Masacre y corrupción acompañan al Plan Colombia

Por Berta Joubert-Ceci

Durante su viaje por América Latina a finales de abril, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice se detuvo en Bogotá para decirle al presidente colombiano que su gobierno respalda firmemente su política y continuará financiando sus programas de contrainsurgencia. De hecho, el Presidente George W. Bush está pidiendo al Congreso $741,7 millones de dólares para ayuda a Colombia en el año fiscal del 2006. Esta petición ha sido presentada por Bush a pesar de las crecientes críticas tanto nacionales como internacionales y de que el 2005 es el límite para el Plan Colombia.

Un artículo de Prensa Asociada escrita por Andrew Selsky, publicada por muchos periódicos estadounidenses el 7 de mayo, fue titulado “El respaldo para la Guerra contra las Drogas en Colombia es criticado”.

El artículo comenzó así: “Rebeldes resistentes. Cosechas de drogas perennes. Soldados americanos delincuentes envueltos en planes para introducir cocaína y pasarle municiones robadas a los escuadrones de la muerte paramilitares. Las malas noticias se han ido amontonando rápidamente, casi cinco años después de que los Estados Unidos comenzara a gastar $3 mil millones en su programa de ayuda Plan Colombia para destruir la producción de cocaína y heroína y acabar con la insurgencia izquierdista.”

Selsky se refiere a las críticas del Plan Colombia en los EEUU y cita el editorial del Pittsburgh Post-Gazette: “Colombia se ha tornado en un hoyo sin fondo donde cae dinero y recursos militares en los últimos cinco años”, y añade que “El Congreso debe terminar Plan Colombia ahora, en vez de tirar más dinero”.

En otro párrafo Selsky escribió, “John Waslh, oficial veterano en la oficina de Washington sobre América Latina dijo recientemente que, “la guerra contra las drogas no está logrando sus objetivos más básicos.”

‘Soldados delincuentes’ - lo nuevo es la publicidad

Los ‘soldados americanos delincuentes’ se refiere a tres incidentes reportados recientemente en los medios. Apenas pasada la medianoche el 3 de mayo, una llamada anónima alertó a la policía de Cundinamarca, el departamento donde está la capital, Bogotá, sobre un evento ‘grande’ en la región —la entrega de un cargamento.

Cuando la policía llegó, encontró 29 cajas metálicas con 32.900 balas y a tres hombres, uno de ellos colombiano y un coronel y un sargento de las Fuerzas Especiales del ejército de los Estados Unidos. Los estadounidenses son dos instruc tores en el Centro de Entre namiento Nacional del Ejército en la ciudad cercana de Tolemaida.

La mercancía se reportó que sería vendida a los derechistas paramilitares.

Este incidente ocurre luego de otros dos: el 29 de marzo, cuando cinco soldados estadounidenses, quienes eran parte de las operaciones ‘anti-drogas’ en el sur de Colombia, fueron arrestados por cargar 16 kilogramos de cocaína en un avión militar de los Estados Unidos, y otro caso reciente de un soldado estadounidense que está siendo investigado por un accidente automovilístico el año pasado que dejó muerto a dos soldados colombianos mientras este se escapó.

Estos episodios no son únicos ni aislados. Lo cierto es que parte del Plan Colombia el gobierno colombiano tuvo que firmar— a petición de Washington,— un tratado que le confiere inmunidad al personal militar estadounidense, los 800 oficiales y 600 contratistas —que operan en el país.

Lo que es nuevo sobre estos incidentes es que fueron noticias en las redes de comunicación de Colombia, que reflejan la opinión de parte de la oligarquía. Es todavía muy temprano para analizar su significado real.

¿Realineación de la oligarquía colombiana?

El gobernante Parido Liberal tendrá su convención en junio en medio de una polarización de su membresía. Un sector está totalmente respaldando a Uribe y el otro, al cual la popular Senadora Piedad Cordoba pertenece, parece que quiere tomar una ruta más populista. ¿Refleja esto una reposición de la clase gobernante colombiana?

