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Otro líder sindical asesinado en Colombia

Por Berta Joubert-Ceci

Mientras el aliado de EEUU, el presidente colombiano Álvaro Uribe, se preparaba para visitar los Estados Unidos para promover su Ley de “Justicia y Paz”, otro líder sindical colombiano, el más reciente en la larga lista de sindicalistas asesinados fue salvaje y cobardemente matado. Su muerte expuso al mundo la cruel realidad detrás de esta ley.

El 11 de septiembre, se encontró el cuerpo de Luciano Enrique Romero Molina. Lo en contraron amarrado, con señales de 40 puñaladas e indicios de que había sido torturado. Romero Molina, de 47 años de edad, era un muy respetado y querido miembro del sindicato SINALTRAINAL, el sindicato que representa a los trabajadores de la Coca Cola y la Nestlé en Colombia.

Romero Molina era el secretario del Departamento de Derechos Humanos del sindicato y un miembro activo del Comité en Solidaridad con los Prisioneros Polí ticos. Su preocupación y la de su sindicato por los derechos humanos se reflejaba en su infalible visita dominical a los prisioneros en las cárceles de Valledupar, donde él vigilaba la situación a la vez que les llevaba apoyo y solidaridad.

Para evitar la comunicación con los prisioneros, el gobierno dificulta grandemente el proceso de visitas. [Joubert-Ceci visitó recientemente a mujeres prisioneras políticas en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá—ed.]

Romero Molina trabajó 20 años en la compañía Nestlé en Valledupar, un departamento al norte de Colombia fronterizo con Venezuela, hasta que fue despedido el 22 de octubre del 2002, por su participación en una huelga contra la compañía. Como muestra de la falta de interés del gobierno colombiano por los derechos laborales, el Ministerio de Protección Social había declarado la huelga ilegal.

Romero Molina puso una demanda en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar, en contra de las compañías involucradas: la Nestlé de Colombia S.A., la Cicolac Ltd. y la Dairy Partners Ameri cas Manufacturing Colombia Ltd, donde exigía su restitución.

Como resultado de sus actividades laborales y en pro de los derechos humanos, fue declarado objetivo militar por los paramilitares que apoyan los intereses de las corporaciones como Nestlé y Coca Cola.

Las amenazas de muerte que había recibido de los paramilitares hicieron que él se alejara de Valledupar en varias ocasiones. Desde finales del 2004 estaba en Girón, España, bajo un programa especial de protección y había regresado a Colombia a comienzos del 2005.

Cuando fue asesinado, él estaba bajo la “protección” de la Comisión Inter ameri cana de Derechos Humanos de la Organi zación de los Estados Americanos. Le sobreviven su compañera, Ledys Mendoza y sus cuatro niños.

Su cuerpo fue encontrado en Las Palmas, un sector de La Nevada, vecindario conocido por estar bajo el control de los paramilitares. Una declaración publicada el 11 de septiembre por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Valledupar (CFSPP) dice, “A consecuencia de las amenazas contra su vida la Funda ción Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, había pedido al gobierno de Colombia que se le incluyera en el programa de protección a Líderes sindicales y a defensores de derechos humanos, la única protección que se le brindó fue la entrega de dos medios de telefonía móvil.”

Esto contrasta agudamente con el proceso de “desmovilización” de los paramilitares que ofrece Uribe el cual da protección y programas especiales a aquellos que “prometen” dejar a los grupos de escua drones de muerte.

La Ley de Justicia y Paz fomenta la legalización y la protección de estos grupos que son responsables por los incontables asesinatos, masacres, amenazas, y otros viles y numerosos crímenes contra el pueblo colombiano, especialmente contra l@s afro-descendientes, indígenas, defensor@s de derechos humanos, líderes de sindicatos, y cualquier otr@ oponente de la política Uribe/estadounidense.

Muchos grupos colombianos e internacionales, incluso en los Estados Unidos, han denunciado y criticado esta ley. En una carta a Uribe, Leo W. Girard, el presidente internacional del sindicato de trabajadores del acero (USW) escribe: “Yo le escribo para expresar mi preocupación por la reciente mal llamada “Ley de Justicia y Paz”, la cuál usted inició y recientemente firmó como ley.

“Esta ley ha sido plenamente condenada por la Federación Internacional de Trabajadores Metalúrgicos, de la cuál somos miembros, y por todos los grupos de defensores de derechos humanos que informan sobre Colombia, incluyendo Amnesty International, Human Rights Watch y la Inter-American Commission of Human Rights. Como reportan estos grupos, esta nueva ley da casi total impunidad a los paramilitares en Colombia — grupos que han cometidos grandes abusos contra los derechos humanos, incluyendo el asesinato de cientos de líderes sindicales — mientras que muy poco pide a cambio.

El sindicato de Romero Molina, SINATRAINAL, denunció su asesinato y pide a la comunidad internacional enviar mensajes de protesta. Edgar Páez, de la Direc tiva Nacional del sindicato, escribió “Noso tros repudiamos este crimen horren do que es parte de una lista sin fin de sindicalistas asesinados en Colombia, bajo la estrategia de terrorismo estatal y la persecución promulgada por las compañías para exterminar al movimiento sindicalista.

Condenamos una vez más al gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su mentiroso “proceso de paz” con los grupos paramilitares, que como vemos siguen masacrando pobla ción inerme y sus crímenes que darán en la total impunidad gracias a la Ley de Justicia y Paz.”

Nuestr@s lector@s pueden escribir cartas de protesta a: Presidente Álvaro Uribe Vélez ([email protected]; [email protected]); Vice Presidente Francisco Santos (fsantos@ presidencia. gov.co); Director del Departamento de Derechos Humanos Dr.Carlos Franco ([email protected]); Fiscal General Dr. Mario Iguarán Arana ([email protected]; [email protected]); Comisión Interamericana para los Derechos Humanos ([email protected]); enviando una copia a: SINALTRAINAL [email protected].


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