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El porqué activistas inmigrantes se oponen a la nueva ley

Por Arturo J. Pérez Saad

El Congreso de los Estados Unidos está discutiendo el nuevo proyecto de ley referente a la inmigración. Este proyecto tiene el respaldo del presidente George Bush y de los principales grupos en ambos partidos, Demócrata y Republicano. Este nuevo proyecto de ley se ha presentado como “una gran concesión” para regular la inmigración y estabilizar la situación para l@s trabajador@s inmigrantes y los empresarios.

Es cierto que los testarudos reaccionarios en el Congreso se oponen al proyecto. Estos racistas muestran abiertamente su hostilidad hacia tod@s l@s inmigrantes que no tienen documentos y hacen convocaciones chauvinistas a l@s ciudadan@s estadounidenses. Por supuesto que hay que contestar a todos los políticos y comentaristas fanáticos y racistas–de quienes Lou Dobbs es el ejemplo mejor conocido. Se les debe contestar, oponer y protestar.

Pero lo que ahora es importante estudiar y lo que este artículo expondrá, es que much@s en el movimiento pro inmigrante de aquí también encuentran que este proyecto es totalmente inadecuado para las necesidades de l@s inmigrantes. Much@s activistas lo consideran como una violación a los derechos de l@s inmigrantes.

Lo que propone el proyecto de ley

Si esta propuesta de ley bipartita se convierte en ley, cambiaría fundamentalmente todas las leyes migratorias que han estado vigente desde el 1965 a leyes en pro de las corporaciones y en contra de l@s trabajador@s. Aunque este proyecto promete “amnistía” o “legalización” para l@s inmigrantes, exige primero que se cumplan estos puntos principales:

Primero, la militarización de la frontera sureña con 18.000 soldados o personal de patrullas. Si se aplican los estándares internacionales, este despliegue militar parecería un acto de guerra. La más reciente tecnología sería empleada para detener a l@s campesin@s y trabajador@s que emigran de sus países y tratan de cruzar la frontera hacia el norte en busca de trabajo. Y por supuesto la tecnología también mantendría información sobre quién llega por avión de otras regiones del mundo.

Segundo, la construcción de una pared estilo ‘apartheid’ de 370 millas en la frontera con México. Esta pared forzaría a l@s trabajador@s inmigrantes intentar entrar por otros terrenos más peligrosos. La tasa actual de mortandad de l@s inmigrantes que según algunos reportes es de una persona muerta por día, sin duda alguna aumentaría.

Tercero, la construcción de 20 campamentos adicionales de concentración o centros de detención, los cuales podrían alojar a más de 25.000 inmigrantes por día. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos—bajo la presidencia democrática de Franklin Roosevelt—llevó a cabo un programa de desalojo y encarcelamiento contra toda persona de descendencia japonesa ubicándola en campos de concentración.

Después de que los tres objetivos estén logrados, el/la trabajador/a indocumentad@ puede entonces solicitar la visa temporal de categoría “Z” por cuatro años. El/la trabajador/a tiene que pagar $5.000 para iniciar el proceso. En el momento de renovarla, ella o él tendría que volver a solicitarla, pagar otra multa, salir del país, solicitarla de nuevo desde el país natal y entonces pagar una multa adicional. El precio, de por lo menos $10.500, excluyendo los costos legales, no garantiza nada.

En ninguna parte aparece que el desempleo en los países de origen de est@s trabajador@s estuvo causado por las políticas neoliberales impuestas por Washington. Éstas políticas han resultado en un aumento de la pobreza y en más migración desde los países donde los acuerdos de libre comercio están en vigor.

El 30 de julio, las cuotas para solicitar un cambio del estatus van a subir drásticamente hasta tres veces el nivel actual como resultado del recorte por el gobierno de los programas sociales para poder pagar los gastos de la guerra. ¿Quién puede pagar esas cuotas? ¿Será cierto que el gobierno quiere reconocer los derechos de l@s inmigrantes que ya están en este país? ¿O querrá simplemente permitir la entrada de una fuerza laboral más grande que no tendría otra opción que la de trabajar sin derechos, como “trabajador@s invitad@s”?

