Occidental Petroleum, BP y Repsol
Empresas petroleras detrás de la violencia en Colombia
Segundo parte
Por Deirdre Griswold Bogotá, Colombia
En abril del año pasado, el Tribunal Permanente de los Pueblos
comenzó una serie de investigaciones sobre el papel de las corporaciones
transnacionales en las violaciones de los derechos humanos en Colombia.
Las tres primeras audiencias, que se llevaron a cabo en tres ciudades de
Colombia, se enfocaron en 1) cómo los negocios agrícolas
foráneos han afectado a l@s campesin@s y al pueblo indígena; 2) el
papel jugado por las empresas mineras, y 3) el impacto del desarrollo
controlado por las transnacionales sobre la biodiversidad y el
medioambiente.
El 3 y 4 de agosto de este año, el tribunal se reunió una vez
más, esta vez en Bogotá, la capital, y escuchó testimonios sobre
el régimen de terror en esas zonas de Colombia donde las empresas
petroleras gigantescas han hecho grandes inversiones y están chupando
ganancias aún más grandes del “oro negro” que yace debajo
del suelo.
Como describimos en nuestro primer artículo, decenas de personas
enfrentaron el gran riesgo de describir en detalle a una audiencia en el
sindicato de maestros, cómo sus seres queridos y sus camaradas fueron
arrastrados en la noche y ejecutados por ningún crimen sino el de haber
servido como líderes y activistas de organizaciones civiles: de
sindicatos, de campesinos, de cooperativos rurales y de asociaciones del pueblo
indígena.
Una acusación punzante
Cuando terminó, los jueces y co-jueces publicaron una punzante
acusación del gobierno y la institución castrense, de las empresas
petroleras a cuyos intereses sirven, y del gobierno de los Estados Unidos por
permitir que sigan estos crímenes con impunidad.
El Tribunal Permanente de los Pueblos está basado en Roma y ha existido
desde 1979. Los jueces presidiendo en esta sesión fueron el profesor de
derecho Dalmo de Abreu Dallari de Brasil, un miembro de la Comisión
Internacional de Juristas; Marcelo Ferreira, profesor de derechos humanos en la
Universidad de Buenos Aires; y Antonio Pigrau Solé, profesor de ley
pública internacional de la Universidad de Tarragona en Cataluña, en
el estado español.
Les ayudaron cinco co-jueces: Natividad Almárcegui, maestro en el
sindicato de la Confederación General de Trabajadores (CGT) de
España; Domingo Ankwash, presidente de la Confederación de
Nacionalidades de la Amazonía de Indígenas Ecuatorianas (CONFENAIE);
Deirdre Griswold, una miembra del primer Tribunal Internacional sobre
Crímenes de Guerra en 1967, que representó al Centro de Acción
Internacional de los Estados Unidos; Ralf Haussler-Ebert, teólogo luterano
de Alemania; e Ivonne Yáñez, ecologista ecuatoriana, y coordinadora
en América del Sur del grupo Oilwatch.
Esta serie de audiencias se enfocó en el papel jugado por la gigantesca
Occidental Petroleum de los EE.UU., British Petroleum, y Repsol, una empresa
petrolera española. Después de escuchar a docenas de testigos
presenciales de crímenes patrocinados por el estado y de expertos en
derechos humanos, y haber recibido por escrito un acaudalado informe de
investigaciones sobre la conducta de esas empresas, l@s miembros del tribunal,
al final dieron una opinión detallada pero preliminar. La opinión
final basada en las cuatro sesiones del tribunal estará disponible a
finales de este año.
Los jueces estuvieron de acuerdo con que las tres compañías
están siguiendo una política similar en Colombia, la cual es el
“saqueo de los recursos naturales y la violencia sistemática contra
la población. Esto ha involucrado la destrucción del tejido social,
asesinatos y persecuciones contra líderes populares, así como
violaciones de los derechos humanos de la mayoría y la destrucción de
grupos indígenas”.