Uribe también ha hablado de la posibilidad de formar un nuevo partido independientemente. Algunos analistas colombianos sugieren que éste podría ser un seguro en caso de que el Tribunal Supremo invalide una reciente decisión que permite la reelección. Su promesa de campaña electoral de terminar con la violencia, la cuál debe leerse como “terminar con la guerrilla”, no se ha cumplido y ahora él está intentando un segundo término “para conseguir su meta.”

No se debe olvidar que los paramilitares controlan más de un 30 por ciento del congreso, tienen posiciones en los gobiernos regionales y locales y administran cada vez más servicios importantes, incluyendo cuidado médico. Y que las llamadas negociaciones entre Uribe y los paramilitares en Santa Fe de Ralito, supuestamente para desmovilizar y desarmarlos, son descritas por los opositores del presidente como “monólogos” o “conversaciones del yo con el yo”. De hecho, son un intento, disfrazado, para legalizar a los paramilitares.

Como resultado de la “desmovilización” están empleando a estos criminales en los programas de Uribe “de soldados campesinos” y se utilizan como informantes secretos para acusar, procesar, encarcelar y asesinar a líderes del movimiento social civil no armado, progresista y popular. Éstos “paramilitares desmovilizados” se dejan entonces libres en las comunidades rurales y urbanas, constituyendo así un peligro permanente. La conexión de Uribe con los paramilitares desde antes de que él asumió la presidencia está bien documentada.

Uribe está claramente poniendo todos las piezas en su lugar para un estado fascista. ¿Están todos los miembros de la clase dominante detrás de este esfuerzo? ¿Hay un sector entre ellos que siente que sus intereses económicos y financieros no se están sirviendo bien bajo estas circunstancias? Particularmente cuando los pueblos latinoamericanos están en semi insurrección y el presidente Bolivariano de Venezuela está avanzando rápidamente un plan de integración de la región y aumenta la posibilidad de comercio con otros países aparte de los Estados Unidos.

Los conservadores están criticando al plan Colombia por su fracaso en su meta declarada de suprimir la industria de narcóticos y su intención de destruir la insurrección armada, lo cual ya no se puede esconder más. Pero las organizaciones progresistas en Colombia y alrededor del mundo lo culpan por causar los abusos terribles de derechos humanos que han tomado la vida y la libertad de millares de colombian@s.

Con todo, el 27 de abril, durante una rueda de prensa con la Ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, Carolina Barco, en la Casa de Nariño -el palacio presidencial—Condoleezza Rice dijo: “Acabo de tener una reunión muy productiva con el presidente Uribe. Fue una reunión en la cual pudimos discutir el progreso impresionante que el gobierno de Colombia ha hecho en mejorar la seguridad, la consolidación de la democracia, y de hecho, su compromiso con la protección de los derechos humanos”.

Costo humano del Plan Colombia y del Plan Patriota

Esa “protección” estaba ausente para Gisella, una bebé de 19 meses de edad que fue asesinada por los paramilitares en la aldea de Cerro Azul en el nordeste de Colombia al mismo tiempo que el discurso de Rice. La casa de la bebé fue blanco de un tiroteo indiscriminado, supuestamente contra guerrilleros. Los campesinos residentes del lugar que habían advertido al gobierno local sobre la presencia de los paramilitares en su región, fueron ignorados por las autoridades. Dicen que 15 personas o más fueron asesinadas.

Crímenes como este ocurren a diario en Colombia. Pero bajo Uribe han aumentado enormemente, particularmente en el año que lanzó secretamente un nuevo componente del Plan Colombia, el plan contrainsurgente Plan Patriota. Es el esfuerzo suyo y de los EEUU para destruir el liderato del ejército revolucionario, las FARC-EP, en el sur del país, donde la comandancia guerrillera supuestamente está localizada.