Esta no sería la primera vez. Durante los años de 1940 hasta los sesenta, el programa de “Braceros” importó desde México a “trabajador@s sin destrezas” para trabajar en el sector agrícola bajo condiciones de esclavitud, sin derechos y con salarios bajísimos–algun@s incluso no recibieron salario alguno. Entonces, el gobierno de los EEUU l@s devolvió a su país. Much@s de aquell@s que no fueron compensados por su trabajo durante esa época protestaron el Primero de Mayo del año pasado en el lado mexicano de la frontera en solidaridad con l@s trabajador@s indocumentad@s que están actualmente en los EEUU. Est@s trabajador@s han seguido presionando al gobierno de los EEUU para que les otorguen una compensación justa.

Es irónico que en el mes de mayo, mientras el proyecto de ley estaba bajo consideración, Luis Posada Carriles, agente de la CIA y terrorista por él mismo reconocido, fue excarcelado después de haber estado detenido por haber entrado al país y haberse quedado sin documentos desde 2005. El mensaje aquí es que si se es terrorista partidario de los EEUU, se queda impune, no importa si tiene la documentación correcta o no.

El diablo está en los detalles

Hay muchas otras provisiones macabras en la propuesta de ley, incluso una que autoriza a las agencias estatales para que funcionen como agencias policiales fronterizas, un bio-chip electrónico obligatorio para la identificación, la casi inevitable separación de la familia, un sistema de puntos, y la llamada “Ley de Sueño”. Esta última permitiría a l@s hij@s de trabajador@s indocumentad@s el acceso a 720 días de educación universitaria o al servicio militar. Como las fuerzas militares de los EEUU están sobre-extendidas en medio de un aumento de las tropas en Irak, el Pentágono ve a est@s jóvenes como potencial carne de cañón.

En suma, esta ley de “gran concesión” está lejos de ser “amnistía” o “legalización”. Esta ley crearía una clase marginada permanente de trabajador@s que sería excluida permanentemente de la oportunidad de obtener un estado legal. Puesto que solo legalizaría a quienes tengan rango académico o destrezas especiales, promovería una fuga de cerebros de los países en camino a desarrollarse. También le hará más fácil a l@s inmigrantes de otros países imperialistas en el hemisferio norte venir a los Estados Unidos.

En los años 80, el gobierno estadounidense hizo maniobras semejantes respecto a l@s inmigrantes y pasó finalmente el Acta de Control de Inmigración y Reforma (ACIR) conocida como la “Gran Amnistía” de 1986. Aunque la ACIR legalizó a 2,7 millones de trabajador@s indocumentad@s, dejó fuera a más de 1,5 millones, penalizó a l@s trabajador@s indocumentad@s con multas considerables y criminalizó el emplearles, aunque en realidad las sanciones contra las empresas nunca se realizaron.

La administración de Bush depende del ambiente político actual de miedo, llevado a cabo por las diarias redadas terroristas contra comunidades de inmigrantes, para impedir una lucha progresista contra la nueva ley. Pero el deseo de las masas es seguir luchando.

El día en que fue anunciada “la gran concesión”, el 17 de mayo, más de 30.000 inmigrantes y personas solidarias, se manifestaron en Los Ángeles, demandando la renuncia del jefe de la policía, William J. Bratton, una investigación completa del Departamento de la Policía de Los Ángeles debido a los ataques del 1º de mayo en MacArthur Park, y “legalización ahora”. Parece que el movimiento pro inmigrante se ha dado cuenta que la única manera en que se ha ganado justicia ha sido en las calles.

El Congreso está en receso hasta el 4 de junio y la camarilla de cabilderos del capital financiero se está poniendo en posición y examinando esas partes de la legislación propuesta que vayan a responsabilizar al patrono e impedirle que super-explote a l@s trabajador@s. Pero como dijo entonces Frederick Douglass, líder libertador afroamericano del siglo XIX: “El poder no concede nada si no se demanda. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará.”

Como fue mostrado por las protestas masivas el 1º de mayo, grandes sectores de la comunidad inmigrante saben que la protesta en las calles es lo que logrará la derrota de esta ley y ganará todos los derechos para l@s inmigrantes.


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