Retroceso del derecho al voto: Sólo la lucha puede revertir fallo racista

Dos decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos la última semana de junio han provocado indignación entre las organizaciones de derechos civiles y sus aliados/as.

Las políticas de acción afirmativa en la educación y el empleo y la aprobación de la Ley de Derechos Electorales de 1965 fueron dos de los grandes avances que surgieron del movimiento nacional afroamericano. Estas fueron concesiones otorgadas por la clase gobernante racista después de una larga lucha que comenzó en la década de 1950.

El movimiento por el sufragio universal realmente comenzó después de la Guerra Civil, cuando organizadores/as afroamericanos/as y mujeres formaron alianzas para lograr el derecho al voto. Pero incluso un siglo después, grupos de activistas en la comunidad y en los recintos universitarios todavía luchaban por la acción afirmativa, exigiendo que fueran aplicadas las leyes de derechos civiles mediante la utilización de cuotas y de plazos estipulados destinados a cambiar la composición de la fuerza laboral y la educación.

Desde entonces, la acción afirmativa y el derecho al voto han estado bajo ataque por la derecha racista. Ahora, con las decisiones de la corte los derechos civiles serán irrelevantes sin la presencia de leyes y mecanismos que garanticen la equidad.

Inutilizan la acción afirmativa

La mayoría de los opositores de la acción afirmativa en los últimos años ha avanzado argumentos diferentes de los utilizados por los racistas antes de la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965. Los conceptos actuales de “neutralidad de la raza” o de “sociedad pos racial”, son un intento de proveer un fundamento para concluir que los programas que ostensiblemente garantizan los derechos democráticos básicos en la sociedad estadounidense, ya no son ­necesarios.

En el caso Fisher versus la Universidad de Texas, un blanco graduado de secundaria que había solicitado matrícula en la escuela pero no fue aceptado, alegó en la demanda que el rechazo de la Universidad fue debido a los programas de acción afirmativa que pretendían aumentar la diversidad en la institución. El caso trataba de revocar otro dictamen establecido en 2003 en el caso Grutter versus Bollinger, que involucraba a la Universidad de Michigan, el cual decía que la raza puede ser un factor en las decisiones para la admisión de una universidad.

Aunque la Corte Suprema en su decisión 7-1 escrita por el juez Anthony Kennedy no derrocó la acción afirmativa en la Universidad de Texas, sí devolvió el caso al Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones para la creación de nuevas fórmulas de admisiones que coloquen un estándar más alto para el uso de la raza como un factor. Esta decisión podría abrir la puerta a otras decisiones que impondrían mayores restricciones a la admisión de afroamericanos/as y otros grupos oprimidos a colegios y universidades.

El fallo ofrece motivaciones legales para que los opositores de la acción afirmativa desafíen tales programas en colegios, universidades y otras instituciones públicas. La decisión podría abrir el camino a decenas de nuevos esfuerzos para prohibir totalmente los esfuerzos por mejorar la diversidad y la inclusión.

El fallo de la Corte Suprema en el caso Fisher también es problemático porque sus consecuencias jurídicas van más allá de la educación superior. La decisión podría hacer muy difícil iniciar acciones legales contra la discriminación en el empleo porque establece un mayor peso de la prueba a los demandantes.

Eliminando el cumplimiento del derecho al voto

El fallo de la acción afirmativa fue eclipsado por el del Condado de Shelby v. Holder, un caso originado en Alabama. El fallo por 5-4 eliminó las dos disposiciones en la sección 4 de la Ley de Derechos Electorales que determinan si han sido violados los derechos al voto y el mecanismo de aplicación en el artículo 5, que permite la intervención federal para bloquear tales intentos.

El juez de la Corte Suprema de Justicia John G. Roberts escribió la decisión, que pide que el Congreso de Estados Unidos desarrolle nuevos criterios para la determinación de violaciones del derecho al voto basados en los cambios políticos y sociales que han ocurrido desde que el proyecto original fuera aprobado en 1965. Los demandantes argumentaban que han habido enormes avances en las últimas cinco décadas y por lo tanto ya no se necesita una estrecha vigilancia por posibles violaciones.

