La lucha indígena sacude al Perú

El 5 de junio el presidente peruano Alan García desató sus fuertemente armadas fuerzas represivas en contra de los/as indígenas en la región amazónica del país. El pueblo indígena ha estado defendiendo esos enormes recursos naturales en contra de la voracidad de las corporaciones transnacionales.

Irónicamente, ese mismo día había sido designado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Mundial del Medioambiente para motivar concientización sobre los problemas medioambientales y promover alguna acción política.

Los ataques ocurrieron en la Curva del Diablo, una sección de la carretera que une la selva con la parte norte del país. Por 10 días, miles de indígenas Awajún y Wampis habían estado ocupando y obstruyendo el camino para poner presión sobre el gobierno.

Al amanecer, tres helicópteros de la Policía Nacional de Perú volaron sobre la región lanzando gases lacrimógenos y disparando contra la multitud indefensa. Al mismo tiempo en tierra, la policía le disparaba con rifles. Hasta hoy aún no se sabe el número exacto de víctimas. La prensa capitalista, la cual ha sido hostil hacia los/as indígenas y leal al gobierno, repitió las acusaciones de García diciendo que los indígenas son “terroristas” reportando que han asesinado a 24 oficiales de la policía, mientras que sólo 9 indígenas han muerto.

Sin embargo, un reporte que contradice esa aseveración apareció el 13 de junio en la revista virtual Lucha Indígena editada por Hugo Blanco, de una persona que estaba en Baguá, el lugar de la masacre. El reporte refleja lo que muchas fuentes dicen en el área. “Los cadáveres de los nativos quedaron regados por toda la carretera próxima y en las inmediaciones de la Curva del Diablo, la policía tomó el control, de inmediato se declaró el toque de queda, empezó el apilamiento de los cadáveres, la cremación en plena carretera, otros fueron traslados a lugares no determinados, ni ubicados, embolsados y trasladados a los helicópteros de la policía que en un número de hasta tres apoyaron el operativo. Muchos de estos cadáveres de humildes peruanos fueron arrojados a los ríos Marañón y Utcubamba, los mestizos de Bagua Chica y Bagua Grande estiman en un mínimo de 200 a 300 muertos de civiles”. (www.luchaindigena.com)

Aunque la policía rehusó dejar entrar a periodistas, familiares y a otras personas indígenas al área, una gran cantidad de información ha sido diseminada por fuentes alternativas, incluyendo periodistas belgas que estaban presentes. Mucha de la información se puede ver en YouTube que ha sido circulado por todo el mundo.

¿Qué causó la masacre?

El 9 de abril, luego de infructuosos intentos de negociar con el gobierno, la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, (AIDESEP), organización que representa a 300.000 indígenas y 1.350 comunidades, comenzó a movilizar al pueblo amazónico. La cuestión central era la implementación por el gobierno de varias leyes que los/as indígenas dicen que privatizarían y pondrían en peligro al Amazonas y los medios de sustento de numerosas comunidades nativas.

Comenzaron a ocupar carreteras, aeropuertos pequeños, oleoductos y gasoductos e interrumpiendo el transporte en los ríos. Estas acciones efectivamente paralizaron la región y obstruyeron la producción y el transporte de hidrocarburos en el área.

El pueblo amazónico exigía en particular la derogación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos, decretos número 1090 y 1064.

Estas leyes abrirían la zona amazónica a un aumento en la explotación de minerales, petróleo, gas y madera.

Para poner todo esto en su contexto hay que notar que el pueblo peruano de la región amazónica conforma un 11 por ciento de la población total. Reside en el norte, centro y sureste del país, en la más grande de las tres zonas ricas en recursos naturales del país. Estas leyes fueron impuestas ilegalmente. Las leyes tanto del Perú como de la ONU para la protección de los pueblos indígenas, requieren que cualquier regulación que pueda afectar a sus comunidades tiene que ser negociada con anticipación con esas comunidades.

En vez de negociar, el Presidente García impuso los decretos para satisfacer los requisitos del Tratado de Libre Comercio del Perú con los EEUU. Este acuerdo, denominado el Tratado de Promoción de Comercio entre Perú y EEUU (PTPA por las siglas en inglés) fue firmado en 2006 y entró en vigor el 1ro de febrero. El lugar en la red (Web) de la PTPA dice que este acuerdo va a “resultar en una significativa liberalización del comercio de productos y servicios entre los EEUU y Perú. ... Perú de inmediato eliminó la mayoría de sus aranceles sobre las exportaciones de los EEUU. ... [El acuerdo también] incluye disciplinas importantes en relación a... la facilitación del comercio, barreras técnicas al comercio, compras del gobierno, servicios, inversiones, telecomunicaciones, comercio electrónico, derechos de propiedad intelectual, y protección laboral y del ambiente”. (www.ustr.gov/trade-agreements)

Solidaridad forzó concesiones

Una abundante expresión de solidaridad con la lucha indígena se dio por medio de declaraciones escritas y de manifestaciones. Este apoyo de todos los sectores sociales organizados y partidos progresistas no sólo en Perú sino internacionalmente, forzó una concesión del gobierno de García. En la noche del 15 de junio fue anunciado que el gobierno tomaría medidas al día siguiente para derogar los decretos 1090 y 1064.

En reacción a esta noticia, la presidenta interina de la AIDESEP, Daysi Zapata, declaró que “es una reacción tardía del Ejecutivo... debemos ver realidades. ... los pueblos ya están cansados de promesas... existe tanta desconfianza”. Ella exigió el fin a la persecución de los cuatro líderes de la organización y la terminación del estado de sitio en Bagua. Zapata ha estado a la cabeza de la organización desde el 9 de junio cuando su presidente, Alberto Pizango, tuvo que pedir asilo político en la embajada de Nicaragua por haber recibido amenazas de muerte.

Tal vez la decisión del gobierno estuvo influenciada por las muchas demandas de que García y toda su administración renuncien. El surgimiento generalizado de movilizaciones en apoyo al pueblo amazónico alrededor del país es algo que nunca ha sucedido. Es probable que García piense que la derogación de las leyes, si de verdad ocurre, lo va a exculpar a él. Sin embargo, las protestas siguen aumentando diariamente.

Un artículo de Carlos Quiroz, un bloguero bilingüe basado en Washington que está en comunicación constante con las organizaciones peruanas, informó sobre una entrevista con Zapata la noche del lunes después de que se supo la decisión del gobierno. Dice Zapata: “Nos quieren callar encarcelándonos, pero eso es inútil porque cuando se encarcela un líder, muchos líderes más surgirán”. Refiriéndose al carácter masivo de las protestas, dijo: “No hay ninguna región quieta; se están manifestando pidiendo justicia por las muertes de nuestros hermanos y hermanas en Bagua y para la derogación de los decretos de García que son tan negativos para nuestra gente indígena”.

Quiroz menciona en ese mismo artículo que “el líder indígena Miguel Palacín me había dicho que [una nueva constitución] es una de las metas ahora del movimiento indígena, siguiendo los ejemplos de nuestros países vecinos, Ecuador y Bolivia”. (peruanista.blogspot.com)

Los levantamientos indígenas en esos dos países resultaron en la eliminación de gobiernos derechistas neoliberales y la instalación de presidentes progresistas que luego, con las ideas y contribuciones de sus pueblos, crearon constituciones nuevas. ¿Sucederá lo mismo en Perú?

Correo electrónico: [email protected]. El próximo artículo: ¿Quién es Alan García? El silencio de Washington.