El documento resumió los testimonios que habían sido presentados:
“Según las acusaciones, los abusos de estas empresas, que tienen por
intención ejercer control sobre la población y evitar cualquier
resistencia a sus actividades, han utilizado una combinación de
estrategias, entre ellas, presiones al estado para que lleve a cabo
políticas que les beneficie, como por ejemplo el minimizar la
regulación por parte del estado, flexibilidad en los contratos,
privatización de compañías de energía, el otorgar ventajas
financieras, y la entrega de más reservas petroleras y de gas; además
está la militarización de la vida social, profundizada por la
aplicación del Plan Colombia y el apoyo directo dado por las empresas
petroleras a las fuerzas armadas, legales e ilegales, y la promoción de la
corrupción”.
Plan Colombia es el acuerdo entre Wash- ington y Bogotá que ha volcado mil
millones de dólares a las FFAA de Colombia, todo en el nombre de la
“guerra contra las drogas”. Vastas zonas rurales han sido
“fumigados” es decir, rociadas con químicos tóxicos, un
método que no distingue entre plantas de coca y maizales de una
familia.
El tribunal vio un documental conmovedor sobre los efectos de esas
“fumigaciones”, que deja a la gente con ronchas y lesiones en
comunidades donde hay pocos recursos médicos para curarles o bregar con
los posibles efectos nocivos a largo plazo.
Desde que comenzaron los asesinatos y las fumigaciones, muchas familias de
campesin@s colombian@s empobrecidos, que se han vuelto refugiad@s por las
políticas de su propio gobierno, han huido al país vecino, Venezuela.
Gran parte de sus terrenos han sido ya convertidos para cultivos destinados a
la venta.
El tribunal determinó que el gobierno de Colombia había
“criminalizado” la protesta social por medio de detenciones
arbitrarias y masivas bajo la acusación de “rebelión”. A
la vez ha fallado en procesar a las autoridades responsables por crímenes
atroces como el secuestro, la tortura y el asesinato.
Uno de los que rindió testimonio, Gustavo Petro, es un senador de la
oposición en el Congreso de Colombia. Él describió a la gente
detrás de los asesinatos como “aquellos que se visten de senador por
la mañana, comercian cocaína por la tarde y dan órdenes a los
paramilitares por la noche”.
El tribunal concluyó que los paramilitares “han podido contar con el
apoyo sin límites de los poderes económicos y
políticos”.
Papel especial de los EEUU
Al determinar la responsabilidad por las violaciones generalizadas de los
derechos humanos en Colombia, el tribunal determinó que, además del
estado colombiano y las empresas petroleras, el gobierno de los EEUU
también ha jugado un papel muy especial, “defendiendo su presunto
derecho a intervenir en cualquier país para preservar sus intereses de
seguridad, incluyendo el acceso a las fuentes de petróleo, y habiendo
contribuido decisivamente por medio de planes concretos, recursos humanos,
entrenamiento y financiamiento a la militarización extrema que rodea la
explotación del petróleo en Colombia, como ha hecho en otras partes
del planeta, con consecuencias nefastas para la población
civil”.
No pareció que hubo reportaje noticiero alguno del tribunal en los medios
masivos de comunicación en Colombia, a pesar de que asistieron reporteros
europeos y asiáticos (al igual que esta reportera de los EEUU). Sin
embargo, esto no significa que el gobierno colombiano no estuviera prestando
atención a este evento.
En un momento dado, mientras que un hijo y una hija del líder de los
trabajadores petroleros Marco Chacón de Barranquilla estaban testificando
sobre cómo su padre había sido asesinado, policías vestidos de
civiles irrumpieron forzosamente en el auditorio y se pararon en el escenario,
enfrentando a la audiencia, portando ametralladoras AK-47. Luego de las
protestas de los organizadores, finalmente se fueron, diciendo que habían
venido “porque el senador iba a hablar”, algo que el senador no
había pedido.
Ahora que el tribunal y l@s much@s valientes testigos hicieron su trabajo,
queda que los movimientos progresistas, especialmente de l@s trabajador@s que
cada vez más son explotad@s por las transnacionales dondequiera que
estén, traigan la solidaridad internacional en contra de estas
corporaciones monstruosas y sus sirvientes en el estado.
Deirdre Griswold fue una de los co-jueces en el tribunal.
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