Cómo fracasó una acusación falsificada del gobierno

Por Dianne Mathiowetz
Atlanta

Un mes antes de que los EEUU librara su guerra contra Irak, el entonces Fiscal General John Ashcroft anunció personalmente el 20 de febrero del 2003 que el gobierno había sometido una acusación contra el Dr. Sami Al-Arian, declarando que él era “el líder en Norteamérica del Jihad Islámico Palestino (PIJ)”.

Ashcroft dijo que la detención de Al-Arian fue “crucial en la guerra contra el terrorismo” y dio crédito a la Ley Patrió tica por haber facilitado el caso contra el profesor de la Florida. Sus declaraciones fueron emitidas en vivo por la cadena CNN como noticia del momento.

Él insinuó que el público estaría más seguro con Al-Arian tras las rejas, asociándolo demagógicamente con Osama bin Laden y Saddam Hussein. La administración de Bush esperaba poder encarcelar bajo acusación falsa a este personaje solidario con el pueblo palestino. Ese plan fue echado por tierra el 6 de diciembre, cuando un jurado de Tampa, Florida absolvió a Al-Arian y sus coacusados de la mayoría de las acusaciones en su contra.

Al-Arian fue absuelto en 8 de las 17 acusaciones, incluso la de conspiración para mutilar y asesinar, y la de proporcionar apoyo material para la Jihad Islámica. Dos de los coacusados, Ghassan Ballut y Sameeh Hammoudeh, fueron absueltos de todas las acusaciones, y el empresario de Chicago Hatem Fariz fue exonerado de 25 de las 33 acusaciones. El jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre las demás acusaciones, pero la mayoría del jurado favorecía la exoneración.

En los EEUU y alrededor del mundo, reportes periodísticos comentaron sobre la derrota que el veredicto representaba para el gobierno de los EEUU en sus intentos por silenciar la disensión en este país.

Fueron las reglas laxas de la Ley Patriótica las que permitieron a los investigadores presentar información secreta captada por la vigilancia en el exterior en un proceso criminal doméstico.

La persecución y vigilancia gubernamen tal de Sami Al-Arian comenzó hace 10 años.

Nacido de padres palestinos en Kuwait, Al-Arian emigró a los EEUU siendo estudiante en 1975. Como profesor respetado de ingeniería informática en la Universidad del Sur de la Florida (USF por las siglas en inglés) en Tampa desde 1986, Al-Arian era un líder reconocido de la comunidad musulmana. Había fundado una mezquita, desarrollado una escuela e iniciado un centro de investigación. Era muy conocido por su apoyo al pueblo palestino y su lucha para acabar con la ocupación israelí, hablando en reuniones y conferencias a través del país.

Irónicamente, durante la dura competencia de las elecciones presidenciales en la Florida en el 2000, el académico fue buscado por la campaña de Bush para influenciar a los votantes árabes y musulmanes en apoyo a los candidatos Republicanos.

El FBI interceptó su teléfono por más de nueve años, y dos veces hizo redadas en su casa y en sus oficinas, incautando docenas de cajas llenas de objetos personales.

En 1996, la entonces presidenta de la USF, Betty Castor, puso a Al-Arian en licencia personal luego de conocer que él estaba bajo investigación por el Depar tamento de Justicia.

Organizaciones académicas vinieron en su defensa. Dos años después, cuando el FBI admitió que no tenía bases para acusarle, Al-Arian fue restaurado a su posición como profesor con permanencia.

Casi de inmediato, el gobierno detuvo a su cuñado Mazen Al-Najar, quien también trabajaba en la universidad, y sin acusaciones le encarcelaron basado en “evidencia secreta” por tres años.

Al-Arian trabajó apasionadamente para lograr la libertad de Al-Najar. Estaba a punto de lograr que el Congreso pasara legis lación prohibiendo la “evidencia secreta” cuando los ataques del 9/11 ocurrieron.

Después de que las cortes decidieron que se tenía que liberar a Al-Najaf, éste fue deportado en agosto del 2002.

Elementos derechistas y a favor de Israel, incluyendo a periodistas locales del Tampa Tribune y a Bill O’Reilly del noti ciero Fox, a pesar de la falta de evidencia, públicamente intentaron asociar a Al-Arian con actos terroristas - no sólo en el Medio Oriente, sino también en la explosión en la Ciudad de Oklahoma - en una campaña implacable para difamarlo.

Por ejemplo, el Tampa Tribune ha publicado más de 700 artículos sobre Al-Arian y su perspectiva a favor de Palestina a un promedio de un artículo cada cinco días durante 10 años. Después de su detención en febrero del 2003, Al-Arian y su coacusado Mammoudeh, fueron encarcelados en la sección de seguridad máxima de la prisión federal en Coleman, Florida. Él fue encarcelado incomunicado en una pequeña celda solitaria con luz encendida constantemente, le fue negado el contacto regular con su familia, le restringieron la práctica de su religión, y le ponían grilletes en las manos y en los pies las veces que le permitían reunirse de forma limitada con sus abogados defensores. Hasta tuvo que demandar a los oficiales federales en las cortes para poder recibir lápiz y papel para ayudar en su defensa legal.

