Clima antiinmigrante provoca asesinatos

Por Paul Teitelbaum
Tucson, Arizona

El 30 de mayo, tres miembros de la reaccionaria organización Minutemen invadieron la casa de Raúl Flores en Arivaca, Arizona, asesinándolo a él, a su hija de 9 años Brisenia Flores, e hiriendo a su esposa Gina María González. Los racistas estaban vestidos con uniformes militares. Ellos le dijeron a la familia que habían estado con la Patrulla Fronteriza antes de que saquearan la casa y les dispararan.

Activistas locales inmediatamente reconocieron a los tres Minutemen que fueron arrestados por esta atrocidad como parte del grupo que atacó las actividades del Primero de Mayo 2009 en Tucson.

Residentes de Arivaca dicen que la familia Flores es muy conocida y querida. Describieron a Raúl “Junior” Flores como un buen padre y un hombre generoso. (Green Valley News, 2 de junio)

Arivaca es un pueblo pequeño del sur de Arizona que queda a 10 millas de la frontera, con una población de un poco más de 1.600 personas. Está constantemente ocupado por agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Seguridad de la Patria (DHS por las siglas en inglés), y es la base de las torres de vigilancia ultra tecnológicas SBINET de la DHS/Boeing.

Estos asesinatos racistas siguen al reciente asesinato del Dr. George Tiller y al ataque en el Museo del Memorial al Holocausto en Washington, D.C. donde el agente de seguridad afro-americano Stephen Johns fue asesinado por un nazi. Estos crímenes no son los actos de “asesinos individuales enloquecidos” como los medios tienden a presentarlos. Son el resultado de un ambiente racista y antiinmigrante estimulado por los anfitriones ultra derechistas de programas de televisión como son Lou Dobbs, Rush Limbaugh, el ex-representante estadounidense Tom Tancredo y otros, por las horribles redadas de terror del ICE (la Migra), y por el dinero de los impuestos asignado para mantener en operación a racistas como el Alguacil Joe Arpaio.

Hay treinta leyes antiinmigrante que han sido presentadas en la legislatura estatal de Arizona desde enero. Estas incluye la reciente ley propuesta SB 1175, la cual requeriría a la policía en todas las ciudades, todos los pueblos y condados del estado a implementar la ley federal de inmigración, preguntar el estado inmigratorio de cada persona detenida y entregar a las personas indocumentadas a los agentes federales si las acusaciones locales son anuladas.

La ley SB 1280 haría un delito grave el “ocultar, hospedar o evitar que se descubra” a una persona indocumentada.

La ley SB 1069 tiene el propósito de eliminar los programas de Estudios Étnicos y las organizaciones multiculturales estudiantiles en todas las escuelas del estado.

Y para añadir a este ambiente de racismo y fervor antiinmigrante, un voluntario local de ayuda humanitaria fue declarado culpable de acusaciones federales de esparcir basura en un parque federal porque dejó botellas de un galón de agua en el Refugio Nacional de Fauna Silvestre Buenos Aires; el agua era para salvar la vida de inmigrantes indocumentados/as que atraviesan esta zona difícil y seca. Este “crimen” lleva una sentencia de hasta un año en la cárcel y una multa de $10.000.

El mensaje dado por el juez y los fiscales federales es claro: No trate de hacer algo, ni siquiera el acto más mínimo, para mostrar solidaridad con los/as inmigrantes.

Mientras continúa la crisis económica, el estado de Arizona está recortando los presupuestos de educación, salud, y todos los programas sociales. Además está eliminando los empleos de cientos de trabajadores/as del estado, del condado y de la ciudad. La introducción de legislación antiinmigrante y la instigación de sentimientos racistas que coinciden con la crisis económica son intentos de sembrar divisiones y miedo entre el pueblo para impedirle que se una.

Pero un movimiento de resistencia está creciendo, con jóvenes y mayores, estudiantes, maestros/as, trabajadores/as—negros/as, blancos/as, y latinos/as—uniéndose para exigir el fin del racismo y la persecución de inmigrantes.