Otro líder sindical asesinado en Colombia
Por Berta Joubert-Ceci
Mientras el aliado de EEUU, el presidente
colombiano Álvaro Uribe, se preparaba para visitar los Estados Unidos
para promover su Ley de “Justicia y Paz”, otro líder sindical
colombiano, el más reciente en la larga lista de sindicalistas asesinados
fue salvaje y cobardemente matado. Su muerte expuso al mundo la cruel realidad
detrás de esta ley.
El 11 de septiembre, se encontró el
cuerpo de Luciano Enrique Romero Molina. Lo en contraron amarrado, con
señales de 40 puñaladas e indicios de que había sido
torturado. Romero Molina, de 47 años de edad, era un muy respetado y
querido miembro del sindicato SINALTRAINAL, el sindicato que representa a los
trabajadores de la Coca Cola y la Nestlé en Colombia.
Romero Molina
era el secretario del Departamento de Derechos Humanos del sindicato y un
miembro activo del Comité en Solidaridad con los Prisioneros Polí
ticos. Su preocupación y la de su sindicato por los derechos humanos se
reflejaba en su infalible visita dominical a los prisioneros en las
cárceles de Valledupar, donde él vigilaba la situación a la
vez que les llevaba apoyo y solidaridad.
Para evitar la
comunicación con los prisioneros, el gobierno dificulta grandemente el
proceso de visitas. [Joubert-Ceci visitó recientemente a mujeres
prisioneras políticas en la cárcel del Buen Pastor en
Bogotá—ed.]
Romero Molina trabajó 20 años en
la compañía Nestlé en Valledupar, un departamento al norte
de Colombia fronterizo con Venezuela, hasta que fue despedido el 22 de octubre
del 2002, por su participación en una huelga contra la
compañía. Como muestra de la falta de interés del gobierno
colombiano por los derechos laborales, el Ministerio de Protección Social
había declarado la huelga ilegal.
Romero Molina puso una demanda en
el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar, en contra de las
compañías involucradas: la Nestlé de Colombia S.A., la
Cicolac Ltd. y la Dairy Partners Ameri cas Manufacturing Colombia Ltd, donde
exigía su restitución.
Como resultado de sus actividades
laborales y en pro de los derechos humanos, fue declarado objetivo militar por
los paramilitares que apoyan los intereses de las corporaciones como
Nestlé y Coca Cola.
Las amenazas de muerte que había
recibido de los paramilitares hicieron que él se alejara de Valledupar en
varias ocasiones. Desde finales del 2004 estaba en Girón, España,
bajo un programa especial de protección y había regresado a
Colombia a comienzos del 2005.
Cuando fue asesinado, él estaba bajo
la “protección” de la Comisión Inter ameri cana de
Derechos Humanos de la Organi zación de los Estados Americanos. Le
sobreviven su compañera, Ledys Mendoza y sus cuatro
niños.
Su cuerpo fue encontrado en Las Palmas, un sector de La
Nevada, vecindario conocido por estar bajo el control de los paramilitares. Una
declaración publicada el 11 de septiembre por la Fundación
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Valledupar
(CFSPP) dice, “A consecuencia de las amenazas contra su vida la Funda
ción Comité de Solidaridad con los Presos Políticos,
había pedido al gobierno de Colombia que se le incluyera en el programa
de protección a Líderes sindicales y a defensores de derechos
humanos, la única protección que se le brindó fue la
entrega de dos medios de telefonía móvil.”
Esto
contrasta agudamente con el proceso de “desmovilización” de
los paramilitares que ofrece Uribe el cual da protección y programas
especiales a aquellos que “prometen” dejar a los grupos de escua
drones de muerte.
La Ley de Justicia y Paz fomenta la legalización
y la protección de estos grupos que son responsables por los incontables
asesinatos, masacres, amenazas, y otros viles y numerosos crímenes contra
el pueblo colombiano, especialmente contra l@s afro-descendientes,
indígenas, defensor@s de derechos humanos, líderes de sindicatos,
y cualquier otr@ oponente de la política
Uribe/estadounidense.
Muchos grupos colombianos e internacionales, incluso
en los Estados Unidos, han denunciado y criticado esta ley. En una carta a
Uribe, Leo W. Girard, el presidente internacional del sindicato de trabajadores
del acero (USW) escribe: “Yo le escribo para expresar mi
preocupación por la reciente mal llamada “Ley de Justicia y
Paz”, la cuál usted inició y recientemente firmó como
ley.
“Esta ley ha sido plenamente condenada por la Federación
Internacional de Trabajadores Metalúrgicos, de la cuál somos
miembros, y por todos los grupos de defensores de derechos humanos que informan
sobre Colombia, incluyendo Amnesty International, Human Rights Watch y la
Inter-American Commission of Human Rights. Como reportan estos grupos, esta
nueva ley da casi total impunidad a los paramilitares en Colombia — grupos
que han cometidos grandes abusos contra los derechos humanos, incluyendo el
asesinato de cientos de líderes sindicales — mientras que muy poco
pide a cambio.
El sindicato de Romero Molina, SINATRAINAL, denunció
su asesinato y pide a la comunidad internacional enviar mensajes de protesta.
Edgar Páez, de la Direc tiva Nacional del sindicato, escribió
“Noso tros repudiamos este crimen horren do que es parte de una lista sin
fin de sindicalistas asesinados en Colombia, bajo la estrategia de terrorismo
estatal y la persecución promulgada por las compañías para
exterminar al movimiento sindicalista.
Condenamos una vez más al
gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su mentiroso “proceso de
paz” con los grupos paramilitares, que como vemos siguen masacrando pobla
ción inerme y sus crímenes que darán en la total impunidad
gracias a la Ley de Justicia y Paz.”
Nuestr@s lector@s pueden
escribir cartas de protesta a: Presidente Álvaro Uribe Vélez
([email protected]; [email protected]); Vice Presidente Francisco
Santos (fsantos@ presidencia. gov.co); Director del Departamento de Derechos
Humanos Dr.Carlos Franco ([email protected]); Fiscal General Dr.
Mario Iguarán Arana ([email protected];
[email protected]); Comisión Interamericana para los Derechos
Humanos ([email protected]); enviando una copia a: SINALTRAINAL
[email protected].
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