10 años de vigilancia

Aunque el gobierno había estado vigilando y observando sus actividades por casi 10 años, el Departamento de Justicia le dijo al juez dirigente del proceso, el Juez de Distrito James Moody, que necesitaba por lo menos dos años más para preparar su caso.

El muy publicado proceso comenzó el 6 de junio del 2005, casi dos años y medio después de la detención de Al-Arian en las tempranas horas de la mañana en su casa en la Florida.

Durante seis meses los fiscales del Departamento de Justicia presentaron unos 80 testigos e introdujeron 400 piezas de evidencia, casi todas eran transcripciones editadas de más de las 20,000 horas de conversaciones telefónicas grabadas. Muchas de las cintas habían sido grabadas antes del 1995, cuando el Jihad Islámico Palestino fuera incluido por vez primera en la lista de “terroristas” mantenida por el gobierno.

Testigos israelíes de los bombardeos atribuidos al PIJ fueron traídos a Tampa para atestiguar. Videos de estallidos en autobuses fueron mostrados al jurado, a pesar de que la fiscalía estaba de acuerdo en que los acusados no tenían nada que ver ni con la planificación ni la ejecución de estos ataques.

Bajo contra interrogatorio, la defensa expuso la falta de evidencia que conectara a los cuatro hombres con alguna actividad terrorista.

El 27 de octubre los abogados de Al-Arian sorprendieron al tribunal. William Moffit le dijo al jurado que la defensa terminaría el caso sin llamar a ningún testigo ni presentar ninguna evidencia.

“Porque hay un documento llamado la Constitución de los Estados Unidos . . . que protege el derecho de hablar del Dr. Al-Arian y el gobierno no ha probado que el Dr. Al-Arian ha hecho otra cosa más que hablar. . . El hecho de que el Dr. Al-Arian sea palestino no le quita sus derechos civiles.”

Trece días después, la decisión del jurado le causó gran perturbación a la administración de Bush. Mientras los cuatro acusados estaban de pie en la sala del tribunal llena de miembros de familia y amistades que les apoyaban, oyeron el “no culpable” una y otra vez mientras se leían las acusaciones.

Todos los jurados que fueron entrevistados por Meg Laughlin, periodista del St. Petersburg Times, mencionaron que no encontraron evidencia de crimen en el voluminoso informe presentado por el gobierno. La abogada fiscal Cherie Krigsman había exhortado al jurado a “confiar en ellos” aduciendo que existía evidencia que mostraba que los acusados pertenecían a una célula “terrorista” que operaba dentro de los Estados Unidos.

Un jurado dijo “Estuvimos a punto de exonerar a Al-Arian de cuatro acusaciones más cuando el juez nos paró.” El juez Moody dijo que una miembra del jurado le había mandado una nota diciéndole que se sentía “coercida” por los demás en el panel.

“Eso nos sorprendió,” dijo otra miembra vietnamita-americana.

Todd, un camionero de 40 años, agregó, “Si nos hubiéramos quedado y trabajado . . . los hubiéramos exonerado de todo menos de la acusación de fraude inmigratorio.”

Los fiscales federales ahora están considerando un nuevo juicio de Al-Arian y Fariz por las acusaciones estancadas. La condena por una acusación de conspiración de fraude organizado conlleva una sentencia posible de 20 años de prisión. Dicen que no hay un límite de tiempo para anunciar su decisión.

La Agencia de Ejecución de Inmi gración y Aduana (ICE) ha dicho que va a proceder con audiencias de depor tación si Al-Arian fuera liberado de la cárcel bajo fianza o si el Departamento de Justicia se niega a revisar el caso.

El abogado de defensa Moffit declaró que cualquier esfuerzo para deportar a su cliente sería “totalmente vengativo”, ya que no ha sido condenado por ningún crimen.

Sin embargo, en estos casos muy publicados de “terrorismo”, luego de la detención de miles de hombres árabes y musulmanes desde el 9/11, la inmensa mayoría de los acusados no han sido encontrados culpables de ningún crimen y sin embargo fueron deportados a base de tecnicismos de inmigración.

Como Al-Arian, ellos sufrieron meses e incluso años de encarcelamiento, difa mación pública, separación de sus familias, pérdida de sus casas y trabajo, negación de sus derechos civiles y angustia mental y física intencional por culpa de una camarilla de ideólogos derechistas en busca de una agenda política.

El gobierno contaba con el miedo y el racismo para condenar a Al-Arian y sus co-acusados, pero la desconfianza del público sobre la política de la administración de Bush desde la guerra en Irak y el Huracán Katrina definitivamente dio a los jurados un contexto en el cual juzgar las perspectivas políticas de los activistas palestinos.

El jurado estuvo de acuerdo con la recapitulación de Moffit: “Este caso es sobre el derecho de hablar del Dr. Al-Arian, de nuestro derecho a escuchar lo que él tiene que decir, y del intento de los poderosos a silenciarlo.”