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NUEVA ORLEANS

El pueblo detiene a la ciudad en su plan de destruir el distrito ‘Lower 9th’

By LeiLani Dowell

En un evidente intento de excluir a personas pobres y negras de los planes de reedificación, cuatro meses después del Huracán Katrina, funcionarios de la ciudad de Nueva Orleáns procuran demoler los hogares del “Lower 9th” —un barrio de con centración negra en el área, y también uno de los lugares más pobres-aunque [email protected] residentes hayan sido incapaces de volver al área desde que el huracán golpeó.

Una declaración hecha por el colectivo “Common Ground” describe el área así: “El ‘Lower 9th’ personifica el corazón de una comunidad que evolucionó durante el tiempo, de familias afroamericanas de muchas generaciones, [email protected] residentes comparten lo que llega a ser cada vez mas escaso a través del país, una devoción y un orgullo por sus hogares y sus vecindarios.”

En enero 5, activistas de la comunidad y abogados del Fondo de Ayuda a Víctimas del Huracán (PHRF por sus siglas en inglés) protestaron por los planes que cursan en la alcaldía, los cuales son la demolición rápida del “Lower 9th”. El Fondo había recibido una información de que los funcionarios de la ciudad avanzaban con sus planes para demoler—en infracción de una orden temporaria dada el 28 de diciembre que prohibía la destrucción de los hogares hasta que se hiciera una revisión por el tribunal de distrito civil. La rápida respuesta de [email protected] activistas y abogados forzó la ciudad a retroceder, parando la demolición por ese día y concordando a una reunión al día siguiente con el Juez de distrito Martin Feldman.

En diciembre los abogados de la PHRF sometieron un pleito de clase contra la ciudad que llegó al tribunal federal esta semana. Ellos afirman en el pleito que la ciudad violaría el derecho que se tiene a un proceso legal si destruyen la propiedad sin notificar o buscar el permiso de sus propietarios. El juez emitió una orden de restricción que frena la demolición, en respuesta a este pleito y la ciudad ha acordado no derribar los hogares hasta que el tribunal federal vea el caso el 19 de enero.

Mientras tanto, reaccionando a la indignación pública por sus decisiones, el gobierno de la ciudad continúa hablando acerca de cuáles hogares han dispuesto para la demolición. Hace dos semanas, el Oficial de Tecnología Greg Meffert, del Departamento de la Seguridad y Permisos dijo que alrededor de 2.500 hogares serían derribados dentro de pocas semanas. En enero 5, la ciudad hizo pública una lista más pequeña, de 1.957 hogares en peligro inminente de desplome, sin embargo ese mismo día el Alcalde de Nueva Orleans, Ray Nagin dijo a la prensa que las autoridades planeaban proseguir con la demolición de menos de 100 de esas casas— “ésas que se destruirán, son aquellas que tienen daños severos.”

Meffert dijo a los concejales ese día que el número de casas era cerca de 120. De acuerdo al periódico Times Picayune “luego de él hablar, la abogada en jefe de la ciudad recordó a los concejales que una ley de la ciudad permite que las estructuras en peligro inminente de desplome sean derribadas sin el consentimiento o notificación a su dueño. Una portavoz de Nagin también dijo luego “que la ciudad no necesita un permiso del dueño para derribar algunos hogares.”

El papel de FEMA en la demolición

Parte de la prisa por derribar hogares, sin tener en cuenta a los propietarios que ya han sufrido tanto, es que la Agencia Federal de Administración de Emergen cias (FEMA por las siglas en inglés), ha puesto una fecha límite, el 30 de junio, para FEMA pagar por el costo total de la remoción de escombros.

La demolición de hogares en una de las áreas más pobres de la ciudad viene también a la vez cuando funcionarios del estado indican abiertamente que ellos no enfocarán sus esfuerzos en la recuper ación de esas áreas. En un artículo del 6 de enero, el New York Times informa que “funcionarios del estado advierten que algunos vecindarios en terrenos bajos puede que no tengan derecho a reedificarse con ayuda federal.” El artículo cita a Sean Reilly de la Autoridad de Recup eración de Louisiana diciendo, “Alguien tiene que ser duro, pararse, y decir la verdad. Cada vecindario en Nueva Orleáns no será capaz de regresar seguro y viable. La ARL habla la verdad con el dinero que controla.”

El artículo del Times dice que las autoridades acordaron no gastar dinero en reedificar lo que no se conforma con los mapas federales de inundación. Por esto, el costo de reconstruir para los que viven en áreas como el Lower 9th es muy alto, pues se tendría que construir por encima del nivel de inundación- lo cual aumentaría decenas de miles dólares, haciendo virtualmente imposible para familias de bajos ingresos reedificar su hogar.

Brandon Darby, de Common Ground y organizador del barrio, explica la realidad de la situación en una declaración: “ La Parroquia de Bernard está a menos de dos millas. Hay partes que se dañaron tanto como en el Lower 9th . ¿Por qué obtienen las comunidades predominantemente blancas remolques de FEMA y la libertad de decidir lo que sucede a su propiedad privada, cuando los residentes del Lower 9th predominantemente negros tienen a empresarios ricos que deciden acerca del futuro de sus hogares y comunidades?”

Los activistas de la comunidad y los abogados demandan que todos los residentes reciban notificación de la demolición, y que ninguna demolición prosiga a menos que los residentes den el permiso- “después que hayan tenido la oportunidad de evaluar su propiedad, y hayan podido tomar las decisiones acerca de cómo proceder,” según dice una declaración del Fondo de Ayuda.

Bill Quigley, un profesor de Leyes de la Universidad de Loyola que ayudó a preparar la demanda, expresó la determinación de los residentes en el Estándar Nuevo: “Si perdemos en el tribunal, usted sabe, las personas no pararán de resistir. Ellos tratarán y pararán las excavadoras por cualquier medio necesario.”


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