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Detrás de la ‘Ley de Justicia y Paz´

Por Berta Joubert-Ceci

En junio el Congreso Colombiano aprobó el proyecto de ley titulado “Ley de Justicia y Paz” (LJP) que reducirá las sentencias a los derechistas paramilitares—en realidad escuadrones de la muerte—que confiesen sus crímenes, retornen lo robado y compensen a sus víctimas. Los opositores de esta ley dicen que ésta conferirá inmunidad a los paramilitares por sus crímenes.

Al mismo tiempo, el Congreso de los Estados Unidos, extendió el plazo de vencimiento del Plan Colombia, el cual debía finalizar este año.

Para explorar las consecuencias de estas decisiones, Workers World/Mundo Obrero entrevistó a Gerardo Cajamarca, activista en pro de los derechos humanos y miembro del sindicato SINALTRINAL, unión que también representa a los trabajadores de la Coca Cola. Cajamarca está en exilio en los Estados Unidos precisamente por las amenazas de muerte que ha recibido de paramilitares. Actualmente trabaja con el sindicato de trabajadores del acero en el proyecto de Justicia Global.

Cajamarca dijo que la Ley de Justicia y Paz “es una iniciativa de los Paramilitares para asegurar que no serán castigados por los crímenes atroces que han perpetrado, la ley también deja sin castigo el tráfico de cocaína y otras drogas prohibidas, y el robo de las tierras que la mafia paramilitar ha hecho a los 3 millones de desplazados en Colombia.”

Cajamarca dijo que aunque los paramilitares son considerados terroristas, aún por los Estados Unidos, el líder paramilitar Salvatore Mancuso ha declarado que estos tienen control del 35% del Congreso Colombiano, con influencia en muchas agencia gubernamentales.

También dijo que el 21 de junio mientras el Congreso Colombiano discutía sobre la LJP, Gina Parody, una uribista miembra del congreso, dijo a la prensa que los paramilitares controlan no sólo el 35 % sino el 70 % del Congreso. “Esto hace de Colombia un narcoestado,” dijo Cajamarca.

Los criminales incluyen al presidente colombiano. Los vínculos de Uribe con el narcotráfico y la formación de grupos paramilitares han sido expuestos en un libro escrito por Joseph Contreras y Fernando Garavito: “El Señor de las Sombras”.

Cajamarca también citó de dos artículos en la prensa estadounidense. Uno publicado por El Nuevo Herald el 23 de Junio de 2005 bajo el título “Acusan a Uribe de proteger a un hermano y a dos primos presuntamente asesinos” y el otro en el The New York Times del mismo día que criticó a la LJP y la complacencia de Uribe para con los paramilitares.

Cajamarca agregó que menos del 30% del Congreso Colombiano se opone a la LJP. “Aquellos que no son paramilitares son políticos corruptos o representantes de la oligarquía.”

Cajamarca señaló que “el pueblo tiene muy pocos representantes en el Congreso. Estos son miembros del Polo Democrático y el Frente Social y Político. Representantes como Gustavo Petro hablan claro pero estan amenazados de muerte, igual suerte corrieron Gloria Cuartas, ex alcaldesa de San José de Apartadó y el Padre Javier Giraldo, ambos defensores de los derechos humanos, que aportaron al debate con sus testimonios, pero en el mismo Congreso fueron irrespetados por los agentes del para militar ismo con vestuario de parlamentarios.”

Se es revolucionario
o reaccionario

Hablando sobre el impacto de la decisión congresional sobre la población en general, Cajamarca dijo que ha traído “miedo, desesperación, frustración e indignación”. Añadiendo que “en Colombia no hay movi mientos “progresistas”, en Colombia se es revolucionario o se es reaccionario”.

La respuesta del movimiento a la decisión no tardó en llegar. El 30 de junio una nueva iniciativa contra la impunidad fue lanzada en Bogotá por el Padre Javier Giraldo y SINALTRAINAL, dijo Cajamarca.

“Se trata de un Tribunal de los Pueblos, ante la impunidad e injusticia de los gobiernos ahora apelaremos a los pueblos del mundo, la gran fuerza, las mayorías en este planeta estamos contra la guerra y acudiremos como siempre a la solidaridad internacional, a otros grupos y movimientos de juristas, de indígenas, de campesinos y de obreros. Seguimos organizándonos contra la guerra y contra la injusticia social”.

Sobre la decisión del Congreso estadounidense para continuar Plan Colombia, dijo Cajamarca que no entendía cómo una iniciativa cuyo propósito es supuestamente para combatir el narcotráfico y el terrorismo, aporta dineros para que sean manejados por oficinas del gobierno colombiano vinculadas con el paramilitarismo como la Fiscalía General de la Nación.

Y agregó: “ Mi opinión es que el Congreso de los Estados Unidos se equivoca al no escuchar las voces de las víctimas en Colombia sino todo lo contrario. La extensión del Plan Colombia significa otros $800 millones para la fumigación de nuestros parques nacionales y selvas con glifosfato peligroso. Para el movimiento social significa más de lo mismo más guerra y miseria.”

“Significa la continuación de la política de exterminación del movimiento social, se sataniza la lucha social, se le persigue, se le judicializa, se le asesina. Pero continuaremos porque nuestra lucha social es contra la guerra, contra la expoltación del ser humano, nuestra lucha social es por la vida y por la soberanía nacional, por la soberanía de los pueblos, es por la dignidad.”

Cajamarca terminó al decir, “Mi mensaje al gobierno estadounidense es que l@s trabajador@s colombian@s vamos a llegar al poder y en ese momento queremos tener buenas relaciones con todos los países del mundo incluído los Estados Unidos, siempre que exista respeto a nuestra dignidad.

En Colombia cambiarán las cosas, aquí también; la lucha en todo el mundo es por la justicia social y contra la guerra y la vamos a ganar, recuerden las palabras de nuestro libertador Simón Bolívar: Unámonos y seremos invencibles.”


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