiles y angustia
mental y física intencional por culpa de una camarilla de
ideólogos derechistas en busca de una agenda política.
El
gobierno contaba con el miedo y el racismo para condenar a Al-Arian y sus
co-acusados, pero la desconfianza del público sobre la política de
la administración de Bush desde la guerra en Irak y el Huracán
Katrina definitivamente dio a los jurados un contexto en el cual juzgar las
perspectivas políticas de los activistas palestinos.
El jurado
estuvo de acuerdo con la recapitulación de Moffit: “Este caso es
sobre el derecho de hablar del Dr. Al-Arian, de nuestro derecho a escuchar lo
que él tiene que decir, y del intento de los poderosos a
silenciarlo.”
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