Asesinatos y terror
Tribunal en Colombia examina el papel de las compañías petroleras
Por Deirdre Griswold Bogotá, Colombia
Lo más extraordinario sobre la situación política en Colombia no
es solo el alto nivel de violencia auspiciada por el gobierno en contra de las
organizaciones populares y sus líderes, sino el alto nivel de valor y
resistencia que brota del pueblo que rehúsa ser abatido o intimidado,
aún por los asesinos enmascarados que llegan por la noche.
Ese valor y esa resistencia estuvieron expuestos aquí por dos días,
el 3 y 4 de agosto, cuando una sesión especial del Tribunal Permanente de
los Pueblos escuchó testimonios sobre el papel jugado por las
compañías petroleras europeas y estadounidenses en las campañas
de terror en contra de l@s activistas sociales en Colombia.
Unas 800 personas de Bogotá, la capital, y de muchas áreas rurales se
congregaron en un auditorio provisto por el sindicato de maestros, donde se
escucharon dolorosos testimonios de parientes y amig@s de activistas
jóvenes y viejos que fueron asesinados por hablar sobre las condiciones en
sus comunidades.
Algun@s de l@s testigos trataron de contener su llanto mientras relataban
cómo los hombres armados entraban en la noche en busca de sus esposos,
hijos y hermanos, cuyos cuerpos sin vida serían encontrados luego, muy a
menudo mostrando horribles señas de tortura.
Una y otra vez l@s testigos describieron cómo el ejército colombiano
y la policía local daban libre albedrío a los “paras”,
algunos de los cuales trabajan como guardias de seguridad para las grandes
compañía petroleras-la Occidental, la British Petroleum y la Repsol.
Y señalaron directamente al gobierno del Presidente Álvaro Uribe
Vélez, quien actualmente está tratando de desviar la ira popular
reorganizando el comando militar, muchos de cuyos miembros han estado
directamente implicados en los crímenes junto a paramilitares y
narcotraficantes.
Tres autobuses llenos de habitantes de Arauca acudieron al tribunal. Arauca es
una región al nordeste, muy rica en petróleo, fronteriza a Venezuela,
donde la violencia ha sido particularmente feroz.
La cara de Alirio Martínez, un campesino de Arauca quien fuera asesinado
hace tres años, sonreía al público desde una gigante pancarta
colocada sobre el estrado. Detrás de él otros campesinos se
veían llevando carteles con las consignas, “Arauca Vive,” y
“Seguimos construyendo caminos de libertad.”
En un momento en el programa, un grupo de niñas y niños de Arauca,
que estuvieron esperando pacientemente durante todo el día, tuvieron la
oportunidad de bailar con precisión y gracia exuberante frente a la
pancarta.
La energía de est@s jóvenes mostró que la campaña de terror
contra la población local ha fracasado en quebrantar su espíritu.
Aún aquell@s testigos que lloraron cuando dieron sus relatos, terminaban
gritado consignas de lucha y optimismo.
El asesinato de Alirio Martínez
La ejecución de Alirio Martínez por soldados del gobierno en la
mañana del 5 de agosto del 2004, fue solo uno más de los horribles
crímenes traídos ante el tribunal, pero ilustra la base real del
conflicto sangriento en Colombia, el cual lleva ya varias décadas.
Según la evidencia presentada al tribunal, Martínez, presidente de la
Asociación de Usuarios Campesinos de Arauca, ADUC, había pasado la
noche en casa de un amigo en la vereda de Caño Seco, en el pueblo de
Saravena, luego de una reunión con líderes de grupos civiles, que
evaluaban la situación regional con respecto a los derechos humanos y
sociales.
También estuvieron presentes en la reunión el presidente de la
Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas
(ANTHOC), Jorge Prieto Chapucero; Leonel Goyeneche Goyeneche y María
Raquel Castro, ambos miembros de la Asociación de Maestros de Arauca y la
Central Unida de Trabajadores (CUT); y Samuel Morales Flórez, presidente
de la CUT en Arauca.
Alrededor de las cinco de la mañana, tropas pertenecientes al grupo
Revéis Pizarro, asignados a la Brigada 18 del Ejército Nacional,
entraron a la casa donde la reunión tuvo lugar, rodeándola por
completo.
Cerca de media hora después, varios soldados fueron a la casa de Jorge
Prieto, donde Alirio Martínez dormía. Los soldados lo obligaron a
él y a Goyeneche a arrodillarse a un lado de la casa, y les dispararon a
muerte. Luego arrastraron sus cuerpos lejos de la casa, colocaron cerca unas
armas pequeñas y dispararon algunos tiros para dar la impresión de
que había ocurrido una pelea.
Luego llevaron los cuerpos por las calles para que todos los vieran, los
pusieron en un helicóptero y los llevaron a los cuarteles del
batallón. También arrestaron a Samuel Morales, Raquel Castro y
María Constanza Jaimes, llevándoles también en el
helicóptero.
Esta atrocidad se conoce como la Masacre de Caño Seco.
El gobierno la dio a conocer como una operación exitosa en contra de los
insurgentes armados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC).
Samuel Morales, Raquel Castro y otr@s líderes cívicos en la
región fueron sentenciados a seis años de prisión por el crimen
de “rebelión,” el cual también fue la excusa dada para la
masacre.
Raquel Castro logró una libertad temprana y fue directamente al tribunal,
donde ofreció testimonio de haber oído los disparos que mataron a sus
amigos, y a los soldados preguntar exigiendo “¿dónde están
las armas?”
“No había ninguna” dijo Castro. Agregando que cuando el
helicóptero aterrizó en el cuartel, ella vio a soldados
estadounidenses-”gringos”-con los colombianos.
“Todo esto está hecho para suprimir la lucha por los derechos
humanos de las organizaciones cívicas, campesinas, obreras”
agregó esta valiente maestra.
En una pared al lado del auditorio, una bandera leía, “La Verdad y
la Justicia honrarán la memoria de nuestras víctimas”.
Griswold sirvió como co-jueza en el tribunal.
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