Masivas protestas sobre la educación estremecen Colombia

Las masivas protestas que comenzaron el 23 de mayo, culminaron el 30 de mayo en la movilización nacional más grande en la historia reciente de Colombia. En Bogotá, más de 220.000 personas marcharon en esa capital, cerrando exitosamente la transportación por algunas horas. Alrededor de la nación, l@s estudiantes ocuparon más de 300 colegios—sólo en Bogotá cerraron 130—defendiendo el derecho a una educación pública a bajo costo; cientos de miles protestaron en toda la nación.

Desde el Primero de Mayo, día que l@s trabajador@s celebran en todo el mundo, Colombia ha estado bajo un estado de convulsión. El sufrimiento de las masas populares en ese país es muy difícil de imaginar. Aún así, a pesar de las masacres, los desplazamientos, los asesinatos selectivos, los arrestos y detenciones masivas, la represión general y la siempre presente amenaza de los paramilitares, el movimiento sindical y social mantiene la lucha a pesar de todos estos obstáculos, forzando su agenda progresista.

El Presidente Álvaro Uribe con su recién propuesto Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Proyecto de Ley de Transferencias, (PLT) ha provocado la ira e indignación particularmente de maestr@s, estudiantes y trabajador@s de colegios y universidades, quienes han estado en un estado permanente de movilización en oposición a las medidas desde el 23 de mayo.

El PND—que es básicamente el plan financiero para la nación hasta el año 2010—dicta que las escuelas y universidades deben pagar a l@s jubilad@s de sus propios presupuestos, dando así fin a los subsidios gubernamentales. El PLT reducirá la cantidad de dinero que el gobierno federal da a la educación y a los servicios de salud. El sistema de educación en Colombia es ya precario y estas medidas contribuirán a la decadencia de estos vitales servicios.

Los analistas en Colombia dicen que estas medidas prepararán el camino hacia la privatización de la educación y la salud y consecuentemente el fin al acceso a estos servicios para las familias pobres quienes son parte de la mayoría de la población.

El Plan Colombia, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y la infiltración de los paramilitares en el gobierno local y nacional ya han producido una gran oposición de las masas. Ahora este nuevo ataque contra la educación ha agregado una nueva capa de activismo.

Las acciones y asambleas de maestr@s y estudiantes que se estaban celebrando en toda la nación culminaron el 23 de mayo tornándose en un nuevo descontento social en Colombia. La Central Unida de Trabajadores (CUT), el partido de oposición de centro izquierda en el Congreso Colombiano—el Polo Democrático Alternativo—y la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), entre otros, convocaron a una huelga nacional del 23 de mayo en contra de las políticas de Uribe, incluyendo el PND y el PLT.

Ese día l@s maestr@s de primaria y secundaria iniciaron una huelga que duró hasta el 1º de junio. Las acciones del 23 de mayo también exigieron una solución política y no militar al conflicto interno armado, el rechazo a la privatización de la industria petrolera (ECOPETROL), y por la verdad y justicia en el escandaloso caso de los lazos entre políticos y paramilitares.

Sólo en Bogotá 42.000 personas marcharon el 23 de mayo. Estudiantes, maestr@s, trabajador@s, jubilad@s, la comunidad indígena y la comunidad afrocolombiana, campesin@s, mujeres, y muchos otros sectores entre l@s trabajador@a pobres marcharon por más de seis horas por las calles capitalinas.

En la mayoría del país las escuelas quedaron paralizadas, con marchas y otras acciones en Medellín, Manizales, Pereira y Pasto incluyendo bloqueos de carreteras en otras partes. Telesur reportó ese día que en la muy pobre región occidental del Chocó, fronteriza a Panamá, “las comunidades indígenas cerraron la ruta Medellín-Quibdó y demandaron la presencia de organismos de control como la Defensoría Pública y la oficina del fiscal para que sus demandas, especialmente las demandas sociales, sean cumplidas”.

Maestr@s y estudiantes tuvieron asambleas y acciones diversas a nivel nacional después del 23 de mayo. El movimiento estudiantil se unió y formó un frente unido en defensa de la educación pública, llamando a la ocupación de universidades y otro día de manifestaciones nacionales para el 30 de mayo.

La reacción del gobierno hasta ahora ha sido la de de proceder con el PND y el PLT, cerrar la Universidad Nacional en Bogotá y utilizar a la policía antimotín, la ESMAD, en contra del estudiantado en algunas ciudades. Alrededor de 100 agentes de la ESMAD invadieron violentamente la Universidad de Caldas en la madrugada del 5 de junio rompiendo puertas, lanzando gases lacrimógenos y tirando perdigones a l@s 200 estudiantes que ocupaban el campo universitario. L@s estudiantes reaccionaron lanzando piedras a la policía, la cual arrestó a 22 estudiantes. El 11 de junio, la Federación Estudiantil de la Universidad Caldas difundió una declaración en el Internet pidiendo solidaridad.

Esta represión no ha disminuido el espíritu de lucha de l@s estudiantes ni de las masas. Las acciones siguen alrededor de Colombia y un llamado a la “ocupación de Bogotá” ha sido hecho para el 13 de junio.

El papel de los EEUU y los medios corporativos

Los medios de comunicación capitalista en los EEUU han comenzado finalmente a reportar sobre el escándalo colombiano de la “parapolítica” –la infiltración paramilitar del Congreso Nacional y las presuntas conexiones entre los paramilitares y Uribe. Esto es una señal de que un sector de la clase dominante en Colombia y en los EEUU también está intentando distanciarse del régimen de corte fascista de Uribe. El Congreso de los EEUU captó esta señal y está al menos, demorando su voto por el TLC con Colombia, basando esta demora en los notorios abusos de ese país contra los derechos humanos.

Sin embargo, ni siquiera un solo artículo ha sido publicado por los medios corporativos de comunicación de los EEUU sobre las importantes huelgas y las grandes manifestaciones de estudiantes y trabajador@s. Aparentemente estos medios comunicativos han decidido que la publicidad de la resistencia popular en contra de un aliado capitalista de los EEUU, aunque sea el gobierno de Uribe, es dañina a los intereses de los Estados Unidos y de la clase dominante de Colombia.

En contraste, los mismos medios noticieros han proporcionado una desmedida cobertura a las manifestaciones contrarrevolucionarias de estudiantes venezolanos en contra del cierre constitucional y completamente legal de la estación golpista RCTV. Esas protestas, mucho más pequeñas, sí representan los intereses de la clase dominante en Venezuela y en los EEUU.