Protestas exponen trato inhumano de inmigrantes

Por Dianne Mathiowetz
Lumpkin, Ga.

El 14 de abril, las organizaciones “Prison and Jail Project” basada en Americus y Alterna, organización comunitaria de LaGrange, ambas en el estado de Georgia, tuvieron una marcha de protesta a la entrada del Centro de Detención de Stewart County en Lumpkin en Georgia.

Comenzando en la plaza de la corte, unas 40 personas, incluyendo niñ@s pequeños y dos personas en silla de ruedas, portaban carteles y mantas denunciando la política represiva del gobierno hacia l@s trabajador@s inmigrantes y sus familias.

L@s orador@s declararon frente a las puertas del centro su solidaridad con l@s detenid@s. Joseph Wiley Jr., abogado residente en Columbus, quien fue al centro de detención después de la protesta para reunirse con sus clientes, prometió hacerles saber de la protesta en apoyo a sus derechos humanos.

Lumpkin, el centro del condado Stewart, fue llamado así en honor a Wilson Lumpkin, un gobernador y congresista de Georgia en el siglo 19. Lumpkin, quien también fuera senador, estaba identificado en los libros de historia como un protector de los “derechos estatales” y de “la expulsión de los indios”.

Localizado a unas 30 millas al sur de Columbus, la población de Lumpkin es de 1.265 residentes con una población 70% africana-americana. Según las cifras gubernamentales más recientes casi el 27% de sus residentes viven en la pobreza. En la población menor de 18 años, cerca del 36% son pobres.

En 1999, la “Corrections Corporation of America” (CCA), la empresa más grande propietaria y que opera las prisiones privadas, escogió a Lumpkin como el sitio para la construcción de una prisión de seguridad mediana de 1.524 camas. La CCA maneja 65 prisiones en 20 estados y en el Distrito de Columbia con una capacidad total de alojar 72.500 prisioneros. La terminación de la construcción del proyecto gigantesco a un costo de $45 millones de dólares, fue detenida por varios años mientras la CCA buscaba una agencia gubernamental que llenara las celdas con un amplio margen de ganancias.

En el otoño del 2006, este centro de detención comenzó a operar como centro de inmigración y aduanas (ICE por las siglas en inglés). Cuando comenzaron a través del país las redadas en los centros de trabajo por agentes armados de inmigración, much@s de l@s arrestad@s terminaron en esta prisión que está rodeada de alambres de púas, situada en medio de un inmenso campo, a una milla aproximadamente de la próxima población rural de Georgia.

El único abogado en el área es el alcalde de Lumpkin, “Ed” Cannington Jr. quien fue elegido en 1979. Allí no hay ninguna población latina o asiática. El abogado de inmigración más cercano está en Columbus. La mayoría de la asistencia legal viene desde Atlanta a casi tres horas de viaje por automóvil.

A fines de marzo del 2007, la oficina general del consulado de El Salvador en Atlanta comenzó a recibir cientos de llamadas de detenid@s sobre las condiciones deplorables en Stewart.

Quienes llamaron dijeron que un@s 1.000 inmigrantes llevaban a cabo una huelga de hambre de dos días para protestar por la falta de cuidado médico, la mala comida, el acceso limitado o inexistente de abogados, los castigos excesivos y la restricción de contacto con las familias.

La edición del 22 de marzo del periódico Atlanta Latino publicó la historia y dio voz a la lucha de l@s inmigrantes que ocurría tan lejos de cualquier centro poblado.

Miembros del equipo del Cónsul General Asdrúbal Aguilar entrevistaron a decenas de detenid@s incluyendo a Guillermo Antonio Carpio de 70 años de edad quien tiene VIH, Parkinson y diabetes. Él habló de la falta de cuidado médico y comida adecuada. Pasan días antes de que las personas detenidas reciban atención médica o medicamentos. Porque la mayoría fue arrestada en sus lugares de trabajo, no llevaban consigo una dosis completa de sus medicamentos, y mucho menos los documentos con sus historiales médicos.

Muy pocos de los 311 empleados de la cárcel hablan español y la comunicación con l@s más de 100 detenid@s de países asiáticos es aún más problemática.

José Saúl Hernández Arqueta dijo a los investigadores que él y su esposa fueron arrestados en octubre de 2006 en una redada en una planta empacadora de carne en Houston. Su hijo de 8 años de edad estaba en la escuela y se quedó solo. Unos familiares lo cuidaron pero no sabían de su condición médica. El niño falleció por un ataque de asma. El angustiado padre dijo, “mi esposa se encuentra actualmente en una prisión inmigratoria en Texas y no sé si ella siquiera sabe lo que le ha pasado a nuestro hijo”.

Entre los más de 1.200 detenidos en el centro hasta la fecha, algunos son ex trabajadores de la planta procesadora de carne de la Swift en Marshalltown del estado de Iowa, quienes fueron arrestados el 12 de diciembre de 2006 cuando las redadas por agentes del ICE se llevaron a cabo en 6 estados y detuvieron 1.300 personas acusándolas de violaciones migratorias.

En la prisión también están trabajador@s de la planta de procesamiento de carne de cerdo Smithfield en Tar Heel, del estado de Carolina del Norte, lugar de una fuerte campaña de organización sindical.

Después de la huelga de hambre, todas las mujeres fueron reubicadas al Centro de Detención del Condado de Etowah en Gadsden estado de Alabama.

La escritora habló en un mitin en representación al Centro de Acción Internacional.