COLOMBIA
Huelga de trabajadores del carbón enfrenta escuadrones de la muerte
Por Berta Joubert-Ceci
Cuando l@s trabajador@s en Colombia se
lanzan a la huelga en ese país, el más peligroso del mundo para
líderes sindicales, lo hacen con gran riesgo para sus vidas. Sindicatos
desafiantes, en particular aquellos que representan a l@s obrer@s que laboran en
corporaciones transnacionales, son el blanco de los paramilitares, escuadrones
de muerte—gángsteres muchas veces empleados por las mismas
compañías como un arma en contra de los desafíos de l@s
obrer@s organizad@s.
Con más frecuencia se ha reportado que los
paramilitares tienen lazos con el gobierno y el ejército colombiano. Esto
hace que el asesinato de sindicalistas sea algo nacional y hasta internacional.
Los lazos entre el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno colombiano, las
corporaciones estadounidenses y los paramilitares en esas circunstancias, quedan
claramente expuestos.
El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush,
invitó al presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez a Wash
ington el 14 de junio para discutir lo que un parte de prensa describió
como, “una variedad de asuntos incluyendo el compromiso mutuo para el
avance de oportunidades, seguridad, y el respeto a los derechos humanos en
Colombia; la importancia del libre comercio para el sostenimiento del
crecimiento económico; y la continua cooperación en áreas
de interés mutuo.”
Mientras tanto, una intensa trama sobre
los derechos humanos y laborales se ha venido desarrollando en Colombia. Unos
3.500 trabajadores representados por el sindicato SINTRAMIENERGETICA dejaron sus
puestos después de que la estadounidense Drummond Coal Co. se rehusara a
negociar con buena fe las demandas del sindicato.
Las demandas más
cruciales por parte del sindicato están relacionadas a los derechos
laborales, a la seguridad en el trabajo y a la inversión social en la
comunidad. Esta última incluye la mejora de la educación, la
salud, las viviendas y de otras necesidades básicas para los trabajadores
y sus familias.
El sindicato también pide un incremento en los
fondos de pensión y compensación por la ardua labor que dura un
promedio de 12 a 18 horas diarias. Raúl Sosa y Estivenson Ávila,
voceros de los trabajadores dicen: “Nosotros no pedimos aumentos
desmedidos en nuestros salarios sino que queremos tener estabilidad laboral en
la empresa, no queremos millones queremos soluciones integras”.
(www.drummondwatch.org)
Una demanda económica importante es el
cambio de la fecha del incremento anual. Los trabajadores quieren que la
compañía cambie la fecha para que el aumento comience en enero en
vez de abril como se hace ahora, para que las familias puedan ajustarse mejor al
aumento en el costo de vida que normalmente comienza en enero. Como muestra de
la intransigencia de Drummond hasta en tan minúsculo punto, según
el mismo artículo, “La compañía ha reiterado su total
desacuerdo y solo ha comunicado a los negociadores de los trabajadores que este
punto no será negociado ni ahora ni en 20
años.”
¿Qué es la Drummond Coal
Co.?
Está basada en Birmingham de Alabama en los Estados
Unidos, siendo su propietario Garry Neil Drimmond. Según su página
web “Drummond Co., Inc. trabaja principalmente en el negocio de las minas,
comprando, procesando y vendiendo carbón y sus derivados. ...Drum mond
controla reservas en un total de 2 mil millones de toneladas y envió
más de 28 millones de toneladas en el año 2004. ...las operaciones
mineras internacionales están localizadas en Colombia, sirviendo a
clientes tanto en los Estados Unidos como en Europa.”
Drummond se
trasladó a Colombia en 1994, después de cerrar la mayoría
de sus minas en Alabama. Allá financió ferrocarriles y la
infraestructura necesaria para extraer el carbón de la Mina Pribbenow,
una mina de explotación a cielo abierto en La Loma, región del
Cesar al noreste del país, y llevarlo al Puerto Drummond en la costa
caribeña. Allí el carbón se carga en barcos gigantescos,
llegando en forma de ganancias a los bolsillos estadounidenses de
Drummond.
Reuters reportó el 24 de mayo, tercer día de la
huelga, que: “La mina, que produjo 22 millones de toneladas de
carbón el año pasado, es la fuente más grande de la
producción colombiana de carbón que llega a 55 millones de
toneladas anuales. La venta del carbón representa el segundo ingreso
más grande de Colombia por exportaciones que alcanzó la cifra de
$2,6 mil millones en 2005. El estado recibe ingreso por la exploración,
pero no por las ganancias de las minas puesto que pertenecen a operadores
extranjeros”.
Al criminalmente ignorar las demandas de los
trabajadores, la gerencia ha mantenido altas las ganancias durante todos estos
años. Muchos trabajadores han muerto. Otros han sido lesionados
gravemente por equipos dañados o por condiciones de trabajo
peligrosas.
Se requiere a los trabajadores que trabajen en turnos de por
lo menos 12 horas diarias durante dos semanas completas alternando turnos de
día y de noche. La compañía aumentó la carga de 22 a
32 toneladas, en los vehículos Caterpillar de carga frontal ocasionando
una vibración extrema durante la operación de la máquina
que resulta en lesiones severas de la médula espinal en los trabajadores.
Algunos trabajadores quedaron lesionados permanentemente.
Drummond Watch,
un portal del Internet que monitorea las acciones de la empresa reportó,
“La compañía ha despedido a varios trabajadores con lesiones
en la médula espinal, e intenta evadir la responsabilidad diciendo que
estas lesiones no están relacionadas al trabajo”.
