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Inmigrantes protestan por la licencia de manejar

Por Mary Owen
Jackson Heights, N.Y.

Un letrero hecho a mano que leía “El Derecho a Manejar es un Derecho Civil y un Derecho de Trabajadores Inmigrantes” captó el mensaje de una protesta aquí el 5 de marzo a la cual asistieron cientos de inmigrantes y sus [email protected] que vinieron de algunos de los barrios más étnicamente diversos de la ciudad de Nueva York.

Gritando “¿Qué queremos? ¡Licen cias! ¿Cuándo las queremos? ¡Ahora!”, [email protected] mani festantes desfilaron por tres horas por el barrio multinacional de Jackson Heights en Queens para demandar que el Gober nador George Pataki y el Departa men to de Vehículos Motorizados (DVM) del estado de Nueva York dejen de portarse como si fueran los ejecutores de las leyes de inmigración, al negarles las licencias de manejar que necesitan para trabajar.

El 17 de febrero, una juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Karen S. Smith, temporalmente prohibió al DVM de tomar medidas que podrían resultar en la suspensión de casi 300.000 licencias a inmigrantes en el estado que no tienen tarjeta de Seguro Social. Unas 7.000 licencias ya han sido suspendidas. La Jueza Smith dictaminó que [email protected] inmigrantes sufrirían un serio e injurioso daño como resultado de la injusta práctica del DVM. En una audiencia que tendrá lugar el 7 de abril, activistas para los derechos de inmigrantes tratarán de obligar a la corte a emitir un interdicto permanente contra la suspensión de licencias de manejar.

Consignas en español, coreano, bangla, urdu, hindi, cantonés, y otros idiomas resonaron mientras [email protected] manifestantes mar cha ban lentamente por las aceras estrechas después de que la policía les negó permiso para desfilar por la calle. Por toda la ruta, trabajadores y clientes se asomaban a las vidrieras de peluquerías, salones de belleza, restaurantes y otras tiendas del barrio—saludando a [email protected] manifestantes y abriendo las puertas para coger volantes.

La acción fue auspiciada por el Centro Hispano Cuzcatlán, Desis Rising Up and Moving (DRUM), New Immigrant Com munity Empowerment (NICE), y el New York Civic Participation Project (NYCPP), y respaldada por 40 sindicatos, grupos comunitarios y defensores de los derechos de inmigrantes—incluyendo el New York Taxi Workers Alliance, UNITE-HERE Local 100, SEIU-32BJ, y New York City Labor Against War (NYC Trabajadores Contra la Guerra).

“La política del DVM, incluyendo su colaboración con el Departamento de Seguridad de la Patria, para aprehender a inmigrantes, representa la parte local de una tendencia nacional de atacar los medios de vida de millones de trabajadores,” declaró Kavitha Pawria, una organizadora de política y leyes de DRUM.

Repartidores, taxistas, y otros que necesitan una licencia para trabajar, y sus familias, están sufriendo como resultado de la política del DVM. Durante la manifestación final, [email protected] manifestantes guardaron dos minutos de silencio para Mirza Panir, un taxista bangladeshi indocumentado que murió de un ataque cardíaco inducido por el estrés cuando fue detenido por la seguridad en el Aeropuerto LaGuardia hace dos semanas.

Uno de los organizadores de la protesta no pudo asistir a la acción porque se le quitó la licencia, luego perdió su trabajo como repartidor, y tuvo que mudarse ese día. Un niño pequeño llevaba un letrero hecho de una caja de pizza que decía: “Por favor, permita a mi papá llevarme a la escuela.”

“Gente de todos los grupos de inmigrantes se están uniendo de una manera muy histórica para decir que esta política tiene un impacto negativo sobre las familias de [email protected], sobre las vidas y comunidades dónde vivimos y trabajamos irrespectivamente de la condición inmigratoria ni del país de procedencia,” dijo Zahida Pirani, una organizadora comunitaria del NYCPP.

Miguel Ramírez del Centro Hispano Cuzcatlán estuvo de acuerdo: “Éste es un evento histórico porque gente de muchas comunidades inmigrantes en Queens se han unido por primera vez en torno a una cuestión que tenemos en común.”

Shirley Lin de NICE demandó que los políticos elegidos, Gobernador Pataki y el DVM “implementen una solución que reconozca nuestros derechos”.


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