NUEVA ORLEANS
El pueblo detiene a la ciudad en su plan de destruir el distrito ‘Lower 9th’
By LeiLani Dowell
En
un evidente intento de excluir a personas pobres y negras de los planes de
reedificación, cuatro meses después del Huracán Katrina,
funcionarios de la ciudad de Nueva Orleáns procuran demoler los hogares
del “Lower 9th” —un barrio de con centración negra en
el área, y también uno de los lugares más pobres-aunque
much@s residentes hayan sido incapaces de volver al área desde que el
huracán golpeó.
Una declaración hecha por el
colectivo “Common Ground” describe el área así:
“El ‘Lower 9th’ personifica el corazón de una comunidad
que evolucionó durante el tiempo, de familias afroamericanas de muchas
generaciones, l@s residentes comparten lo que llega a ser cada vez mas escaso a
través del país, una devoción y un orgullo por sus hogares
y sus vecindarios.”
En enero 5, activistas de la comunidad y
abogados del Fondo de Ayuda a Víctimas del Huracán (PHRF por sus
siglas en inglés) protestaron por los planes que cursan en la
alcaldía, los cuales son la demolición rápida del
“Lower 9th”. El Fondo había recibido una información
de que los funcionarios de la ciudad avanzaban con sus planes para
demoler—en infracción de una orden temporaria dada el 28 de
diciembre que prohibía la destrucción de los hogares hasta que se
hiciera una revisión por el tribunal de distrito civil. La rápida
respuesta de l@s activistas y abogados forzó la ciudad a retroceder,
parando la demolición por ese día y concordando a una
reunión al día siguiente con el Juez de distrito Martin
Feldman.
En diciembre los abogados de la PHRF sometieron un pleito de
clase contra la ciudad que llegó al tribunal federal esta semana. Ellos
afirman en el pleito que la ciudad violaría el derecho que se tiene a un
proceso legal si destruyen la propiedad sin notificar o buscar el permiso de sus
propietarios. El juez emitió una orden de restricción que frena la
demolición, en respuesta a este pleito y la ciudad ha acordado no
derribar los hogares hasta que el tribunal federal vea el caso el 19 de
enero.
Mientras tanto, reaccionando a la indignación pública
por sus decisiones, el gobierno de la ciudad continúa hablando acerca de
cuáles hogares han dispuesto para la demolición. Hace dos semanas,
el Oficial de Tecnología Greg Meffert, del Departamento de la Seguridad y
Permisos dijo que alrededor de 2.500 hogares serían derribados dentro de
pocas semanas. En enero 5, la ciudad hizo pública una lista más
pequeña, de 1.957 hogares en peligro inminente de desplome, sin embargo
ese mismo día el Alcalde de Nueva Orleans, Ray Nagin dijo a la prensa que
las autoridades planeaban proseguir con la demolición de menos de 100 de
esas casas— “ésas que se destruirán, son aquellas que
tienen daños severos.”
Meffert dijo a los concejales ese
día que el número de casas era cerca de 120. De acuerdo al
periódico Times Picayune “luego de él hablar, la abogada en
jefe de la ciudad recordó a los concejales que una ley de la ciudad
permite que las estructuras en peligro inminente de desplome sean derribadas sin
el consentimiento o notificación a su dueño. Una portavoz de Nagin
también dijo luego “que la ciudad no necesita un permiso del
dueño para derribar algunos hogares.”
El papel de FEMA
en la demolición
Parte de la prisa por derribar
hogares, sin tener en cuenta a los propietarios que ya han sufrido tanto, es que
la Agencia Federal de Administración de Emergen cias (FEMA por las siglas
en inglés), ha puesto una fecha límite, el 30 de junio, para FEMA
pagar por el costo total de la remoción de escombros.
La
demolición de hogares en una de las áreas más pobres de la
ciudad viene también a la vez cuando funcionarios del estado indican
abiertamente que ellos no enfocarán sus esfuerzos en la recuper
ación de esas áreas. En un artículo del 6 de enero, el New
York Times informa que “funcionarios del estado advierten que algunos
vecindarios en terrenos bajos puede que no tengan derecho a reedificarse con
ayuda federal.” El artículo cita a Sean Reilly de la Autoridad de
Recup eración de Louisiana diciendo, “Alguien tiene que ser duro,
pararse, y decir la verdad. Cada vecindario en Nueva Orleáns no
será capaz de regresar seguro y viable. La ARL habla la verdad con el
dinero que controla.”
El artículo del Times dice que las
autoridades acordaron no gastar dinero en reedificar lo que no se conforma con
los mapas federales de inundación. Por esto, el costo de reconstruir para
los que viven en áreas como el Lower 9th es muy alto, pues se
tendría que construir por encima del nivel de inundación- lo cual
aumentaría decenas de miles dólares, haciendo virtualmente
imposible para familias de bajos ingresos reedificar su hogar.
Brandon
Darby, de Common Ground y organizador del barrio, explica la realidad de la
situación en una declaración: “ La Parroquia de Bernard
está a menos de dos millas. Hay partes que se dañaron tanto como
en el Lower 9th . ¿Por qué obtienen las comunidades
predominantemente blancas remolques de FEMA y la libertad de decidir lo que
sucede a su propiedad privada, cuando los residentes del Lower 9th
predominantemente negros tienen a empresarios ricos que deciden acerca del
futuro de sus hogares y comunidades?”
Los activistas de la comunidad
y los abogados demandan que todos los residentes reciban notificación de
la demolición, y que ninguna demolición prosiga a menos que los
residentes den el permiso- “después que hayan tenido la oportunidad
de evaluar su propiedad, y hayan podido tomar las decisiones acerca de
cómo proceder,” según dice una declaración del Fondo
de Ayuda.
Bill Quigley, un profesor de Leyes de la Universidad de Loyola
que ayudó a preparar la demanda, expresó la determinación
de los residentes en el Estándar Nuevo: “Si perdemos en el
tribunal, usted sabe, las personas no pararán de resistir. Ellos
tratarán y pararán las excavadoras por cualquier medio
necesario.”
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