Leyes contra latinos/as indignan al sur

En su formato original, la Ley Beason-Hammon Alabama HB 56 otorgaba a los oficiales de recursos escolares el derecho de acosar a los/as estudiantes de quinto grado por su estatus migratorio. La Legislatura de Alabama que aprobó la ley HB 56 en junio del 2011, convirtió a Alabama en el único estado del país en que los administradores de las escuelas públicas verificarán los datos de inmigración de los/as nuevos/as estudiantes desde los grados infantiles hasta el grado 12.

Sin embargo, en agosto de este año la Corte de Apelaciones del 11º Circuito revocó la disposición estudiantil de la HB 56, declarándola inconstitucional y una violación judicial de Plyer vs Doe, que establece que los estados proporcionen una educación a todos/as los/as niños/as, independientemente de su estado migratorio. Asimismo, el tribunal revocó la propuesta HB 87 de Georgia. Una propuesta de este Estado para criminalizar “el transportar y refugiar a inmigrantes ilegales”. El estatuto, una propuesta sin paralelo dentro de la ley federal estadounidense, tenía palpables designios “contra la población latina”.

Cuando inicialmente fueron propuestas, las HB 56 y HB 87 fueron presentadas como valiosas piezas de legislación que podrían impulsar las economías locales al tomar medidas enérgicas contra la presencia de inmigrantes indocumentados/as que en­traran a Estados Unidos. Los conservadores estadounidenses formularon tal ley racista como una solución rápida al desempleo y al bajo rendimiento de las escuelas.

En su lugar, estas horribles políticas fueron un completo revés a los derechos civiles y al debido proceso judicial. En Alabama, los/as niños/as de todas las edades fueron disuadidos/as de asistir a la escuela y continuar su educación. Muchos/as dejaron de asistir por temor a que sus familias pudieran ser deportadas si se les interrogaban sobre su estatus migratorio. Según el Departamento de Justicia de EE.UU., más del 13 por ciento de niños/as latinos/as se retiraron en el año que la HB 56 estuvo vigente, antes de la intervención federal. En lugar de enseñar geometría, los/as instructores/as en el aula se vieron obligados/as a encontrar certificados de nacimiento.

En cuanto a las economías locales y la disminución de las tasas de desempleo, la industria número uno de Alabama, la agricultura, fue diezmada. Estamos hablando de un sector agrícola acostumbrado a generar más de $ 5,5 mil millones al año. Las industrias que dependen de la mano de obra inmigrante, al igual que las operaciones avícolas de Alabama, quedaron devastadas. Las operaciones pequeñas de cultivo cesaron, ya que los/as valiosos/as trabajadores/as se quedaban en sus casas atemorizados/as.

Otros/as simplemente emigraron simplemente por seguridad. Estas complicaciones también se han utilizado como justificación para no pagar a los/as trabajadores/as temporales/as —contratados/as y despedidos al mes siguiente sin remuneración alguna. Muchos/as latinos/as, documentados/as e indocumentados/as, se han negado a denunciar los delitos, ya que cualquier escrutinio por la ley local puede iniciar una investigación de Inmigración y Control de Aduanas.

Aunque partes de estos proyectos de ley fueron derogadas, los/as defensores de derechos humanos han seguido sonando la alarma, ya que esta marca de control social afecta a todos/as los/as pobres y oprimidos/as, creando miedo y frustración a través de la alienación.

Recientemente, el estado de Alabama ha impugnado la decisión del panel de tres jueces del 11º Circuito y ha pedido una nueva audiencia. A pesar de que unas disposiciones en particular resultaron ser abiertamente inconstitucionales en violación de la cláusula de Igual Protección de la Enmienda 14, las autoridades estatales están argumentando que los tribunales federales sobrepasaron la jurisdicción estatal. Por desgracia, parece que como Arizona, Alabama se está posicionando para llevar su ley migratoria hasta la Corte Suprema.

Para aquellos de nosotros/as que somos aficionados/as a la historia de Estados Unidos, no podemos dejar de establecer una correlación directa con la postura del Gobernador George Wallace en contra de las autoridades federales en la década de 1960. Su postura de línea dura en pro de la segregación y en contra de la Corte Suprema de EE.UU. estimuló a los racistas en todo el país.

Además de los jueces federales, el HB 56 también ha llamado la atención del presidente Barack Obama. Hasta él ha hecho constar que “es una mala ley”. Sin embargo, la administración de Obama deportó a 396.000 inmigrantes el año pasado.

Mientras que miembros del Congreso, jueces federales y legisladores/as continúan debatiendo, los/as defensores/as de derechos humanos agradecen el avance, por limitado que sea. Sin embargo, sabemos que quienes despreciamos tal intolerancia racista, debemos continuar protestando. Eliminar algunas disposiciones no va a ser suficiente, siempre que la discriminación racial siga desenfrenada.

Cuando las paradas de tráfico y los bloqueos de carreteras se convierten en cursos de obstáculos para inmigrantes, la ética se convierte en un asunto de gran preocupación jurídica. Si la justicia no puede prevalecer en este caso, el odio estructural podría empezar a cubrir todo el sur, estableciendo nuevos precedentes para los estados como Carolina del Sur, Georgia y Arkansas.

En respuesta a esta batalla que ha durado un año, los/as activistas pro derechos de inmigrantes se han mantenido firmes. Los/as manifestantes han implementado una serie de tácticas, como manifestaciones y foros de la comunidad, seminarios y bloqueos callejeros. Activistas que apoyan el propósito de ley DREAM, los/as SOÑADORES, y jóvenes inmigrantes han realizado paros. Trabajadores y cooperativas para adultos han organizado importantes huelgas. Los/as clientes/as latinos/as han decidido boicotear a las empresas locales, mientras que decenas de miles han respondido con solidaridad.

Organizaciones como la Unión de Trabajadores del Acero, la Unión Americana de Libertades Civiles y la Liga de la Justicia para Inmigrantes han unido sus fuerzas. La NAACP y el Southern Poverty Law Center también se encuentran a bordo. La iglesia Bautista de la Calle 16 en Birmingham, Ala., — la misma iglesia bombardeada por racistas en 1963 — ha servido como un refugio de descanso y planificación de la sede.

La conclusión es que la HB 56 es una ley que estimula el ostracismo y la división, conjurando el miedo e incrementando la cantidad de víctimas inocentes y falsos arrestos, perpetuando una completa violación de las libertades civiles. Estos actos anti-latinos/as no son una simple cuestión de privación de derechos civiles. A los/as inmigrantes latinos/as se les niega hasta el derecho a existir en algunos estados, a apenas respirar sin que algún “oficial de la ley” esté a sus espaldas atemorizándole.

Es cierto que las recientes sentencias de la Corte de Apelaciones del Circuito 11º representan algunos progresos, pero no debe haber ningún compromiso con las leyes que fomentan el odio. Para aquellos/as de nosotros/as que estamos al corriente de tales reglamentos racistas, no dejemos de correr la voz y seguir organizando. Para aquellos/as de ustedes que están aprendiendo sobre tal injusticia por primera vez, únanse a la causa noble del movimiento. Nosotros el pueblo decimos, ¡”Libertad para todos/as”! y ¡”abajo con la HB 56”!

Lamont Lilly es un redactor colaborador de la Triangle Free Press, columnista de la African American Voice y organizador local del Partido Workers World/Mundo Obrero. Reside en Durham, Carolina del Norte.