A pesar de duplicar el personal militar y contratista estadounidense, y de una infusión de equipo tecnológico avanzado, la guerrilla no ha sido diezmada. Al contrario, la insurrección armada ha intensificada desde febrero pasado sus operaciones guerrilleras por todos lados, algo evocativo del valiente ejército norvietnamita. Y a pesar de la extradición a los Estados Unidos de líderes de las FARC, Simón Trinidad y Sonia, y del secuestro en Venezuela de Rodrigo Granda, ninguno de los líderes más altos de la organización ha sido capturado.

La represión se ha hecho feroz contra el movimiento social no armado, el cual es considerado por Uribe y los paramilitares como la base de apoyo de la guerrilla y como tal, es acusado de ser “simpatizante de la guerrilla”.

Esta suposición, basada sólo en el deseo de justicia social de ambas, la población armada y la población no armada, es suficiente causa para que el régimen lleve a cabo detenciones masivas, asesinatos selectivos, masacres y muchos otros actos violentos contra líderes sindicales, afro-colombian@s, indígenas, campesin@s, estudiantes, defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona que se oponga a la violencia del Estado.

La lista de crímenes cometidos por el estado y los paramilitares, especialmente mientras está teniendo lugar el proceso de “desmovilización”, es extensa.

He aquí sólo algunos de los casos que tuvieron lugar en abril y mayo.

A principios de abril el Ejército Colom biano disparó indiscriminadamente con ametralladoras desde helicópteros a una comunidad campesina. En otra comunidad, el ejército cerró una mina artesanal pequeña de oro donde 20 familias trabajaban, con el pretexto de que la mina pertenecía a la guerrilla. En un barrio en el sur del Putumayo cinco personas fueron asesinadas por los paras.

En Bogotá, el periodista y profesor italiano, Cristiano Morsolin, ha sido amenazado y perseguido por paramilatares después de escribir artículos, especialmente para medios europeos, en los cuáles denunció la masacre en febrero de residentes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Morsolin trabaja con Gloria Cuartas, la ex-alcaldesa de San José de Apartadó y la actual secretaria general del progresista Frente Social y Político. Trabaja también con el cura jesuíta Padre Javier Giraldo, un respetado defensor de derechos humanos que trabaja con CINEP, el Centro de Investigaciones y Educación Popular, el cual ha ido documentando los abusos en un banco de datos accesible en www.nocheyniebla.org. Los dos, Cuartas y Giraldo, han recibido amenazas de muerte.

El 21 de abril en el Valle de Cauca, 12 niños afro-colombianos fueron encontrados masacrados y doce más están todavía desaparecidos y se teme que estén muertos.

El primero de mayo, un jóven de 15 años, fue matado a tiros por la policía en Bogatá durante una manifestacióm del Primero de Mayo.

Ese mismo día, esta escritora recibió una comunicación por correspondencia electrónica de una amiga en Barranquilla, en la costa norte, en la que decía que “Mientras 15 mil trabajadores de Barranquilla desfilábamos bajo un sol espantoso y una temperarura decasi 40o. en rechazo ala reelección de Uribe, el cierre de hospitales, la privatización de la Universidad del Atlántico y las violaciones a los derechos humanos se produjo otro atentado que cobro la vida de un amigo y dejó herido de muerte a nuestro amigo y compañero de luchas.” Añadiendo que mientras ellos esperaban en una terraza por la manifestación, para unirse a ella, les dispararon repetidamente. Uno murió, y el otro, miembro del Partido Comunista Colombiano, fue herido gravemente en la cabeza.

Comunistas, miembros de la Unión Patriótica e izquierdistas son principalmente el objetivo militar de esta caza de brujas. Al día siguiente, el 2 de mayo, la Procuradoría estaba investigando fosas comunes al norte de Bogotá donde encontraron los cuerpos mutilados y torturados de 40 personas. Éstos pertenecían a miembros izquierdistas de sindicatos, asesinados por paramilitares desde el 2000.

Mientras la represión salvaje aumenta en Colombia, así también aumenta la perseverancia y la voluntad del pueblo para derrocarla. Sin embargo, la solidaridad internacional es imprescindible. Ésta hará la diferencia para reducir el tiempo hasta que se consiga la victoria del pueblo.