Victoria moral para Simón Trinidad

Por Berta Joubert-Ceci

El 21 de noviembre se declaró nulo el caso del gobierno de los Estados Unidos contra Simón Trinidad después de que por tercera vez el jurado le diera una nota al juez declarando que no podía llegar a una decisión unánime. Trinidad ha servido como negociador de paz para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Durante las más de cuatro semanas que Trinidad ha estado sometido a juicio en la corte federal en Washington, la fiscalía presentó 21 testigos y mucha evidencia audio visual. El Juez Thomas Hogan sin embargo no le permitió a la defensa a presentar testigos expertos que pudieron haber explicado la historia y el origen de las FARC y el papel jugado por los Estados Unidos en Colombia, ambos puntos cruciales para el caso, diciendo que esto “confundiría al jurado y extendería la audiencia.”

El principal testigo para la defensa fue el mismo Trinidad, quién testificó por varios días.

Inicialmente Trinidad fue acusado de secuestro, terrorismo y tráfico de drogas; este último cargo será juzgado separadamente. Los cinco cargos en el juicio actual estaban relacionados a la acusación de secuestro, que proviene del incidente en febrero del 2003 cuando una avioneta guiada por contratistas militares estadounidense se estrelló en territorio controlado por los insurgentes en Caquetá, en el sur de Colombia. Los agentes, Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalvez, han estado cautivos por las FARC desde entonces.

Aunque Trinidad no estuvo envuelto en el acto—de hecho, no estaba ni siquiera en el área—la fiscalía trató ofuscadamente de mostrar su asociación al incidente y de esa manera su “conspiración” en el asunto.

Desde la apertura del caso, el Juez Hogan mostró claramente su favoritismo hacia la fiscalía, dando la impresión de que estaba presidiendo un juicio que solo podría tener como final la condena de Trinidad.

Sin embargo, el 17 de noviembre, después de horas de deliberaciones, el jurado le dio una nota al Juez Hogan que en parte decía, “Creemos que nuestras diferencias están basadas sinceramente en serias reflexiones y (son) irreconciliables.” Hogan rehusó aceptar tal resultado e instruyó al jurado a que continuara discutiendo hasta que llegara a un veredicto unánime.

Una segunda nota le fue entregada al juez el 20 de noviembre declarando otra vez la imposibilidad de un veredicto unánime. Pero el juez en vez de declarar nulo el juicio, presionó al jurado para que llegara a un consenso y así pudieran estar “libres” de regresar a sus hogares para el feriado de “Acción de Gracias.” El ya le había dicho a los abogados que en caso de que el jurado llegara a la misma conclusión por segunda vez, él les daría lo que en el lenguaje legal se conoce como “la carga de dinamita” y pidió a aquellos en la minoría a que reconsideraran su posición. Ocho miembr@s del jurado son african@s-american@s.

Pero como la decisión del jurado tiene que ser unánime, el juez tuvo que declarar nulo el juicio luego de que el jurado no alcanzara unanimidad por tercera vez. Ahora hay dos opciones posibles: declarar al caso cerrado o comenzar de nuevo.

Esta ha sido una victoria moral para Simón Trinidad y las FARC. A pesar de todos los terribles intentos de convencer al jurado de la naturaleza “terrorista” de Trinidad y su organización—denominado como tal por el gobierno de los Estados Unidos— no se consiguió una condena unánime.

Este juicio marca la primera vez que un insurgente colombiano, extraditado de su país, ha sido enjuiciado en los EEUU. Así se constituyó una vía nueva en la guerra “antiterrorista” de Washington.

Ocurrió al mismo tiempo en que “algunos tipos” de tortura han sido denominados legales por el mismo Congreso de los EEUU y cuando prisiones “secretas” encarcelan una suma no conocida de personas alrededor del mundo, fuera del escrutinio público. Al traer a Trinidad a los EEUU para enjuiciarlo, se intenta además eludir a los movimientos populares que reclaman justicia no solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica y en el Medio Oriente.

Uribe visita a los EEUU

Este es un momento crucial en Colombia, donde el gobierno está enfrentando un escándalo que si progresa, puede llegar a implicar al mismo presidente.

Durante la semana del 13 de noviembre, el presidente colombiano Álvaro Uribe viajó apresuradamente a los Estados Unidos luego de que las elecciones de medio término aquí le dieran la mayoría en el Congreso al Partido Demócrata. Uribe quería asegurarse que los Demócratas siguieran la política actual del Plan Colombia y el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y los EEUU. Pero ya que fue un presidente Demócrata, Bill Clinton quien inició el Plan Colombia que ha otorgado más de $3 mil millones en ayuda a Uribe para la “guerra contra el narcotráfico” es probable que la política continúe igual.

Durante el último de sus numerosos viajes a Washington, Uribe rápidamente comentó sobre el caso de Trinidad, diciendo que su condena en última instancia “traería la paz”. Las FARC, por otro lado, han publicado una carta abierta a intelectuales, artistas y al pueblo de los EEUU solicitando que le pidan a la administración de Bush que ayude para que se logre un canje de prisioneros que incluiría a los tres agentes de los EEUU y a Trinidad.

Sin embargo en Colombia, Uribe tuvo que ser presionado, incluso hasta por representantes de la oligarquía, para que se declarara sobre el actual escándalo de su gobierno.

Paramilitares en el Congreso

En un dramático y sorprendente giro, la Corte Suprema de Justicia ha emitido una orden judicial pidiendo la detención de tres legisladores: los senadores Álvaro García y Jairo Enrique Merlano y el diputado Eric Julio Morris. Tanto García como Morris ya se han entregado a las autoridades. Están acusados de tener conexiones con los derechistas escuadrones de la muerte, o paramilitares —algo que es públicamente conocido desde hace tiempo.

Los paramilitares son responsables de narcotráfico y sangrientas masacres a través del país. Pertenecen al mismo partido político que nominó y eligió a Uribe, quien, por necesidad se verá implicado en el caso. La investigación, la cual el movimiento progresista colombiano considera que se está llevando a cabo muy lentamente, sigue, y se esperan más acusaciones.

Uribe no es ajeno a tales acusaciones; de hecho él era el número 82 —Pablo Escobar era el número 79— en la lista de los miembros y socios del Cartel de Medellín que tenía el ex presidente George H.W. Bush.

Su inclusión en esa lista dice: “82. Álvaro Uribe Vélez —un político colombiano y senador dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín en altos niveles gubernamentales. Uribe estuvo asociado con una empresa involucrada en actividades relacionadas con el narcotráfico en los EEUU. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con narcotraficantes. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un socio cercano de Pablo Escobar Gaviria. Él ha participado en la campaña política de Escobar para ganar la posición de Parlamentario Suplente a Jorge (Ortega). Uribe ha sido uno de los políticos del senado que ha atacado todas formas del tratado de extradición”. (anncol.org, 15 de nov.)