El fallo cita la décima enmienda de la Constitución en un intento por decir que los estados que están sometidos a cuidadosa vigilancia y aprobación cuando tratan de cambiar las leyes que afectan el derecho al voto, reciben un trato diferente a los que no están. Similares argumentos relacionados con los derechos de los estados fueron utilizados durante la década de 1950 y 1960 por segregacionistas que sostenían que el gobierno federal no tenía ninguna autoridad para exigir a los estados acatar las leyes de los derechos civiles.

Derechos ganados a través de dura lucha

A principios del 1965, la Conferencia Sureña de Liderazgo Cristiano (SCLC), liderada por el reverendo Dr. Martin Luther King hijo, fue a Selma, Alabama, para exponer la flagrante discriminación contra afroamericanos/as que trataban de registrarse para votar. El Comité Coordinador Estudiantil No Violento (SNCC) había estado trabajando en Selma en campañas de inscripción de votantes dos años antes de la SCLC.

Durante el curso del movimiento en Alabama en 1965, Jimmie Lee Jackson, un participante de una marcha en Marion, Alabama, fue muerto a tiros por un policía estatal. Jackson estaba tratando de defender a su madre de una agresión por un oficial de la ley.

La indignación por la muerte de Jackson se extendió y condujo al primer intento por marchar desde Selma hasta Montgomery, la capital del estado. El 7 de marzo, más de 600 personas emprendieron el camino a Montgomery, pero las pararon, fueron gaseadas, golpeadas y forzadas a regresar a través del puente Edmund Pettus.

Este incidente fue publicado a nivel internacional y despertó un apoyo más amplio para la aprobación de la Ley de Derechos Electorales. Después del fracaso de otro intento por marchar a Montgomery el 9 de marzo, tanto el SCLC como el SNCC mantuvieron la presión durante semanas, lo cual eventualmente resultó en un fallo del tribunal federal para permitir la manifestación, así como la federalización de la Guardia Nacional del estado para proporcionar “seguridad” para los/as miles que participaron.

El presidente Lyndon B. Johnson se vio obligado a presentar y apurar la promulgación de la Ley de Derechos Electorales, que fue aprobada y firmada en agosto de 1965. La lucha por los derechos civiles y la aprobación de la ley resultaron en la elección de miles de personas negras y otra gente de color a varios puestos políticos por todo el sur y en otras regiones de los Estados Unidos.

Se necesita lucha de las masas

Los argumentos que dicen que ya no se necesita la provisión del cumplimiento de la Ley de Derechos Electorales quedan contradichos por los acontecimientos de los años recientes. Numerosos estados han restringido el acceso al voto y limitan la eficacia de las elecciones a través de leyes de identificación de votantes y de reorganización de los distritos electorales.

Los esfuerzos que tienen el objetivo de limitar la participación y la eficacia de los/as votantes avanzarán a un ritmo más rápido tras esta reciente decisión. A pesar de tener un presidente afroamericano, el racismo y la opresión nacional están todavía muy prevalentes en los Estados Unidos.

En el estado de Michigan, una ley de administración de emergencia proporciona un fundamento cuasi legal para la eliminación de la autoridad de funcionarios/as electos/as bajo el pretexto de una emergencia financiera. Aunque afroamericanos/as electos/as en el estado han solicitado la intervención del Departamento de Justicia, no ha habido ninguna acción por parte de la administración Obama.

Así como las leyes de Derechos Civiles y algunas decisiones positivas de la corte federal fueron ganadas a través de acciones de masas por afroamericanos/as y sus aliados/as, el derrocamiento de estos ataques a los derechos de votación y acción afirmativa solo serán posible a través de los esfuerzos colectivos del pueblo. Estos ataques contra los derechos democráticos burgueses serán aún más generalizados mientras la crisis económica para la clase obrera en los Estados Unidos sea más pronunciada, y la clase gobernante busca una gran variedad de métodos para dividir y explotar aún más a los/as trabajadores/as y oprimidos/as. n