Detrás de la ‘Ley de Justicia y Paz´
Por Berta Joubert-Ceci En junio el Congreso Colombiano
aprobó el proyecto de ley titulado “Ley de Justicia y Paz”
(LJP) que reducirá las sentencias a los derechistas
paramilitares—en realidad escuadrones de la muerte—que confiesen sus
crímenes, retornen lo robado y compensen a sus víctimas. Los
opositores de esta ley dicen que ésta conferirá inmunidad a los
paramilitares por sus crímenes. Al mismo tiempo, el Congreso de
los Estados Unidos, extendió el plazo de vencimiento del Plan Colombia,
el cual debía finalizar este año. Para explorar las
consecuencias de estas decisiones, Workers World/Mundo Obrero entrevistó
a Gerardo Cajamarca, activista en pro de los derechos humanos y miembro del
sindicato SINALTRINAL, unión que también representa a los
trabajadores de la Coca Cola. Cajamarca está en exilio en los Estados
Unidos precisamente por las amenazas de muerte que ha recibido de paramilitares.
Actualmente trabaja con el sindicato de trabajadores del acero en el proyecto de
Justicia Global. Cajamarca dijo que la Ley de Justicia y Paz “es una
iniciativa de los Paramilitares para asegurar que no serán castigados por
los crímenes atroces que han perpetrado, la ley también deja sin
castigo el tráfico de cocaína y otras drogas prohibidas, y el robo
de las tierras que la mafia paramilitar ha hecho a los 3 millones de desplazados
en Colombia.” Cajamarca dijo que aunque los paramilitares son
considerados terroristas, aún por los Estados Unidos, el líder
paramilitar Salvatore Mancuso ha declarado que estos tienen control del 35% del
Congreso Colombiano, con influencia en muchas agencia
gubernamentales. También dijo que el 21 de junio mientras el
Congreso Colombiano discutía sobre la LJP, Gina Parody, una uribista
miembra del congreso, dijo a la prensa que los paramilitares controlan no
sólo el 35 % sino el 70 % del Congreso. “Esto hace de Colombia un
narcoestado,” dijo Cajamarca. Los criminales incluyen al presidente
colombiano. Los vínculos de Uribe con el narcotráfico y la
formación de grupos paramilitares han sido expuestos en un libro escrito
por Joseph Contreras y Fernando Garavito: “El Señor de las
Sombras”. Cajamarca también citó de dos
artículos en la prensa estadounidense. Uno publicado por El Nuevo Herald
el 23 de Junio de 2005 bajo el título “Acusan a Uribe de proteger a
un hermano y a dos primos presuntamente asesinos” y el otro en el The New
York Times del mismo día que criticó a la LJP y la complacencia de
Uribe para con los paramilitares. Cajamarca agregó que menos del
30% del Congreso Colombiano se opone a la LJP. “Aquellos que no son
paramilitares son políticos corruptos o representantes de la
oligarquía.” Cajamarca señaló que “el
pueblo tiene muy pocos representantes en el Congreso. Estos son miembros del
Polo Democrático y el Frente Social y Político. Representantes
como Gustavo Petro hablan claro pero estan amenazados de muerte, igual suerte
corrieron Gloria Cuartas, ex alcaldesa de San José de Apartadó y
el Padre Javier Giraldo, ambos defensores de los derechos humanos, que aportaron
al debate con sus testimonios, pero en el mismo Congreso fueron irrespetados por
los agentes del para militar ismo con vestuario de
parlamentarios.” Se es revolucionario o
reaccionario Hablando sobre el impacto de la decisión
congresional sobre la población en general, Cajamarca dijo que ha
traído “miedo, desesperación, frustración e
indignación”. Añadiendo que “en Colombia no hay movi
mientos “progresistas”, en Colombia se es revolucionario o se es
reaccionario”. La respuesta del movimiento a la decisión no
tardó en llegar. El 30 de junio una nueva iniciativa contra la impunidad
fue lanzada en Bogotá por el Padre Javier Giraldo y SINALTRAINAL, dijo
Cajamarca. “Se trata de un Tribunal de los Pueblos, ante la
impunidad e injusticia de los gobiernos ahora apelaremos a los pueblos del
mundo, la gran fuerza, las mayorías en este planeta estamos contra la
guerra y acudiremos como siempre a la solidaridad internacional, a otros grupos
y movimientos de juristas, de indígenas, de campesinos y de obreros.
Seguimos organizándonos contra la guerra y contra la injusticia
social”. Sobre la decisión del Congreso estadounidense para
continuar Plan Colombia, dijo Cajamarca que no entendía cómo una
iniciativa cuyo propósito es supuestamente para combatir el
narcotráfico y el terrorismo, aporta dineros para que sean manejados por
oficinas del gobierno colombiano vinculadas con el paramilitarismo como la
Fiscalía General de la Nación. Y agregó: “ Mi
opinión es que el Congreso de los Estados Unidos se equivoca al no
escuchar las voces de las víctimas en Colombia sino todo lo contrario. La
extensión del Plan Colombia significa otros $800 millones para la
fumigación de nuestros parques nacionales y selvas con glifosfato
peligroso. Para el movimiento social significa más de lo mismo más
guerra y miseria.” “Significa la continuación de la
política de exterminación del movimiento social, se sataniza la
lucha social, se le persigue, se le judicializa, se le asesina. Pero
continuaremos porque nuestra lucha social es contra la guerra, contra la
expoltación del ser humano, nuestra lucha social es por la vida y por la
soberanía nacional, por la soberanía de los pueblos, es por la
dignidad.” Cajamarca terminó al decir, “Mi mensaje al
gobierno estadounidense es que l@s trabajador@s colombian@s vamos a llegar al
poder y en ese momento queremos tener buenas relaciones con todos los
países del mundo incluído los Estados Unidos, siempre que exista
respeto a nuestra dignidad. En Colombia cambiarán las cosas,
aquí también; la lucha en todo el mundo es por la justicia social
y contra la guerra y la vamos a ganar, recuerden las palabras de nuestro
libertador Simón Bolívar: Unámonos y seremos
invencibles.”
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