En el
año 2000, el colapso de una pared en una excavación enterró
vivos a tres trabajadores. Ellos habían advertido del corte inseguro en
la pared, pero los patronos ignoraron sus quejas y les mandaron a seguir
trabajando en esas condiciones inseguras. Después del accidente, a pesar
de que la compañía quería que los demás trabajadores
sigan laborando, los trabajadores suspendieron sus labores por el resto del
día para honrar a sus compañeros muertos.
El 12 de marzo de
2001, mientras estaban en negociaciones para buscar justicia por las muertes y
mejorar las condiciones en la mina, Valmore Lacarno Rodríguez y Victor
Hugo Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente del sindicato respectivamente,
fueron asesinados. Quince hombres, algunos en uniformes militares, habían
parado el autobús de la compañía en el cual estaban
viajando los trabaja dores, que iban rumbo a Valledupar, alre dedor de 30 millas
de la mina, donde reside la mayoría de los trabajadores y sus familias.
Los uniformados sacaron a Lacarno y Orcasita a la fuerza, bofeteando y
disparando a Locarno en la cara frente a sus horrorizados compañeros.
Orcasita fue forzado a ir al bosque donde después fue encontrado muerto,
con las uñas de las manos arrancadas.
Augusto Jiménez, el
presidente de Drummond LTD en Colombia, había amenazado a ambos hombres
anteriormente, diciendo, “El pez muere por su propia
boca”.
Aunque Drummond hace disponible vivienda y transporte seguros
para los ciudadanos estadounidenses que trabajan para la compañía,
había rehusado los pedidos urgentes de Locarno y Orcasita quienes
pedían permiso para quedarse en la mina después de haber recibido
amenazas de los paramilitares. Los dos activistas sindicales incluso
habían enviado un pedido por fax directamente a Gary Drummond antes de
ser asesinados.
Gustavo Soler, otro trabajador que asumió el
peligroso liderazgo del sindicato, también fue asesinado después
de recibir amenazas de los paramilitares. Él también había
pedido refugio en la mina después del trabajo y nuevamente la
compañía rehusó.
El gobierno colombiano provee todas
las medidas de protección para la compañía mientras deja a
los trabajadores a que se defiendan por ellos mismos contra los paramilitares
criminales.
El 6 de octubre, 2003, un artículo en el Wall Street
Journal reportó que “La compañía, una de los
más grandes inversionistas extranjeros en Colombia, ha construido
cuarteles para el ejército colombiano en La Loma y cerca del puerto.
Más de 300 tropas del ejército colombiano están
estacionadas en La Loma, donde Drummond les provee alimentos y petróleo
subvencionados. Las tropas protegen las pro piedades de la
compañía y seleccionan a los trabajadores”, dice
Drummond.
El caso legal que menciona el artículo es la demanda
radicada en la Corte Distrital Estadounidense del Distrito del Norte de Alabama
el 14 de marzo del 2002, por el Fondo Internacional de Derechos Labor ales y el
sindicato Trabajadores Unidos del Acero (USW) contra la compañía
Drum mond por parte de los parientes de Lacarno, Orcasita y Soler. La demanda
acusa a la compañía de emplear a paramilitares armados para
torturar, secuestrar y asesinar a líderes del sindicato.
Dan
Kovalik, el abogado para el sindicato, recientemente visitó a Rafael
García, el ex jefe del Departamento Admini strativo de Seguridad (DAS),
el departamento colombiano de inteligencia de la administración de
Presidente Uribe. García está ahora en la prisión La Picota
en Bogotá, acusado de borrar la historia criminal de traficantes de
drogas en los archivos del DAS.
García atestiguó bajo
juramento para el juicio entablado en Alabama, que él fue testigo
presencial de una reunión en la que Augusto Jiménez dio dinero a
representantes de las Autodefensas Unidas de Colombia—AUC, los
paramilitares— para asesinar a Lacarno y Orcasita. Dijo también que
él no ha testificado para el Sistema de Justicia Colombiano ya que ellos
se han negado a garantizar su protección si él ofrece testimonio.
Él ha acusado al ex director del DAS, Jorge Noguera de tener lazos con
las AUC para el desarrollo de algunos proyectos, entre ellos “el asesinato
de líderes sindicales, un plan para desestabilizar al gobierno
venezolano, fraude electoral a favor del Presidente Álvaro Uribe en las
elecciones del 2002”. (El Nuevo Herald, 1 de junio)
Actualmente los
paramilitares están nueva mente amenazando a los huelguistas. No hay
garantía de que la compañía o el gobierno provean la
seguridad que ellos necesitan. La “Seguridad Democrática” de
Uribe solo ha probado ser una inseguridad terrorista para l@s trabajador@s y
para el movimiento que se opone a su política neoliberal.
El 9 de
junio Leo W. Gerard, Presidente Internacional de la USW, envió una carta
al Presidente Uribe, con copias a la Secreta ria de Estado Condoleezza Rice y al
em baja dor estadounidense en Colom bia William Wood, en la que expresaba su
preocupa ción sobre la petición de Drum mond al gobierno
colombiano de que “se declare que la huelga de estos trabajadores sea
ilegal, haciéndola entonces un crimen que lleva el castigo de
encarcelamiento para los trabajadores que continúen con esta
huelga”.
Añadió Gerard, “Y nosotros reiteramos
nuestro llamado al gobierno colombiano para que tome todas las medidas
necesarias para proteger las vidas y el bienestar de estos trabajadores mientras
continúen con sus actividades de huelga”.
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