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Asesinatos y terror

Tribunal en Colombia examina el papel de las compañías petroleras

Por Deirdre Griswold
Bogotá, Colombia

Lo más extraordinario sobre la situación política en Colombia no es solo el alto nivel de violencia auspiciada por el gobierno en contra de las organizaciones populares y sus líderes, sino el alto nivel de valor y resistencia que brota del pueblo que rehúsa ser abatido o intimidado, aún por los asesinos enmascarados que llegan por la noche.

Ese valor y esa resistencia estuvieron expuestos aquí por dos días, el 3 y 4 de agosto, cuando una sesión especial del Tribunal Permanente de los Pueblos escuchó testimonios sobre el papel jugado por las compañías petroleras europeas y estadounidenses en las campañas de terror en contra de [email protected] activistas sociales en Colombia.

Unas 800 personas de Bogotá, la capital, y de muchas áreas rurales se congregaron en un auditorio provisto por el sindicato de maestros, donde se escucharon dolorosos testimonios de parientes y [email protected] de activistas jóvenes y viejos que fueron asesinados por hablar sobre las condiciones en sus comunidades.

[email protected] de [email protected] testigos trataron de contener su llanto mientras relataban cómo los hombres armados entraban en la noche en busca de sus esposos, hijos y hermanos, cuyos cuerpos sin vida serían encontrados luego, muy a menudo mostrando horribles señas de tortura.

Una y otra vez [email protected] testigos describieron cómo el ejército colombiano y la policía local daban libre albedrío a los “paras”, algunos de los cuales trabajan como guardias de seguridad para las grandes compañía petroleras-la Occidental, la British Petroleum y la Repsol. Y señalaron directamente al gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, quien actualmente está tratando de desviar la ira popular reorganizando el comando militar, muchos de cuyos miembros han estado directamente implicados en los crímenes junto a paramilitares y narcotraficantes.

Tres autobuses llenos de habitantes de Arauca acudieron al tribunal. Arauca es una región al nordeste, muy rica en petróleo, fronteriza a Venezuela, donde la violencia ha sido particularmente feroz.

La cara de Alirio Martínez, un campesino de Arauca quien fuera asesinado hace tres años, sonreía al público desde una gigante pancarta colocada sobre el estrado. Detrás de él otros campesinos se veían llevando carteles con las consignas, “Arauca Vive,” y “Seguimos construyendo caminos de libertad.”

En un momento en el programa, un grupo de niñas y niños de Arauca, que estuvieron esperando pacientemente durante todo el día, tuvieron la oportunidad de bailar con precisión y gracia exuberante frente a la pancarta.

La energía de [email protected] jóvenes mostró que la campaña de terror contra la población local ha fracasado en quebrantar su espíritu. Aún [email protected] testigos que lloraron cuando dieron sus relatos, terminaban gritado consignas de lucha y optimismo.

El asesinato de Alirio Martínez

La ejecución de Alirio Martínez por soldados del gobierno en la mañana del 5 de agosto del 2004, fue solo uno más de los horribles crímenes traídos ante el tribunal, pero ilustra la base real del conflicto sangriento en Colombia, el cual lleva ya varias décadas.

Según la evidencia presentada al tribunal, Martínez, presidente de la Asociación de Usuarios Campesinos de Arauca, ADUC, había pasado la noche en casa de un amigo en la vereda de Caño Seco, en el pueblo de Saravena, luego de una reunión con líderes de grupos civiles, que evaluaban la situación regional con respecto a los derechos humanos y sociales.

También estuvieron presentes en la reunión el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas (ANTHOC), Jorge Prieto Chapucero; Leonel Goyeneche Goyeneche y María Raquel Castro, ambos miembros de la Asociación de Maestros de Arauca y la Central Unida de Trabajadores (CUT); y Samuel Morales Flórez, presidente de la CUT en Arauca.

Alrededor de las cinco de la mañana, tropas pertenecientes al grupo Revéis Pizarro, asignados a la Brigada 18 del Ejército Nacional, entraron a la casa donde la reunión tuvo lugar, rodeándola por completo.

Cerca de media hora después, varios soldados fueron a la casa de Jorge Prieto, donde Alirio Martínez dormía. Los soldados lo obligaron a él y a Goyeneche a arrodillarse a un lado de la casa, y les dispararon a muerte. Luego arrastraron sus cuerpos lejos de la casa, colocaron cerca unas armas pequeñas y dispararon algunos tiros para dar la impresión de que había ocurrido una pelea.

Luego llevaron los cuerpos por las calles para que todos los vieran, los pusieron en un helicóptero y los llevaron a los cuarteles del batallón. También arrestaron a Samuel Morales, Raquel Castro y María Constanza Jaimes, llevándoles también en el helicóptero.

Esta atrocidad se conoce como la Masacre de Caño Seco.

El gobierno la dio a conocer como una operación exitosa en contra de los insurgentes armados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC).

Samuel Morales, Raquel Castro y [email protected] líderes cívicos en la región fueron sentenciados a seis años de prisión por el crimen de “rebelión,” el cual también fue la excusa dada para la masacre.

Raquel Castro logró una libertad temprana y fue directamente al tribunal, donde ofreció testimonio de haber oído los disparos que mataron a sus amigos, y a los soldados preguntar exigiendo “¿dónde están las armas?”

“No había ninguna” dijo Castro. Agregando que cuando el helicóptero aterrizó en el cuartel, ella vio a soldados estadounidenses-”gringos”-con los colombianos.

“Todo esto está hecho para suprimir la lucha por los derechos humanos de las organizaciones cívicas, campesinas, obreras” agregó esta valiente maestra.

En una pared al lado del auditorio, una bandera leía, “La Verdad y la Justicia honrarán la memoria de nuestras víctimas”.

Griswold sirvió como co-jueza en el tribunal.

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